El linchamiento del doctor Montes

El día que el doctor Luis Montes salía esposado y escoltado por la Guardia Civil, sin entender qué estaba pasando, se aprobaban los resortes que permitían la privatización encubierta de la Sanidad madrileña a través de eso que dan en llamar colaboración público-privada. No hubo el menor debate sobre el asunto ya que la Sanidad pública gozaba de un prestigio incuestionable y nadie, en su sano juicio, se atrevería a destruir un sistema que había costado muchos años y muchos millones construir, y que se había convertido, probablemente, en uno de los mejores del mundo.

La denuncia anónima que utilizó en su día el consejero de Sanidad Manuel Lamela para iniciar todo el proceso judicial por el que acusaban al doctor Montes y su equipo de cuatrocientos asesinatos ya era conocida. Circulaba por los departamentos de la Consejería hacía tiempo e incluso se envió a un equipo para que investigara si aquello tenía el menor sentido, y los técnicos que fueron al hospital, tras un largo y exhaustivo trabajo para que no quedaran dudas, concluyeron que la denuncia era absurda y felicitaron al equipo de urgencias del hospital por su trabajo.

Al llegar el señor Lamela a la Consejería de Sanidad madrileña de la mano de Esperanza Aguirre, gracias al soborno de dos diputados del PSOE (Tamayo y Sáez), la denuncia volvió a desempolvarse, y se utilizó como bomba de relojería para llevar el debate de la Sanidad a un derrotero estúpido, pero que servía a sus fines: trabajar en la sombra para lograr la privatización de la Sanidad a escondidas, mientras los medios de comunicación hablaban de campos de exterminio. La cabeza de turco fueron las Urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés. Este hospital era uno de los de mayor prestigio de toda España. Destacaba por su calidad asistencial a pesar de que durante mucho tiempo abarcó un área mayor que la que le correspondía, atendía a más pacientes de los que debía.

La denuncia anónima en cuestión hacía referencia al asesinato de 400 pacientes. No de golpe, con gas letal, sino a lo largo de años. Es decir, que por el normal funcionamiento de un hospital esto exigiría la colaboración de los trabajadores de todas las plantas y especialidades: médicos, enfermeros, celadores…

Es decir, tamaña estupidez no habría tenido el menor recorrido sin la colaboración necesaria de la Justicia que, en lugar de desestimar esa absurda denuncia anónima, ahora que la rescataba de la basura el consejero Lamela, decidió darle pábulo, y comenzar el proceso de investigación, declarando el secreto del sumario durante muchos meses, de forma que los propios médicos encausados no sabían de qué se les acusaba, mientras la acusación particular, una asociación de afectados que sólo consiguió dos familiares de los supuestos 400 asesinados, y que se retiraron en el juicio cuando vieron de qué iba el juego, esa asociación, misteriosamente, tuvo acceso a muchas pruebas y documentos durante la fase de instrucción que le fueron negadas a la defensa. No se presentó, como digo, ningún miembro de familias afectadas, era lo que llaman los juristas “un delito sin víctimas”.

El juez fue Rafael Rosel. El hecho de prolongar un proceso que creó alarma social y política mucho más de lo deseable, de forma incomprensible e innecesaria, supuso que ya no habría justicia para los encausados, tal y como me relató uno de ellos. El daño ya estaba hecho. Les hicieron vivir un calvario impresentable mientras en las radios y televisiones les acusaban de ser nazis exterminadores. Todo era ridículo y de una crueldad extrema.

En ningún momento estas autoridades pensaron que esa historia de los asesinatos tuviera el menor sentido. Eso dota sus acciones de una crueldad extrema, y denota la catadura moral de Esperanza Aguirre, Manuel Lamela y todos los que intervinieron en este linchamiento.

A tal punto era cierto que nadie creía en este montaje, que aunque Luis Montes fue apartado de su cargo, tanto él como el resto de sus compañeros siguieron ejerciendo la medicina en el mismo hospital. Para que siguieran matando, es de suponer.

La estupidez en la que se basaron para emprender las acciones legales fue que la cifra de muertes en Urgencias del Hospital Severo Ochoa superaba con creces la de cualquier otro. Esto se debía, y los políticos lo sabían muy bien, a que en esa planta de Urgencias también estaba la unidad de enfermos terminales, que por una cuestión técnica se había ubicado allí. Es decir, que en el resto del hospital apenas moría nadie, pero este dato se ocultaba capciosamente para dar algo de credibilidad a esa teoría de médicos asesinando sistemáticamente durante años.

