Pero de qué se escandalizan cuando dicen que se escandalizan de la intervención rusa en Crimea la intervención rusa en Crimea. A juzgar por las declaraciones del presidente de los EEUU, de los dirigentes europeos y por supuesto también de toda una galería de analistas y expertos de eso que llamamos Occidente, nos enfrentamos a un caso, sin precedentes, de violación del derecho internacional y por tanto merecedor de respuesta adecuada, en forma de sanciones, por parte de La Comunidad Internacional. O sea que se trata de defender la legalidad o por expresarlo más filosóficamente de una especie de imperativo moral que nos obliga a actuar. Y la verdad es que planteado así no quedaría más remedio que suscribirlo.
Pero las leyes o rigen para todos o “no son”. Y por eso mismo hay que preguntarse qué pasa cuando quienes se erigen en principales valedores del derecho son al mismo tiempo quienes más descarada e impunemente lo quebrantan. Y sí, me refiero a EEUU y a sus aliados europeos, evitando conscientemente decir Unión Europea porque en cuestión de política exterior no suele ser Unión y menos aún Europea, sino simples “aliados de EEUU”.
Hay comparaciones que para algunos resultan odiosas no tanto porque no vengan al caso sino porque quizás vienen demasiado al caso. Son demasiado esclarecedoras. Como la de Kósovo y Crimea, en su momento respectivas provincias de Serbia y Ucrania, en las que una gran mayoría de la población que no se identifica con la nación a la que teórica o legalmente pertenece alienta reclamaciones secesionistas. Desde el punto de vista jurídico la situación es muy similar por no decir idéntica. Pero lo que valió para Kósovo no vale para Crimea. O viceversa.
Y sí, hay que recordar Kósovo. Hay que recordar que la OTAN, es decir EE.UU y sus aliados europeos, lanzó una campaña de ataques aéreos sobre lo que entonces aún se denominaba Yugoslavia en flagrante violación del Derecho Internacional.
Por supuesto la justificación del atropello fue muy humanitaria. Había que bombardear a unos para salvar a otros: la población albanesa de Kósovo. La vía diplomática, se dijo entonces, estaba agotada pero bastaría recordar lo que ocurrió en las semanas previas al ataque para albergar alguna duda sobre ese supuesto agotamiento de la opción diplomática. Recordar la primera fase de las conversaciones de Rambouillet, la supuesta “ultima oportunidad para la paz”, cuando los ministros de exteriores europeos comparecieron sonrientes ante la prensa anunciando que el gobierno yugoslavo aceptaba las condiciones políticas que se le habían planteado y que por tanto la opción militar podía descartarse. Pero en aquella rueda de prensa había una ausencia significativa, la de la secretaria de estado estadounidense, Madelaine Albraigh, que mientras los europeos se felicitaban por el acuerdo, estaba reunida con los representantes albano-kosovares, en concreto los dirigentes del grupo armado UCK ( ejército de liberación de Kósovo), para fijar un pliego de nuevas condiciones –entre ellas, la celebración de un referéndum que abriría la vía a la independencia de Kósovo y la presencia de tropas de la OTAN en todo el territorio de Yugoslavia– que el gobierno de Belgrado nunca podría aceptar. “No podemos bombardear a los serbios porque los albaneses no acepten” fue el comentario con el que, según una fuente diplomática, Madeleine Albraigh justificó la necesidad de endurecer las condiciones a la parte yugoslava. Así se agotó la vía diplomática. Como era de esperar, Yugoslavia no aceptó las nuevas condiciones. Poco después, el 24 de marzo de 1999, cayeron las primeras bombas.
Y durante tres meses los aviones de la OTAN bombardearon puentes, fábricas, barrios residenciales, trenes, coches de línea, hospitales, una embajada, un convoy de refugiados, el edificio de la televisión estatal…el concepto crimen de guerra cuadra bastante bien con muchos de aquellos ataques y la verdad no me hubiera importado acudir ante un tribunal, como testigo presencial de aquellos crímenes, si alguno de ellos hubiera sido alguna vez juzgado. Pero siempre supimos que no lo serían. Que el derecho internacional no rige para EEUU y sus aliados. Que no se trataba de derecho sino de poder.
La campaña de ataques de la OTAN terminó con la firma de los acuerdos de Kumanovo, por los que el gobierno yugoslavo aceptaba retirar sus efectivos militares y policiales de Kósovo, devolver y ampliar el estatuto de autonomía al territorio y permitir el despliege de las tropas de la OTAN en lo que aún era una provincia de Serbia; a cambio se ponía fin a los bombardeos y se garantizaba la integridad territorial de Yugoslavia, es decir, el estatus de Kósovo como provincia autónoma no sería alterado.
El final de la historia es sobradamente conocido: Kósovo proclamó su independencia con el activo respaldo de los países que habían bombardeado Yugoslavia y que –con alguna variación de matiz, como España que por razones obvias no ha reconocido la independencia de Kósovo– son los mismos cuyos representantes se llevan ahora las manos a la cabeza ante el supuesto desafío a la legalidad internacional perpetrado por Rusia.
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Por cierto, en el Kósovo independiente donde apenas queda presencia de las poblaciones –serbios, gitanos, goranos– no albanesas, se ubica Camp Bondsteel, la mayor base militar que EEUU tiene en el exterior y que empezó a construirse en junio de 1999, a los pocos días de la entrada de las tropas de la OTAN en el territorio. Además del valor estratégico de su emplazamiento, Camp Bondsteel ha servido, a partir de 2001, como centro de detención alternativo a Guantánamo.
El argumento del derecho internacional en boca de algunos resulta obsceno.
Teresa Aranguren: Periodista. Cubrió desde Belgrado y Prístina la campaña de bombardeos de la OTAN en Yugoslavia.
Pero de qué se escandalizan cuando dicen que se escandalizan de la intervención rusa en Crimea la intervención rusa en Crimea. A juzgar por las declaraciones del presidente de los EEUU, de los dirigentes europeos y por supuesto también de toda una galería de analistas y expertos de eso que llamamos Occidente, nos enfrentamos a un caso, sin precedentes, de violación del derecho internacional y por tanto merecedor de respuesta adecuada, en forma de sanciones, por parte de La Comunidad Internacional. O sea que se trata de defender la legalidad o por expresarlo más filosóficamente de una especie de imperativo moral que nos obliga a actuar. Y la verdad es que planteado así no quedaría más remedio que suscribirlo.