Una de las cosas más ofensivas para los “seres humanos normales” (que diría Rajoy) es que los tomen por gilipollas (en el sentido que apunta el diccionario de la RAE desde su penúltima edición). Y en medio del carajal político que nos afecta en este año electoral, esa es precisamente la impresión que dan las primeras reacciones a la noticia de que Rodrigo Rato, santo principal del 'milagro económico español' del aznarato, se benefició de la amnistía fiscal decretada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012, nada más llegar al poder.
LOS HECHOS
No se trata de rumores ni campañas ni maledicencias. Fue el mismísimo responsable de la Agencia Tributaria quien abrió la espita el pasado 17 de febrero en una comparecencia parlamentaria para informar de los resultados de la lucha contra el fraude fiscal. Santiago Menéndez anunció que, entre los 32.000 evasores fiscales que se acogieron a la citada “regularización” de 2012 y cuyos expedientes presentaban indicios de blanqueo de capitales, había 705 políticos y altos funcionarios del Estado o familiares directos. El primer periodista que (salvo error u omisión) dio datos precisos fue Manel Pérez en 'La Vanguardia' del 8 de marzo. Contaba que esta lista de 705 “cargos públicos electos en los diferentes niveles, local, autonómico y estatal, también de altos representantes del Estado, como en el aparato judicial que agrupa a magistrados y fiscales…” había sido remitida al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) para que “se contraste con la información que ellos tengan y se decida qué actuaciones realizar”, como explicó el propio Menéndez.
A la vista de esa información, algunos medios (entre ellos infoLibre) intentaron recabar los nombres de esa lista compuesta por funcionarios o altos cargos cuyo sueldo pagamos o hemos pagado entre todos los contribuyentes. No hubo forma. “La ley prohíbe identificar a los defraudadores”, proclamaban los portavoces oficiales de la cosa.
Casi dos meses después de aquella comparecencia parlamentaria, Miguel Alba informó en 'Vozpópuli' de que el exvicepresidente del Gobierno, exnominado a presidente del Gobierno por Aznar, exdirector del Fondo Monetario Internacional, expresidente de Bankia y excasitodo en el Partido Popular Rodrigo Rato es uno de esos 705 seres humanos privilegiados por una amnistía fiscal decidida por Mariano Rajoy y ejecutada por su ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, uno de los excolaboradores más significados de Rato en la época del “milagro económico español”.
EL CONTEXTO
Cualquier alusión a las subidas de impuestos decretadas por el PP contra su propio programa electoral; cualquier referencia a los recortes en la sanidad o la educación o la dependencia; cualquier cita sobre los datos de endeudamiento público... serán inmediatamente calificadas de “pura demagogia”. No deberíamos hacer ni caso a esa trampa si siguiéramos los consejos de George Lakoff y la teoría de los “marcos”, pero en este caso poco importa ceder a la manipulación. Basta con confrontar un dato que conocemos el mismo día que salta el escándalo de Rato. El Gobierno acaba de admitir que, de los 56.181 millones de euros de dinero público inyectados en las entidades financieras, sólo son recuperables 15.841. Expresado de otra forma, aquello que proclamó solemnemente Rajoy de que las ayudas públicas para reflotar Bankia y otras entidades financieras “no costarán un euro” a los españoles fue una solemne mentira.
El dato, por sí mismo, ya sería suficiente para acabar con una carrera política cuando queda demostrado el incumplimiento del compromiso, pero en el caso que nos ocupa el contexto es todavía más crudo. Rodrigo Rato, después de abandonar "por motivos personales” jamás explicados el puesto institucional de ámbito internacional más importante que ha ocupado un español, fue nombrado (no sin el apoyo explícito de Rajoy) presidente de Caja Madrid y responsable de la salida a Bolsa de Bankia tras la fusión de las grandes cajas de ahorros.