Finalmente, el juez Rafael Rosel desestimó las acusaciones dos años y dos meses después, algo que podía haber hecho en menos tiempo, antes de que este juego macabro para ocultar el gran negocio de la privatización de la Sanidad del que, por cierto, el señor Lamela ha sido uno de los grandes beneficiarios, destruyera la vida y la reputación de los encausados. Aún dilató un poco más el proceso para que no coincidiera con las elecciones autonómicas y municipales, y terminó de echar una manita al Gobierno de la Comunidad de Madrid cuando declaró en la sentencia que esas muertes pudieron ser provocadas por la mala praxis de los médicos, aunque no se pudo probar. Para no pillarse los dedos, declaraba el señor juez una cosa y su contraria y así la caverna mediática, como en efecto ocurrió, tuvo también su titular, al tiempo que Aguirre y Lamela se iban de rositas. Bueno, el segundo, además, con un patrimonio espectacular gracias a los negocios que hacía mientras era Consejero. Ya saben eso que ahora se llama lobismo, y es legal, y antes, soborno, y era un robo, una vergüenza.

Escribía el juez en la sentencia: "Varios pacientes han muerto tras mala práctica médica a la hora de sedarles", aunque admitía que no hay pruebas de que se deba "excesivamente a los fármacos prescritos”. ¿?

¿Cómo podía afirmar que varios pacientes habían muerto tras mala práctica y a la vez que no había pruebas de tal cosa?

Recurrió el doctor Montes la sentencia para que eliminaran cualquier alusión que pudiera sembrar dudas sobre su quehacer médico. Finalmente, la Audiencia Provincial de Madrid falló en su favor y ordenó suprimir “toda referencia sobre mala práctica de los médicos denunciados”.

Como era de esperar, y para eso se había montado la conjura político-mediático-judicial, ya nada importaba. El Gobierno estaba de nuevo en manos de Esperanza Aguirre, la Consejería de Sanidad ya había comenzado su imparable política de destrucción de la Sanidad Pública en favor de los negocios sanitarios, y de sus compañeros de partido que desembarcaron en esas sociedades, y la notificación de la sentencia definitiva llegaba muy tarde.

Las diferentes acciones difamatorias que en su día poblaban la red (especial aversión provocaba una entrevista que en su día hizo Jiménez Losantos  al consejero Lamela en la que ambos se despachaban a gusto con estos “asesinos”), se han borrado. Es difícil encontrar vestigios de aquella infame campaña en los medios de los difamadores. Como suele suceder, estos seres ignominiosos se encubren y protegen bajo el manto de la mentira y la cobardía. Cuando el caso se cerró, sin que ninguno de los responsables diera la cara, se inhibieron, llegando a afirmar el señor Lamela, artífice de toda la operación, que nada tenía que ver con el caso y que todo había sido un proceso judicial ajeno a su cometido.

Delincuentes y cobardes.

Más tarde, la Audiencia Provincial de Madrid, a través de la jueza Celia Sainz de Robles, declaraba que los insultos y las acusaciones de Jiménez Losantos, Isabel San Sebastián o Cristina López Schlichting, entre otros, se encuadraban dentro del derecho de libertad de expresión que ampara la Constitución. Decían cosas del tipo: "No se trataba de aplicar morfina a enfermos terminales con horribles sufrimientos, sino que llegaba un señor con una insuficiencia respiratoria, con una apoplejía que tenía una esperanza de vida, a lo mejor de cinco años, y se lo “piolaban”.

Pura basura.

Ah, se me olvidaba, el fiscal del caso de los 400 asesinatos era Manuel Moix.

Bueno, lo dejo aquí. Estos son los que dicen que hay que cumplir la ley.

Quiero mandar un abrazo a la familia de Luis Montes, a todos sus compañeros que tuvieron que sufrir esta ignominia en forma directa, y también a todos los ciudadanos de Leganés que tantas veces salieron a la calle para defender a sus médicos, así como a mis compañeros del rodaje del documental (enlace abajo) que hicimos en su día, mientras la instrucción se estiraba deliberadamente, y que me permitió conocerles.

El PP no quiere al doctor Montes en el callejero de Boadilla

Ver más

Para mí fue el mayor exponente de hasta dónde están dispuestos a llegar con sus mentiras, pero la gente decente de este país tiene la obligación de restablecer el honor de los injustamente perseguidos.

En ello estaremos.