Desconozco si existe ya alguna tesis doctoral (rigurosa) dedicada al análisis de los devastadores efectos que para la credibilidad de la política (y del periodismo) ha tenido en España el uso y abuso de la técnica del ventilador: ese “y tú más” que busca instalar en la opinión pública el letal “todos son iguales” y del que no se libra ningún partido, pero en el que la derecha y sus potentes baterías mediáticas son especialistas indiscutibles. Si ningún joven politólogo se ha animado aún, quien se atreva tiene por delante un vasto ejercicio de documentación en hemerotecas, videotecas y juzgados de instrucción. Sus conclusiones podrían demostrar que en España hemos vivido muy anticipadamente en el reino de la llamada posverdad, campo de actuación política en el que el PP podría crear toda una universidad privada expendedora de másteres.
El enésimo ejemplo (y quizás uno de los más nauseabundos) es el que estos días ocupa el centro del escenario político y mediático: los audios extraídos de la grabación de un largo almuerzo (privado) del año 2009 en los que se escucha a la actual ministra de Justicia, Dolores Delgado, decir unas cuantas barbaridades sobre las cuales la protagonista ha dado versiones contradictorias que no la han ayudado precisamente en la gestión de la crisis. Ahora bien: ¿es el ‘escándalo Delgado’ mínimamente comparable a los que han protagonizado en los últimos años dirigentes del PP o asistimos a una “caza de brujas” (como la ha definido Baltasar Garzón) en la que se trata de forzar a cualquier precio la caída de la ministra para precipitar el final inmediato del Gobierno Sánchez?
Al grano:
1.- Dolores Delgado debería haber afrontado toda la verdad desde el minuto uno. La percepción pública sería distinta si hubiera reconocido una relación de cierta confianza con el ínclito Villarejo, que había compartido mesa y mantel con él y con otros miembros de la cúpula de la Policía de entonces a invitación del juez Baltasar Garzón, que en aquella fecha, por cierto, estaba en camino de ser liquidado en la carrera judicial tras la apertura del sumario de la GürtelGürtel y la posterior "osadía" de abrir la puerta de la justicia a las víctimas del franquismo.
2.- Tiene toda la razón Delgado, y cualquier otra persona en su lugar, al indignarse ante la violación de su derecho a la intimidad por ser grabada sin su consentimiento en un almuerzo particular y sobre cuestiones ajenas a sus responsabilidades como fiscal de la Audiencia Nacional. Hasta donde ahora mismo conocemos, en aquella sobremesa Delgado expresó algunas opiniones más que reprochables, pero no hay contenido ilícito que la implique. Al menos hasta el momento.
3.- Se ha equivocado Delgado, en mi modesta opinión, no sólo por no contar toda la verdad desde un minuto después de hacerse pública la primera grabación, sino por comparar su caso con el de Juan Carlos I. Un primer comunicado oficial de Justicia la presentó como víctima de “un ataque al Estado y a sus instituciones. Primero cargó [Villarejo] contra la Jefatura del Estado con grabaciones relacionadas con el rey emérito. Ahora ataca al Ejecutivo en la persona de la ministra de Justicia”. ¿Acaso alguien ha relacionado a Delgado con cuentas en Suiza o con comisiones por contratos del AVE a La Meca? No. Y es una diferencia fundamental. Que el juez haya dado carpetazo al asunto de las grabaciones de Villarejo a Corinna no cierra en absoluto las dudas sobre la actuación del rey emérito, hasta el punto de que la propia Fiscalía Anticorrupción mantiene abierta la investigación sobre las citadas comisiones.
