La iniciativa de infoLibre de ofrecer un debate abierto en plaza pública sobre el futuro del servicio público de radiotelevisión en España, me parece encomiable, pero sobre todo demuestra que esta cuestión, transversal a muchos campos del modelo de Estado de bienestar (la sanidad, la educación, la democracia integral misma), continúa evidenciando su enorme trascendencia y vigencia en nuestra sociedad. Aunque algunos se hayan empeñado en enviarla al desván del pasado, argumentando que ya tenemos abundante información y programas de calidad en las emisoras comerciales o en portales de Internet, publicitarias o de pago.
La apertura de esta polémica llega además en el momento más oportuno: cuando los partidos políticos deben publicar sus programas electorales para el 20-D, tradicionalmente ausentes o ambiguos sobre este asunto clave para la democracia; además, en las autonomías que han cambiado de signo político se agudiza la controversia sobre qué hacer con las radiotelevisiones autonómicas que el PP en muchos casos ha dejado desvalijadas, externalizadas hasta el abuso, privatizadas al extremo (RTV Murcia) o incluso clausuradas (como Canal Nou). Porque aquí también vuelven los juegos políticos tradicionales al principio lampedusiano (cambiar para que todo siga igual): unos hablan de “despolitizar” la radiotelevisión pública, confundiendo el término con desgubernamentalizar, como si el servicio público no fuera y debiera ser el eje central del espacio público democrático, madre de todas las confrontaciones políticas legítimas. En el afán de las falsas reformas, algunos políticos vuelven a las viejas fórmulas matemáticas engañosas: elección de los cargos por tres quintos (si así no tienen que consensuar nada con la oposición) o por mayoría simple (cuatro octavos, podría decirse) si no llegan a alcanzar acuerdos amplios, o ellos mismos los impiden. En el colmo del corporativismo, algunos sugieren que las asociaciones periodísticas se erijan en árbitros supremos de su control.
Precisamente para fomentar este debate social, creamos hace varios años la asociación de investigación Teledetodos, apoyada por más de un centenar de profesionales e investigadores de la radiotelevisión, y desde hace dos años hemos trabajado en un balance amplio de la evolución y la situación actual del sistema audiovisual español durante la última década, tomando como referencia el Informe del Consejo para la Reforma de 2005, único independiente de la historia, en el que varios de los autores directos participamos en su día. Después de múltiples reuniones de discusión con profesionales y expertos, lo presentamos en la Universidad Carlos III, el pasado 13 de octubre.
La conclusión final no puede ser más amenazadora: el espacio público democrático español se ha deteriorado profundamente en los últimos seis años, con una radiotelevisión comercial vez más concentrada en oligopolio, mientras el servicio público, más necesario que nunca en estas circunstancias, se degradaba seriamente en cuanto a sus contenidos, su independencia editorial (cada vez más manipulada por los Gobiernos central y autonómicos), su práctica quiebra financiera y sus audiencias en caída libre. El colofón final se imponía: estamos ante la última oportunidad histórica para regenerar democráticamente el servicio público, ante la cual no caben parches ni regateos, sino una actitud de profundas reformas, adecuadas a las exigencias sociales y tecnológicas actuales.
Basados en este dictamen, hemos elaborado una serie de propuestas articuladas que componen un auténtico nuevo modelo de servicio público, fundamentadas en también en las mejores prácticas europeas. Patentado en la propiedad intelectual y registrado como ISBN, las ofrecemos gratuitamente a todo partido o entidad que pueda estar interesado:
-Propuesta central: Un servicio público fuerte, independiente, articulado, a escala estatal, autonómica y local. Un gran Pacto Social, suscrito por los profesionales y las entidades públicas con la sociedad española. Con cuatro elementos fundamentales:
-Contenidos: Un Servicio Público Multimedia (en las ondas, en Internet en todas las plataformas y dispositivos), basado en un contrato con la ciudadanía , con mandatos marco a nueve años, contratos programa plurianuales, derecho de acceso sistemático, transparencia, puerta abierta al acceso universal al conocimiento en las redes digitales.
-Gobernanza: Gestión y control democráticos, basados en el protagonismo de la sociedad civil, con Consejos Audiovisuales independientes, Consejos Sociales constituidos por las asociaciones no estatales sin afán de lucro que propondrían a la mayoría de los Consejos de Administración frente a una minoría de los grupos parlamentarios (todos refrendados por mayorías parlamentarias de 2/3), asociaciones activas de ciudadanos por el servicio público, control externo de gestores elegidos por concurso público, consejos de informativos reforzados, carrera profesional interna objetivada.
