Cualquier estrategia de política económica empieza por una definición de prioridades: no una vaga declaración de principios, sino objetivos concretos y compromisos cuantificables sobre las medidas. Sólo así es posible juzgar su coherencia, y la posterior rendición de cuentas. Por ello, sorprende que el pacto presentado por PSOE y Ciudadanos no contenga ni una sola cifra sobre, por ejemplo, el coste de las políticas que se anuncian y su financiación, la evolución prevista de los gastos e ingresos públicos, el objetivo de déficit o sus efectos sobre el desempleo.
Más allá de los brindis al sol, las prioridades que se dejan ver en el documento no son las que demanda la mayoría: la creación de empleo digno y una rápida reducción del desempleo; el rescate de las personas en peores condiciones y la reversión de los recortes; y las inversiones necesarias para un verdadero cambio estructural. Las medidas que se anuncian tampoco son las que permitirían abordarlas con éxito. Veamos por qué.
La primera propuesta que presentó el PSOE incluía un objetivo muy concreto: reducir la tasa de paro a la mitad, una meta digna de apoyo. Para que sea creíble, además, debe situarse claramente como el centro de la acción del gobierno, y mostrarse la coherencia del conjunto de medidas con ese objetivo. Pero este compromiso ha desaparecido en el nuevo documento, y no parece casual ni puede pasar inadvertido.
Ciudadanos y PSOE no sólo no explicitan ningún objetivo en términos de empleo, sino tampoco cómo esperan impulsarlo. Parecen fiarlo todo a la (des)regulación del mercado de trabajo. Su propuesta mantiene algunos de los elementos más lesivos de la reforma laboral del PP (aquella que Pedro Sánchez se comprometió a derogar en el primer Consejo de Ministros) e incluye otros nuevos. Pero, además, sin un impulso adicional a la actividad económica no se creará más empleo: para reducir la tasa de paro a la mitad, España debería crecer al 4% en la legislatura. Como también se ha producido un endurecimiento del lenguaje con el que se declara un “firme compromiso con la estabilidad presupuestaria”, no es posible anunciar descensos del desempleo y, simultáneamente, renunciar a la política fiscal que permitiría lograr el crecimiento necesario.
Algo similar ocurre con las políticas sociales. En todo el documento no aparece ni una sola mención –cuantificable- a la reversión efectiva de los recortes practicados desde 2010 (sólo en educación y sanidad, 18.000 millones de euros). Si bien el acuerdo incluye algunas medidas positivas, son claramente insuficientes, como el Ingreso Mínimo Vital, mucho menos ambicioso que el Plan de Renta Garantizada propuesto por Podemos. En otros casos consolidan las reformas regresivas de estos años, como en las pensiones, donde no se revierten el factor de sostenibilidad, la desvinculación de las pensiones al IPC o el aumento de la edad de jubilación. Y, finalmente, su puesta en marcha requiere contar la financiación adecuada, pero las medidas fiscales del pacto se contradicen con este objetivo.
Esto no significa renunciar a la “estabilidad presupuestaria”. La reducción del déficit y del peso de la deuda pública sobre el PIB puede hacerse compatible con los objetivos sociales y de empleo, pero deben cumplirse al menos tres condiciones:
1. Un ritmo de reducción del déficit adecuado para asegurar una rápida reducción del paro. Luis Garicano dijo, con acierto, que era un suicidio aplicar los recortes que Bruselas exige y que no había ningún argumento económico para reducir el déficit por debajo del 3% en 2016 (gracias por copiarnos). ¿Pero cuál es el argumento económico para que esto sí sea necesario en 2017? Aquí también hay otro retroceso respecto a la propuesta inicial del PSOE: donde antes se anunciaba un objetivo de déficit del 1% en 2019, ahora se habla, más vagamente, de “finanzas públicas saneadas”. Recordemos que el déficit estructural medio entre 1995 y 2007 en Alemania fue del 2,8%, en Francia del 3,4%, en Reino Unido del 2,6% y en España del 2%, y que esto fue perfectamente compatible con la estabilidad presupuestaria antes de la crisis (la deuda pública media de la UE15 se redujo estos años del 68% al 59%).
2. La sustitución de la estrategia basada en la reducción del peso del gasto en el PIB por otra en la que se lleve a cabo una reforma fiscal progresiva para resolver la insuficiencia estructural de ingresos públicos. La estrategia actual es incompatible con las necesidades de crecimiento del empleo –por su fuerte impacto restrictivo- y del gasto social. Y aunque el pacto anuncia algunas medidas (eliminar deducciones en el impuesto de sociedades, un –vago- impuesto a las grandes fortunas), sólo aplaza, y no abandona, la pretensión de Ciudadanos de la bajada de tipos en IRPF, mantiene la reforma fiscal del PP (injusta, según el PSOE en “modo electoral”), y deja por el camino cuestiones como el impuesto mínimo del 15% en sociedades, el ITF, o el aumento de la progresividad en IRPF. Y desaparece el objetivo del PSOE de elevar el peso de los ingresos sobre el PIB en dos puntos porcentuales.
3. Es necesario deshacer los frenos institucionales impuestos estos años: una modificación más rotunda del artículo 135 y un cambio sustancial en la Ley de Estabilidad Presupuestaria (el PSOE votó en contra y en su propuesta inicial de gobierno había anunciado que la modificaría, pero ahora esta propuesta brilla por su ausencia).
“Lo único bueno del acuerdo PSOE-C's es lo que nos copia”, dice el PP
En definitiva, el pacto incluye “anuncios”, pero no compromisos cuantificables, y tampoco un cambio de la prioridades que asegure que los objetivos sociales y de empleo que se mencionan puedan alcanzarse. Más bien, cabe esperar lo contrario. Ciudadanos ha conseguido lo que parecía difícil: empeorar la primera propuesta de política económica que había hecho el PSOE para iniciar las negociaciones para la formación del gobierno. Albert Rivera ha declarado que pedirá a Mariano Rajoy la abstención de su grupo, porque el acuerdo “recoge las propuestas del PP”. Estamos de acuerdo. De lo que no hay rastro es de las medidas “progresistas y reformistas” que dice contener.
____________________Jorge Uxó es profesor de Economía de la Universidad de Castilla-La Mancha y miembro de la Secretaría de Economía de Podemos
Jorge Uxó
Cualquier estrategia de política económica empieza por una definición de prioridades: no una vaga declaración de principios, sino objetivos concretos y compromisos cuantificables sobre las medidas. Sólo así es posible juzgar su coherencia, y la posterior rendición de cuentas. Por ello, sorprende que el pacto presentado por PSOE y Ciudadanos no contenga ni una sola cifra sobre, por ejemplo, el coste de las políticas que se anuncian y su financiación, la evolución prevista de los gastos e ingresos públicos, el objetivo de déficit o sus efectos sobre el desempleo.