Acostumbrados a las palabras, escribimos: en España hay más de 100.000 desaparecidos. Pero definamos desaparecidos. Obviemos todas las noticias que hemos escuchado que dicen: desaparecidos del franquismo. Rebobinemos unas cuantas décadas para descifrar que no es más que un eufemismo al que nos hemos acostumbrado para no enumerar las siniestras posibilidades que pudieron vivir aquellas personas para las que desaparecer fue solo la consecuencia de secuestros, privación de juicio y defensa, torturas, asesinatos y fosas comunes donde quedaron arrojados los cuerpos sobre los cuerpos. Asumir desaparecido forzado significa también no permitir el registro y acceso a las cifras verdaderas de nuestra historia. Algo muy propio de las dictaduras. No tanto de las democracias que las suceden.
Hace unos días, una senadora del Partido Popular, en ese tono bufón heredado de tertulias rosas con el que ahora se arrojan las ideas unos y otros en los espacios públicos (también tristemente heredado para ámbitos privados, sobremesas familiares, reuniones de amigos), dijo esto: “15 millones para que ustedes desentierren unos huesos”, en referencia a una partida presupuestaria destinada a Memoria Histórica y a la búsqueda de cuerpos de represaliados. Uno tiene que haber perdido buena parte de lo que le hace humano para ser representante público y despreciar el dolor y la ansiedad del que no descansa porque no tiene tierra sobre la que llorar a sus muertos. Tal vez no entienda o haya perdido de vista que esos más de 100.000 cuerpos que se quieren desenterrar formaron parte de 100.000 familias que no se cansan de recordarlos.
Partido Popular y Ciudadanos han entregado a Vox la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico de Andalucía que se ocupará de la Memoria Histórica. La diputada de Vox por Málaga, Ana Gil Román, será la presidenta, una mujer que en sus redes se entretiene tanto en vitorear las corridas de toros como en pedir derogar la Ley contra la Violencia de Género, homenajear al fundador de la Falange o ser contraria a la exhumación de Franco. En el pacto que Vox firmó y que ha permitido gobernar a Juanma Moreno se recoge que los partidos se comprometerán a promover una Ley de Concordia que sustituya a la Ley autonómica de Memoria Democrática. Además, esta Comisión encabezada por Gil Román se ocupará también del apoyo a la tauromaquia y la promoción de las expresiones culturales y populares andaluzas como del flamenco o la Semana Santa.
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Andalucía es la región que más sufrió la represión franquista. Bajo su tierra hay más de 708 fosas donde fueron arrojados 45.566 asesinados, según la Junta. Para el periodo 2018-2022 estaban previstos cinco millones de inversión para la apertura de nuevas fosas, para investigación o para el reconocimiento a las víctimas de la represión. Todo quedará probablemente paralizado. Es parte de la reconquista de ese partido que se llama a sí mismo “los hijos de los que lucharon en el bando nacional”, como si en este país no hubiera sido un golpe de Estado el que trazara una línea entre hijos e hijos y los pusiera a disparar. Como si recordar que hubo muertos fuera peor que haberlos matado.
No saber dónde está el cuerpo de alguien a quien quisiste, familiar o amigo, significa desconocer la causa y violencia del sufrimiento que padeció en sus últimos momentos en vida. Los familiares de personas que desaparecieron y su cuerpo está perdido se mantienen en un drama psicológico diferente a la tragedia que se produce cuando uno se enfrenta al duelo sabiendo que su familiar o amigo murió y se realizó un rito funerario que pusiera un punto final según su religión o cultura. Imaginen dar un paseo por una zona donde el cuerpo de alguien que conocieron podría estar enterrado en cualquier parte: debajo de un puente, en el recodo de la carretera que sale del pueblo, en la raíz de aquel árbol que pierde las hojas cada otoño, donde están cimentando una nueva casa. ¿Podrían caminar sin más por ese paisaje?
Creonte, rey de Tebas, condenó a Antígona a no poder enterrar a su hermano. Pero Antígona se rebeló contra este mandato, contra algo que ella consideraba que era un derecho que otorgaban los dioses, dejar que el cuerpo acabe: “Las leyes humanas no deben prevalecer sobre las divinas”. Y Antígona desobedeció convirtiéndose en un ejemplo clásico de rebeldía contra el Estado. Sófocles planteaba en su tragedia varias cuestiones, una de ellas: ¿cuál es el poder del hombre y cuál es el balance entre las leyes humanas y las leyes divinas? Ojalá algo nos obligue a dejar de utilizar en España lo que concierne al derecho universal. Utilizar la memoria histórica y democrática, incluso la memoria familiar, como arma política es tan peligroso como volver a condenarnos a la amnesia de Estado. Es repetir lo injusto. Entre asumir el trato del pasado que se pretende imponer desde la ultraderecha, donde la memoria de los represaliados se debatirá junto a los toros en base a creencias, gustos y ficciones, elijo ser Antígona.
Acostumbrados a las palabras, escribimos: en España hay más de 100.000 desaparecidos. Pero definamos desaparecidos. Obviemos todas las noticias que hemos escuchado que dicen: desaparecidos del franquismo. Rebobinemos unas cuantas décadas para descifrar que no es más que un eufemismo al que nos hemos acostumbrado para no enumerar las siniestras posibilidades que pudieron vivir aquellas personas para las que desaparecer fue solo la consecuencia de secuestros, privación de juicio y defensa, torturas, asesinatos y fosas comunes donde quedaron arrojados los cuerpos sobre los cuerpos. Asumir desaparecido forzado significa también no permitir el registro y acceso a las cifras verdaderas de nuestra historia. Algo muy propio de las dictaduras. No tanto de las democracias que las suceden.