Justo en las vísperas de una campaña electoral decisiva -sí, otra decisiva-, ha salido a la luz uno de los mayores escándalos de la democracia española: el espionaje que el comisario Villarejo dirigió contra Pablo Iglesias en el momento en que Podemos podía formar gobierno con Pedro Sánchez. Como han venido indicando distintos analistas, este no es un caso más de corrupción, ni un capítulo extraño de los muchos que se cuecen entre fondos reservados y servicios de inteligencia. De confirmarse -y parece que no hay mucha duda-, estaremos ante un asunto que socava de lleno los cimientos de la democracia. Cualquier demócrata progresista o conservador debería exigir explicaciones y responsabilidades con todas las consecuencias.
Este escándalo salta a las puertas de una campaña que está girando ya sobre aspectos fundamentales de nuestros valores y nuestra identidad como sociedad. Se dice, con razón, que se está hablando poco de economía -algo impensable hace unos años-, pero sobre la mesa encontramos preguntas esenciales que se han reabierto y que urge contestar.
Para empezar, el relato con el que nos describimos, nos explicamos y nos entendemos como país está en el aire. Aunque parecieran cuestiones superadas, algunos líderes políticos andan debatiendo si el golpe de estado de 1936 fue un "movimiento cívico militar" como dice Abascal, y no dudan en irse a Covadonga a inaugurar la campaña para reivindicar las esencias de esa auténtica España recordada con nostalgia. En la misma línea, nadie acaba de entender cómo es posible que aún sea una odisea sacar a Franco del Valle de los Caídos.
En otro plano, continuamos con la eterna discusión sobre el modelo de organización territorial del Estado viendo cómo resurgen discursos recentralizadores como los que está haciendo la derecha en su conjunto influida por el nacionalismo españolista excluyente de Vox. No es casualidad que el Partido Popular pretenda centrar toda su campaña en torno al conflicto catalán, como harán cuando inauguren campaña en Barcelona en unos días.
El panorama se torna más amenazador si incluimos asuntos que tienen que ver con libertades básicas y derechos individuales. Lo hemos visto con el cuestionamiento de la ley de plazos del aborto por parte del Partido Popular, y lo estamos comprobando también con algo tan íntimo, esencial y fundamental como es el derecho a la muerte digna. Es imposible no recordar, mientras se ven los vídeos de Ángel Hernández cogiendo la mano de su esposa, María José Carrasco, para despedirla aliviada, esas declaraciones de Casado en las que aseguraba que en España no existía este problema.
Si lanzamos una mirada panorámica sobre los grandes temas que están asomándose a esta campaña veremos a un país que ha reabierto los debates sobre su identidad, que discute sobre los aspectos básicos de su organización territorial, que no alcanza a definir muchos de los derechos individuales ni el suelo de valores sobre el que se asienta como sociedad, y que está viendo cómo salta por los aires el pacto social sobre el que ha vivido cuatro décadas. Es decir, un país que está debatiendo no sólo sobre la calidad democrática, sino sobre aspectos básicos de la democracia formal.
Muchos indicadores apuntan en la misma dirección. Hace unos días se presentó el Informe sobre la Democracia en España 2018 que desde hace once años elabora la Fundación Alternativas. Con una nota de 5,8 sobre 10 otorgada por los expertos a los que se consulta para elaborar el informe, las mayores debilidades de la democracia española tienen que ver con la corrupción, la financiación de los partidos políticos, la "ausencia de interferencias internacionales" -o sea, cómo gestionar la globalización-, la dificultad de la ciudadanía para relacionarse con unos representantes políticos lejanos, las desigualdades para acceder al poder por parte de los distintos grupos sociales y el papel de los medios de comunicación. Estas debilidades son mayores si acudimos a otros índices o a la percepción de la ciudadanía, que tiene una imagen cada vez más crítica con el sistema político. En este artículo Ignacio Sánchez Cuenca lo explica con detalle y abundantes referencias.
Ver másLa campaña importa
Las fortalezas, según el Informe sobre la Democracia en España, las encontramos en lo que tiene que ver con la existencia de elecciones libres, la libertad de creación y participación en partidos políticos, los derechos civiles y políticos (libertad de práctica religiosa, tolerancia ante distintas formas de vida, aceptación del uso de distintas lenguas, etc.) y el ejercicio de los funcionarios en el desempeño de su tarea.
A la luz de estos resultados se podría pensar que vivimos en una democracia madura en lo formal y con retos pendientes en lo relativo a cultura política, transparencia y participación. Es posible que así sea, pero lo que estamos debatiendo en esta larga campaña son aspectos que cuestionan no sólo valores democráticos esenciales, sino que en ocasiones llegan incluso a las dimensiones formales de nuestra democracia, que es lo que ocurre cuando se plantea la implantación del artículo 155 sine die para Cataluñasine die porque sí o en su defecto la aplicación de las leyes de Seguridad Ciudadana y de Seguridad Nacional para dar prevalencia a las policías nacionales sobre los Mossos en caso de desobediencia, o se violan los más elementales derechos democráticos montando policías patrióticas que espían a líderes políticospolicías patrióticas para, con la connivencia de algunos medios de comunicación, impedir que se puedan formar gobiernos progresistas.
De todo esto va esta campaña: De decidir si queremos ser una democracia. Al menos, una democracia formal. La real, ya, sí eso …
Justo en las vísperas de una campaña electoral decisiva -sí, otra decisiva-, ha salido a la luz uno de los mayores escándalos de la democracia española: el espionaje que el comisario Villarejo dirigió contra Pablo Iglesias en el momento en que Podemos podía formar gobierno con Pedro Sánchez. Como han venido indicando distintos analistas, este no es un caso más de corrupción, ni un capítulo extraño de los muchos que se cuecen entre fondos reservados y servicios de inteligencia. De confirmarse -y parece que no hay mucha duda-, estaremos ante un asunto que socava de lleno los cimientos de la democracia. Cualquier demócrata progresista o conservador debería exigir explicaciones y responsabilidades con todas las consecuencias.