-Estructura federal: Descentralización potente, con cooperación sistemática del servicio público a todas las escalas y construcción paulatina de abajo a arriba de un modelo federal, con un canal estatal bilingüe programado conjuntamente entre RTVE y las RTV autonómicas. Potenciación de la radiotelevisión local, municipal y comunitaria.
-Financiación: Suficiente, estable, responsable y proporcional al coste de las misiones del servicio público, alimentada por diversas fuentes: tasas por el uso del espectro, beneficios del dividendo digital, canon proporcional a los ingresos (informado en la declaración del IRPF), patrocinio, comercialización de programas.
El debate público abierto por infoLibre ha agitado una reflexión sobre el modelo de radiotelevisión pública que es vital para la calidad democrática de nuestro país: primero, el artículo de Fran Llorente, director de informativos de RTVE en la etapa en que comenzó a vislumbrarse lo que podía ser la independencia profesional de los telediarios públicos, quien concluye que el futuro de RTVE “pasa por que los ciudadanos la perciban de su lado y no del lado del poder”, subrayando nuestra idea de que no se puede ya confiar a los partidos, sean los que sean, esa autonomía imprescindible. Después, el vídeo de Iñaki Gabilondo, quien desde su corta pero intensa experiencia en RTVE y su larga trayectoria periodística, tiene el valor de afirmar que “yo creo en una televisión pública (…) en el servicio público en libertad”.
También hay que resaltar el hecho de que, unos días antes, el Consejo de Informativos de RTVE, que, se ha mostrado como un órgano indispensable, lanzara su manifiesto “por la independencia y pluralidad informativa en CRTVE”, denunciando la actual manipulación y malas prácticas informativas; y que consiguiera que todos los partidos políticos (con excepción del Partido Popular y de UDC) se comprometieran con la independencia y el pluralismo informativo, y a legislar, si llegan al poder, que el sistema de elección del Consejo de Administración se lleve a cabo por mayoría cualificada de dos tercios para obligar al consenso parlamentario. Se trata de una condición, ciertamente sine qua nom para la rectificación de la trayectoria manipulada y errática de RTVE en los últimos cuatro años. Aunque, a juicio del informe de Teledetodos, este compromiso es ya insuficiente, si no es complementado con otras medidas vitales para garantizar en el futuro el fin de un servicio público gubernamental endémico que dura ya casi los 60 años que RTVE está a punto de cumplir.
Los partidos debaten el futuro de la radiotelevisión pública
Sin ninguna pretensión de constituirnos en depositarios de la verdad ni de erigirnos en ingenieros sociales, ofrecemos estas proposiciones porque pensamos que es muy importante que la sociedad española participe en esta reflexión, e imponga soluciones a los partidos y los gobiernos. De forma que este debate, abierto ahora por infoLibre, debería alcanzar no sólo a políticos y expertos, sino a los ciudadanos de a pie, esos que sólo tuvieron la experiencia de un auténtico servicio público en cortos espacios de tiempo, pero que intuyen la enorme repercusión del servicio público de comunicación en todas las esferas de su vida. Y que sospechan la carencia esencial en la calidad de la democracia española que se produciría si dejáramos que la mala política y el mercado nos impusieran una esfera pública adulterada, monopolizada por las grandes corporaciones, en donde los sentimientos, las reivindicaciones y las aspiraciones sociales mayoritarias estarían sistemáticamente marginadas; en donde la información y la cultura de calidad sólo estaría a disposición de quienes pudieran pagarla.
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Firman este artículo asimismo: Rafael Díaz Arias, Pedro Soler, Manuel Aguilar y Marcel CamachoEnrique Bustamante es catedrático de Comunicación Audiovisual en la Universidad Complutense, miembro del Consejo para la Reforma de RTVE en 2004-2005 y socio de Teledetodos
La iniciativa de infoLibre de ofrecer un debate abierto en plaza pública sobre el futuro del servicio público de radiotelevisión en España, me parece encomiable, pero sobre todo demuestra que esta cuestión, transversal a muchos campos del modelo de Estado de bienestar (la sanidad, la educación, la democracia integral misma), continúa evidenciando su enorme trascendencia y vigencia en nuestra sociedad. Aunque algunos se hayan empeñado en enviarla al desván del pasado, argumentando que ya tenemos abundante información y programas de calidad en las emisoras comerciales o en portales de Internet, publicitarias o de pago.