Si fuera por ellos...

El síntoma más evidente de que es factible un acuerdo de gobierno de coalición de izquierdas no apoyado pero sí consentido por los independentistas de ERC es la galopante subida de tono en la reacción que esa posibilidad provoca en los sectores más reaccionarios de la política, la economía y los medios. Se escuchan y se leen verdaderos disparates, en boca de visionarios procedentes de las derechas o el empresariado, pero también de la Iglesia o del llamado ‘viejo PSOE’. Sorprende (o no) comprobar que quienes más estupendos se ponen en defensa de la Constitución, de la democracia y del ‘espíritu de la transición’, menos parecen asumir que esos logros (con sus luces y sombras) fueron fruto precisamente de la capacidad para ponernos en la piel del otro, para ceder, para “traicionar” esas grandes verdades absolutas e irrefutables con las que cada cual se sienta a una mesa de negociación. Ya lo escribimos aquí en abril pasado: necesitamos muchos más “valientes” dispuestos a tomar decisiones que en sus propias filas algunos calificarán de “traición” por apartarse de dogmas excluyentes, insolidarios e inútiles.

La crisis constitucional abierta desde Cataluña ha terminado dibujando un escenario político en el que la mayor obviedad parece revolucionaria y lo que es imposible se advierte como una opción real e inmediata. Porque los comunicados emitidos por PSOE y ERC (ver aquí y aquí) tras su primer encuentro oficial este jueves lo que expresan es la voluntad mutua de seguir negociando sobre el “conflicto político” existente. ¿O no es obvio que existe un “conflicto político” cuya solución sólo puede pasar por un diálogo “entre partidos” y por un “entendimiento institucional”?

Quienes rechazan el carácter político de la llamada cuestión catalana y delegan cualquier respuesta al ámbito judicial están practicando un negacionismo de la realidad política similar al de quienes rechazan las evidencias científicas del cambio climático o las pruebas irrefutables de una violencia machista diferenciada de otras violencias y fruto de una cultura de dominación del hombre sobre la mujer.

Por otra parte, ¿hablan en serio los numerosos políticos y analistas que dan por descontado que el secretario general del PSOE o el líder de Unidas Podemos están dispuestos a saltarse la legalidad constitucional para conseguir los votos que les permitan gobernar en coalición? Demuestran una escasísima confianza en el propio sistema democrático de cuya calidad tanto presumen, cuando si algo ha quedado claro en los últimos años es el precio de desobedecer al Tribunal Constitucional o de saltarse las leyes vigentes. Incluso en la inconcebible hipótesis de que Sánchez e Iglesias se conjuraran con Junqueras para “romper España”, simplemente no podrían hacerlo. Lo saben (o deberían saberlo) perfectamente tanto los salvapatrias del nacionalismo excluyente español como los del independentismo unilateralista catalán.

De modo que quienes insisten, de viva voz o a través de manifiestos, en colocar todos los obstáculos posibles a una vía de entendimiento entre las fuerzas progresistas que suman mayoría en el Congreso tras las elecciones del 10N deberían buscar argumentos más sólidos para ese dibujo apocalíptico que pregonan. O pensaremos lo que tiene un fundamento mayor: en realidad lo que no quieren y nunca han querido es aceptar que se forme un gobierno de izquierdas ni que se aborden de una vez las lagunas del modelo territorial del Estado español. Unos porque prefieren, con toda legitimidad, que en España sólo gobiernen fuerzas conservadoras que garanticen políticas neoliberales, y otros porque siguen en la ensoñación de un modelo bipartidista imperfecto pero eterno, sin aceptar una realidad multipartidista tozuda y similar a la que caracteriza a un buen número de democracias avanzadas.

Hasta donde conocemos (y no es mucho dada la opacidad y discreción que esta vez caracterizan la negociación) avanzan con razonable entendimiento las conversaciones sobre prioridades programáticas y estructura de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos. Sin descartar dificultades sobre asuntos delicados y pendientes, nadie duda que el preacuerdo firmado y anunciado por sorpresa día y medio después de cerrar las urnas se convertirá en acuerdo firme con horizonte de legislatura. De hecho el jolgorio de presiones explícitas o implícitas, internas o externas, al que ahora asistimos, es el que Sánchez e Iglesias temían y uno de los principales argumentos para justificar aquel inesperado abrazo del 12 de noviembre adelantándose al ruido.

La gran dificultad, el proceso más complejo, es obviamente el que se ha abierto este jueves entre el PSOE y Esquerra Republicana de Catalunya. No sólo por la enorme complejidad que define el citado “conflicto político” desde siempre, sino porque la decisión de abordarlo tiene que obedecer más a convicciones que a necesidades urgentes y partidistas de ambas partes. O será un fracaso en cuestión de días o de meses, y pasará la correspondiente factura a todos los implicados (para alegría de la derecha, la ultraderecha, el independentismo más radical y los firmantes de manifiestos en defensa de “su” visión de España y de “su” interpretación de la Constitución española). Si todo se ciñe a las urgencias, los calendarios de Pedro Sánchez y de ERC no coinciden. Sánchez necesita ser investido pronto, si es posible antes de Navidad, y además con una base comprometida para aprobar los Presupuestos de 2020 (ver aquí), de modo que tenga asegurada al menos media legislatura para afrontar el desgaste y el riesgo de un gobierno de coalición inédito y un proceso de diálogo con el independentismo. El horizonte de ERC no es tan inmediato, porque ese desgaste electoral y el riesgo que supone en su disputa por la hegemonía del nacionalismo catalán será examinado en los comicios autonómicos, cuya fecha, eso sí, está en manos del dúo Torra-Puigdemont. En términos de ejercicio del poder, cualquier pretensión de intercambio de apoyos en Madrid y en Cataluña (coaliciones y tripartitos) pasaría a su vez por el filtro de un resultado electoral incierto.

Para que esta posibilidad de desbloqueo funcione, serán precisos pasos valientes por las dos partes que serán tachados de traiciones en las filas respectivas. Por resumirlo: en alguna de las futuras “pantallas” de ese diálogo, el PSOE tendrá que confirmar de una vez por todas su apuesta convencida (reflejada en las declaraciones de Granada y de Barcelona) por una España federal y un Estado plurinacional; y ERC tendrá que descartar la vía unilateral para la autodeterminación y comprometerse a defender su objetivo (legítimo) de la independencia desde el respeto a la legalidad. Ambos necesitan la cesión del otro, pero sobre todo interesa que el debate público sobre las reformas constitucionales y el modelo territorial deje de contaminarse permanentemente por intereses electoralistas o por inflamaciones emocionales populistas que solo conducen a una polarización letal para la calidad democrática.

Alguna vez ha citado Daniel Innerarity, uno de los pensadores más sólidos y expertos en la cuestión nacional, ese chiste en el que un inglés le pregunta a otro cómo llegar a un sitio, y la respuesta que obtiene es: “Yo que usted no saldría desde aquí”. Andamos sobrados de políticos, empresarios, analistas y hasta obispos que se muestran muy seguros de sus soluciones para la crisis constitucional y para el desbloqueo de la gobernabilidad, pero con el pequeño inconveniente de que parten de una realidad distinta a la que tenemos. Si fuera por ellos nunca llegaríamos a ninguna parte.