Ocurre siempre. Tras el anuncio de elecciones (sean nacionales, autonómicas o locales) nos llegan mensajes de personas adscritas a determinados partidos políticos para conocer nuestra opinión sobre qué hacer con las trabajadoras del sexo. En ocasiones también nos invitan a debates: algunos son abiertos, otros de carácter interno. Sabemos también, a priori, cuál será el desenlace. Muchas personas adscritas a esos partidos políticos nos mostrarán su solidaridad y simpatía a título “personal” y se disculparán por la cobardía de su organización a la hora de decantarse por apoyar los derechos humanos y laborales de las prostitutas.
El discurso dominante y el pensamiento único en esta materia gana y será el mismo para muchas organizaciones políticas, sean del signo que sean: la prostitución es violencia contra las mujeres. Parece mentira y de muy mal gusto que se recurra a semejante ardid cuando la cifra de asesinadas y víctimas de violencia machista no disminuye (y no se trata precisamente de trabajadoras del sexo).
Hetaira, junto a la Plataforma Estatal por los Derechos de lxs Trabajadorxs Sexuales, viene exigiendo que cualquier política pública que planifique y se ponga en marcha deberá contar, sí o sí, con sus protagonistas.
Ciudadanos ha anunciado que pretende la “legalización” de la prostitución y la reapertura del debate teniendo en cuenta a las personas afectadas y lo hace en plena campaña electoral. Esta es la parte positiva. La parte negativa es cómo se pretende hacer esta legalización, prevemos que al más puro estilo liberal (o neoliberal) y, además, tendremos que esperar a que se materialice la idea de contar con las organizaciones que trabajan directamente con prostitutas por decisión propia y que lo hacen desde una perspectiva feminista y de derechos humanos.
Tal y como rezaba la propuesta de Ciudadanos del año 2010 a las elecciones catalanas, el problema, o la trampa, se encuentra en cómo llevar a cabo esa “legalización”. Es decir, Ciudadanos no pondrá problemas a que un cada vez mayor número de mujeres y hombres trabajen en prostitución, obligándoles previamente a hacerse autónomos (lo quieran o no, reúnan los requisitos para serlo o no). Tal y como está regulado en este país el trabajo autónomo no sólo no parece un gran chollo, además ya existen personas dadas de alta en la Seguridad Social como trabajadoras autónomas del sexo. Quienes no puedan darse de alta por no reunir los requisitos quedarán excluidas de esta “legalización”.
Este punto, por tanto, no sería una gran novedad. La otra trampa es aún peor. Hombres y mujeres deberán trabajar siempre en “locales convenientemente legalizados”. Esto significa que los empresarios de locales de alterne están muy contentos con la propuesta: podrán tener a “falsas autónomas” en sus locales y no se responsabilizarán ni de sus derechos laborales, ni de sus condiciones de trabajo, etc… Un chollo que querrían emular los empresarios de cualquier otro sector.
Pero eso no es todo. Quienes no reúnan los requisitos (dependiendo de la edad, el aspecto físico, etc…) para trabajar dentro de un local tampoco podrán captar a su clientela en la calle porque Ciudadanos pretende prohibir el ejercicio en el espacio público. Es decir, que trabajadoras y trabajadores del sexo no podrán captar a su clientela en la calle. Quienes no cuenten con la aceptación de un club, quedarán excluidas y continuarán en la clandestinidad a la hora de ejercer.
También dice el programa de Ciudadanos que velará por la salubridad e higiene, pero no explica cómo. ¿Tal vez obligando a exámenes médicos como ya hacen algunos clubes de alterne? Porque si fuera así, tampoco sería beneficioso para trabajadoras y trabajadores del sexo, ya que las revisiones periódicas obligatorias son un mensaje que el club envía a sus clientes para demostrar que las personas que allí trabajan no son sospechosas de transmitir ninguna ITS, por tanto a la trabajadora le será más dificultoso negociar con su cliente las prácticas de sexo más seguro.
Lo que más nos importa a quienes defendemos los derechos de quienes realizan trabajo sexual, es que ninguna persona quede excluida.
Y no nos cuenten cuentos, contra la trata luchamos todas las personas interesadas en la defensa de los derechos humanos, quienes estamos en contacto con posibles víctimas más que nadie, porque lo vivimos cada día en las calles, parques y polígonos industriales. Los gobiernos, mientras tanto, que trabajen para garantizar los derechos de las verdaderas víctimas de trata (solo hay dos concesiones de asilo para dos de ellas en los últimos años), en perseguir el delito de trata (muy pocos juicios condenatorios en este sentido) y en garantizar una ley de justicia universal.
La chica número 31 en el Edificio de las 100 ventanas
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* Firmantes:
Colectivo Hetaira. Comunidad de Madrid;Ambit Prevenciò/ Ambit Dona. Cataluña;Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA); Associaciò en defensa dels derets de les dones- Genera. Cataluña; Col.lectiu Lambda. Comunidad Valenciana; Colectivo de Lesbianas, Gays, Trasexuales y Bisexuales de Madrid (COGAM); Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS). Región de Murcia; El Lloc de la Dona. Cataluña; y Fundación Triángulo.
Ocurre siempre. Tras el anuncio de elecciones (sean nacionales, autonómicas o locales) nos llegan mensajes de personas adscritas a determinados partidos políticos para conocer nuestra opinión sobre qué hacer con las trabajadoras del sexo. En ocasiones también nos invitan a debates: algunos son abiertos, otros de carácter interno. Sabemos también, a priori, cuál será el desenlace. Muchas personas adscritas a esos partidos políticos nos mostrarán su solidaridad y simpatía a título “personal” y se disculparán por la cobardía de su organización a la hora de decantarse por apoyar los derechos humanos y laborales de las prostitutas.