4.- El Partido Popular y Ciudadanos se han lanzado a la yugular de Dolores Delgado y por elevación a la de Pedro Sánchez exigiendo “elecciones ya” con el argumento de que “no hay Gobierno que resista tres dimisiones en poco más de cien días”. Es un ejercicio de cinismo meridiano. Efectivamente para que esto ocurra tiene que haber dimisiones, es decir asunción de responsabilidades cuando un servidor público es sorprendido en actuaciones incompatibles con sus obligaciones en el cargo. Lo reprochable no es que hayan dimitido Màxim Huerta y Carmen Montón por diferentes y justificados motivos, sino que en su día un presidente del Gobierno fuera sorprendido enviando mensajes de apoyo y ánimo a su tesorero cuando toda España sabía ya que era un presunto delincuente; que un ministro del Interior encargara operaciones ilícitas con dinero público contra dirigentes de otros partidos; que un ministro de Justicia intentara influir en los fiscales para favorecer al presidente murciano del PP… y así hasta la reprobación parlamentaria de cinco responsables de carteras del Ejecutivo de Rajoy. Sin una sola dimisión (aparte de la de José Manuel Soria, después de mentir más y con más torpeza y desparpajo que el padre del cantante Luis Miguel).
5.- Con José Manuel Villarejo no ha comido sólo la ministra Delgado o el juez Garzón. Hasta Pablo Casado compartió mesa y mantel. Con este individuo que llevaba una grabadora puesta como si fuera su propio ombligo han mantenido relaciones interesadas políticos, empresarios y periodistas que hace ya meses que andan temblando ante la posibilidad de ver sus confesiones, devaneos o intimidades tendidas a la luz del patio vecinal en cualquier momento. Lo cual no significa que todas las filtraciones provengan del propio Villarejo. Las cloacas del Estado no son unipersonales, y por tanto, una vez intervenida su inmensa fonoteca, la utilización troceada de la misma puede responder a intereses diversos. En batallas judiciales o partidistas que vienen de muy lejos y pretenden condicionar futuras decisiones en esos ámbitos.
6.- Lo más preocupante y trascendente es que las alcantarillas del Estado que han funcionado en modo mafioso durante décadas sigan condicionando la agenda política, y que sus efectos se entrecrucen con los intereses de una oposición dispuesta a utilizar cualquier instrumento para tumbar el Gobierno actual y bloquear el funcionamiento de las instituciones. Mientras a todas horas se escuche ese vulgar “¡Un maricón!” en boca de una ministra que ni soñaba serlo cuando cometió el dislate, no quedará espacio mediático para denunciar el hecho indiscutible de que PP y Ciudadanos usan la Mesa del Congreso y la capacidad de veto en el Senado para impedir unos Presupuestos en los que Bruselas ya había aceptado 6.000 millones de euros más para gasto social.
Se escuchan estos días expresiones gruesas, imitadas sin disimulo de las que en su día empleaba la oposición de izquierdas contra los desmanes explicados negro sobre blanco en la sentencia de la Gürtel. Hablan de “gobierno de la vergüenza”, gritan “¡dimisión, dimisión!” y “¡elecciones, elecciones!” a todas horas. Pretenden por enésima vez instalar que “es lo mismo” y “todos son iguales”, con una irresponsabilidad democrática cuyos daños podrían ser irreversibles. Pues no. No es lo mismo. Y convendría que quienes votaron en su día la moción de censura se esforzaran en demostrar que no sólo estaban de acuerdo en echar a Rajoy sino en apostar por una regeneración que, entre otras muchas cosas, debe anular de una vez por todas los poderes ejercidos por las cloacas del Estado.
Desconozco si existe ya alguna tesis doctoral (rigurosa) dedicada al análisis de los devastadores efectos que para la credibilidad de la política (y del periodismo) ha tenido en España el uso y abuso de la técnica del ventilador: ese “y tú más” que busca instalar en la opinión pública el letal “todos son iguales” y del que no se libra ningún partido, pero en el que la derecha y sus potentes baterías mediáticas son especialistas indiscutibles. Si ningún joven politólogo se ha animado aún, quien se atreva tiene por delante un vasto ejercicio de documentación en hemerotecas, videotecas y juzgados de instrucción. Sus conclusiones podrían demostrar que en España hemos vivido muy anticipadamente en el reino de la llamada posverdad, campo de actuación política en el que el PP podría crear toda una universidad privada expendedora de másteres.