En mi anterior columna sobre la catástrofe social en la que estamos inmersos argumentaba que, como no se trata de una situación de riesgo sino de incertidumbre, poco o nada podemos esperar de las aseguradoras privadas y que solo los Estados, según estén de robustos y organizados, nos podrán ayudar a salir de este atolladero.
Pero los Estados dentro de la Unión Europea (y esto es palmario para dos de sus mayores economías como Italia y España) están sujetos a unas camisas de fuerza de disciplina fiscal (pactos de estabilidad) y a la ausencia de una moneda propia dentro del euro. Y ambas cosas los colocan en una situación de debilidad: porque no pueden enfrentar programas de gastos extraordinarios (por ejemplo sanitarios y de compensación de rentas a los afectados por perder su empleo) multimillonarios, y podrían verse además acosados por unos mercados financieros depredadores (no financiación, prima de riesgo). Y todo ello sin contar con la herramienta de la devaluación o de la suspensión temporal de pagos.
En estas circunstancias ya no se trata aquí de que el Banco A o B sean demasiado grandes para quebrar y se haga todo lo posible para evitarlo (como en su día se hizo). Es que Italia o España son dos países de la UE que no pueden verse constreñidos a evitar su quiebra financiera a costa de un gigantesco sufrimiento social.
Porque las medidas de confinamiento del estado de alarma, si han de serlo en serio, no pueden estar limitadas, por ejemplo, a tenor del impacto sobre el empleo en las actividades económicas no esenciales. Ni tampoco podemos estar constreñidos para gastar todo lo que sea necesario en reforzar un sistema sanitario adelgazado en la última década.
Según el artículo 122.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea: "En caso de dificultades o en caso de serio riesgo de dificultades graves en un Estado miembro, ocasionadas por catástrofes naturales o acontecimientos excepcionales que dicho Estado no pudiere controlar, el Consejo, a propuesta de la Comisión, podrá acordar, en determinadas condiciones, una ayuda financiera de la Unión al Estado miembro en cuestión". De manera que la Comisión en nombre de la UE podrá contraer empréstitos multimillonarios para atender las necesidades presupuestarias que desbordan los recursos sanitarios y para desempleo de los Estados afectados (como en su día se hizo para el Fondo de Estabilización Financiera).
Además en tales situaciones excepcionales debieran quedar en suspenso todos los mecanismos de déficit excesivo. Dado que son circunstancias independientes de la voluntad del Estado Miembro que inciden de manera significativa en la situación financiera de sus administraciones públicas. Poniendo así en valor la cláusula de solidaridad del art. 222 del mismo Tratado. Solo así en España o Italia se podrá hacer frente a los actuales estados de alarma social de forma contundente y sin racanear esfuerzos.
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Complementariamente el Banco Central Europeo debe proclamar que hará todo lo que esté en su mano para evitar que se disparen las primas de riesgo de las deudas soberanas de los Estados afectados. Porque no hacerlo encarecería su financiación y dificultaría su refinanciación.
Sin estas tres decisiones excepcionales la Unión Europea habrá perdido una ocasión, una más, para acreditarse socialmente con su ciudadanía. No solo con mercados y bancos privados se construye una sociedad decente. Estamos en una guerra del siglo XXI, es el momento de demostrar que la Unión Europea está a la altura.
En mi anterior columna sobre la catástrofe social en la que estamos inmersos argumentaba que, como no se trata de una situación de riesgo sino de incertidumbre, poco o nada podemos esperar de las aseguradoras privadas y que solo los Estados, según estén de robustos y organizados, nos podrán ayudar a salir de este atolladero.