Para justificar el impresentable bloqueo de la renovación de los cargos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el PP está poniendo una excusa central: que lo lógico es que “a los jueces los elijan los jueces” y que esa es la tendencia en Europa. En una cafetería, ambas falacias funcionan bien. Lo cierto es que en Europa –y no digamos en Estados Unidos– el nombramiento de los jefes de los jueces y de los más altos magistrados se realiza por procedimientos similares a los que utilizamos en España. Por dar solo algunos ejemplos: en Francia y en Portugal, los presidentes nombran directamente a algunos de los magistrados. En Alemania, el Gobierno nombra directamente a los responsables del Poder Judicial, aunque su órgano tenga poco que ver con nuestro Consejo. En los Países Bajos, también el propio gobierno tiene derecho a nombrar. Para qué hablar de Estados Unidos: allí el presidente nombra directamente a todos los miembros del Tribunal Supremo, que ejercen de manera vitalicia.
Para ser justos, en todos estos casos, con una mayor o menor participación del poder legislativo, del ejecutivo o del judicial, y en ocasiones también con la concurrencia de la sociedad civil, los jueces elegidos pasan siempre un filtro exhaustivo de méritos y experiencia. En nuestro caso, se exige una experiencia de 15 años en el ejercicio profesional y ni más ni menos que tres quintos de los votos de diputados y senadores.
Es ridículo pretender que los magistrados del Tribunal Constitucional sean seres asépticos y neutrales al decidir sobre asuntos como éste. La ideología en esos casos va implícita y así debe ser
La Unión Europea no ha regañado al Gobierno ni a los grupos parlamentarios por nuestro sistema de elección, sino que ha señalado la gravedad de la situación de bloqueo, instando a su solución urgente. Parece que ahora ya el PP de Núñez Feijóo podría estar en condiciones de aceptar la renovación. No se le ha caído la cara de vergüenza, sin embargo, cuando nos ha dicho que él está dispuesto a cumplir la ley a cambio de que se modifique. Alucinante. Es como si yo dijera que estoy dispuesto a pagar mis impuestos a cambio de que se me exima de ellos a continuación.
¿Qué problema irresoluble ve el PP entonces para desbloquear el nombramiento, avergonzando a nuestro país ante nuestros socios europeos, incumpliendo la Ley sin pudor y poniendo palos en las ruedas a una Justicia ya de por sí saturada? Es muy sencillo. La composición actual en el Tribunal Constitucional tiene una mayoría conservadora, ¡por un voto! Nuestro más alto y político Tribunal tiene en la mesa miles de recursos, la gran mayoría de amparo procedentes de ciudadanos anónimos. Pero tiene también un puñado de asuntos de enorme calado político, en los que la ideología juega un papel legítimo y fundamental. La renovación de los cargos del Consejo tiene consecuencias directas en la renovación también del Tribunal Constitucional, pendiente de la sustitución de cuatro magistrados (dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del propio CGPJ).
Cuando un tribunal ha de decidir en un juicio por alcoholemia, o en casos de infracciones administrativas, o en un caso conflictivo de divorcio, el Código Penal deja bastante claro dónde están los límites de la controversia. Pero cuando un Tribunal ha de decidir sobre si una joven de 17 años debe ser autorizada a interrumpir su embarazo libremente o no, entonces la ideología juega un papel fundamental. No puede ser de otro modo. Es ridículo pretender que los magistrados del Tribunal Constitucional sean seres asépticos y neutrales al decidir sobre asuntos como éste. La ideología en esos casos va implícita y así debe ser. Por eso se articulan procedimientos de selección que cuenten con los filtros que dimanan de la soberanía popular: las asambleas legislativas y los gobiernos. La Justicia no emana de los jueces, que tan solo la administran: tiene su origen en el pueblo.
La ley de interrupción voluntaria del embarazo, en lo que respecta a las embarazadas de 16 a 18 años y a otros aspectos relativos a los “derechos del no nacido”, está pendiente de sentencia del Constitucional desde hace 12 años. Tanto se ha retrasado la votación, que la nueva ley ya está en camino. Está pendiente también la decisión sobre la prohibición de la custodia compartida para los investigados por violencia de género (apoyada por los progresistas, rechazada por los conservadores). Está pendiente la decisión sobre la llamada Ley Celáa, que supuestamente margina a la lengua española como lengua vehicular en la educación, e impide la libertad de elección de los padres. Un recurso que trata, sin más, de blindar la educación concertada. Está pendiente la ley para una muerte digna promovida también por los socialistas y aprobada con amplios apoyos, porque, suponen los conservadores, atenta contra el derecho a la vida consagrado en la Constitución. Está pendiente, cuando se presente, el recurso de los abogados de Griñán y otros a propósito de la sentencia de los ERE, que podría liberar al expresidente de la Junta de Andalucía de la cárcel, sin tener que recurrir al indulto. Están pendientes, en fin, muchos otros asuntos de enjundia algo menor, que necesariamente estarán marcados por la ideología de los once magistrados que deberán dirimir y decidir sobre ellos. El Tribunal ha decidido mantener todos esos informes en el cajón y no votarlos, porque sabe que la votación rompería por la mitad al Tribunal. Prefiere esperar prudentemente a su renovación.
Por eso el Partido Popular –con el silencio cómplice de la ultraderecha– está bloqueando desde hace años la renovación del Consejo. Porque perdería la mayoría conservadora en el Tribunal, aunque solo fuera por uno o dos votos. Y perder solo uno de los seis puestos que tiene de su lado ahora, conllevaría perder votaciones sobre la constitucionalidad de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, sobre la ley educativa de Celáa, sobre la muerte digna o sobre Griñán. Serían varapalos graves para los populares, tan propensos a defender allí lo que pierden en las cámaras legislativas. Esta es la verdadera cuestión política del asunto. El PP está preservando su frágil control de la más alta y política instancia judicial, que decide sobre asuntos de gran calado ético y político. Ni más ni menos. En las circunstancias actuales, con un PP que ya se cree ganador de las próximas elecciones generales, dudo mucho que Feijóo ceda y permita el cambio de la mayoría sin exigir grandes renuncias al Gobierno. Qué espectáculo tan penoso.
Para justificar el impresentable bloqueo de la renovación de los cargos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el PP está poniendo una excusa central: que lo lógico es que “a los jueces los elijan los jueces” y que esa es la tendencia en Europa. En una cafetería, ambas falacias funcionan bien. Lo cierto es que en Europa –y no digamos en Estados Unidos– el nombramiento de los jefes de los jueces y de los más altos magistrados se realiza por procedimientos similares a los que utilizamos en España. Por dar solo algunos ejemplos: en Francia y en Portugal, los presidentes nombran directamente a algunos de los magistrados. En Alemania, el Gobierno nombra directamente a los responsables del Poder Judicial, aunque su órgano tenga poco que ver con nuestro Consejo. En los Países Bajos, también el propio gobierno tiene derecho a nombrar. Para qué hablar de Estados Unidos: allí el presidente nombra directamente a todos los miembros del Tribunal Supremo, que ejercen de manera vitalicia.