La justicia tendrá que concretar si se confirma lo que apuntan un aluvión de indicios probatorios, correos electrónicos nada íntimos y un mínimo resto de inteligencia o sentido común (que diría Rajoy): la salida a Bolsa de Bankia fue un gigantesco fraude en el que se engañó a miles de pequeños accionistas gracias a las tragaderas (condicionadas políticamente) de los llamados “inversores institucionales”.
El caso es que el Gobierno de Rajoy, que tanto desvelo muestra por los intereseses de los ciudadanos ante el peligro de esos partidos que “buscan candidatos por las cafeterías”, da por perdido ya el 72% del rescate que hemos apoquinado entre todos los contribuyentes para salvar bancos supuestamente demasiado grandes para caer.
LA OBLIGACIÓN
En ese contexto de carácter judicial y económico sería disparatado obviar las circunstancias políticas. Los mismos que están advirtiendo de una especie de catástrofe sobrenatural si el paisaje político se fragmentara hasta el extremo de complicar la gobernabilidad pretenden convencernos de que no tiene mayor importancia el hecho de que el señor Rato ¡y otros 704 altos cargos o funcionarios públicos! hayan defraudado al fisco y estén siendo investigados por presunto blanqueo de capitales, es decir, porque el dinero que manejaban tenía además un origen ilícito.
Los mismos que presumen de tomar medidas anticorrupción “con más rigor que nadie”; los mismos que sostienen haber aprobado una ley de transparencia “histórica” se atreven, con Rajoy y Montoro a la cabeza, a aprovechar el escándalo Rato para intentar vender que todo consiste en una “campaña” para ocultar “la recuperación económica”.
Montoro sostiene que Hacienda investiga el fraude sin preocuparse si son “compañeros o amigos”
La ley impide hacer públicos los nombres de los evasores fiscales o de quienes han regularizado su situación con Hacienda (salvo, obviamente, cuando a alguien le interesa filtrar un nombre concreto por las razones que sean). Pero además se fomenta el “efecto liberatorio del pago”. Si hubiera un gramo de sinceridad en el proclamado compromiso con la regeneración, el Gobierno no habría reformado en 2013 el artículo 305 del Código Penal, como advierte el exjuez Baltasar Garzón en su recién publicado libro El Fango, una especie de enciclopedia sobre la corrupción en España, desde el franquismo hasta hoy. "Se permite a los evasores de capitales –escribe Garzón– eludir la responsabilidad penal si satisfacen la deuda y reconocen el daño causado antes de que transcurran dos meses desde el inicio de las actuaciones judiciales. Esta medida, además de ser de dudosa eficacia, contribuye a instaurar una sensación –cuando no certeza–de impunidad en este tipo de conductas”. (Pág. 470).
Rajoy y Montoro ya no se molestan en intentar convencer de nada a quienes ponen en duda el mantra de la “sólida recuperación”. Lo que sorprende es que además crean posible que los “seres humanos normales” no se indignen ante escándalos como el de Rato y los otros 704. Basta cruzar datos, como Hacienda suele hacer entre los ordenadores de la Seguridad Social y los de las multas de tráfico o los datos bancarios, para llegar a la conclusión de que los "seres humanos normales", los que sostienen el fisco, son los asalariados. (Cada vez menos, por cierto).
La obligación del Gobierno sería realizar los cambios legales oportunos y urgentes que permitan castigar (y sonrojar) a quienes siguen convirtiendo este país en un cenagal desde un punto de vista fiscal, político y, sobre todo, ético.
Una de las cosas más ofensivas para los “seres humanos normales” (que diría Rajoy) es que los tomen por gilipollas (en el sentido que apunta el diccionario de la RAE desde su penúltima edición). Y en medio del carajal político que nos afecta en este año electoral, esa es precisamente la impresión que dan las primeras reacciones a la noticia de que Rodrigo Rato, santo principal del 'milagro económico español' del aznarato, se benefició de la amnistía fiscal decretada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012, nada más llegar al poder.