Era evidente antes de la investidura, no era la amnistía, es Pedro Sánchez. La controvertida ley es el acelerador de la derecha para aumentar la tensión contra el Ejecutivo en una estrategia que viene de atrás. En realidad viene de la anterior legislatura, pero también de la época de José Luis Rodríguez Zapatero e incluso Felipe González. Nada nuevo bajo ese sol salvo el contexto. En la última década ha habido un fuerte desgaste de las instituciones por la anterior crisis, el aluvión de casos de corrupción que tuvieron su cénit en la caída de Mariano Rajoy y la irrupción de la extrema derecha en Europa estresando las democracias occidentales.
La campaña de deslegitimación del PP arrastra el debate público a 1º de Estado de Derecho y separación de poderes. Una estrategia burda en muchas de sus versiones. Peligrosa porque socava la credibilidad en las instituciones pero también el aire de la convivencia compartida. El PP ha decidido ser útil como martillo de ‘la grieta’ nacional. El ataque de Feijóo a la risa de Pedro Sánchez en el Congreso tachándolo de ‘patológico’ no tiene nada que ver con la amnistía. Deshumanizar y ‘patologizar’ para atacar. Sánchez utilizó el humor para reírse del mantra imposible de Feijóo —“pude ser presidente pero no quise”— con una larguísima carcajada. Como respuesta, el líder del PP ha dado el paso que no consumó Santiago Abascal, que en su discurso deslizó algo similar sin atreverse. El ‘vete al médico’ de Feijóo ha estremecido por la frivolidad de la frase, del argumento preparado y expuesto para deleite de no sabemos qué público o qué ultras.
Que no haya declaraciones institucionales contra la violencia de género en comunidades gobernadas por PP y VOX este próximo sábado no es por la amnistía. Es la consecuencia de los pactos autonómicos que provocaron la reacción del electorado progresista el 23-J. La falta de contundencia contra la violencia desatada en las calles por grupos ultras contra el PSOE, tampoco tiene que ver con la amnistía. Ni el señalamiento al reparto de ministerios del Gobierno que el PP señala como otro ataque a Montesquieu.
Unir Presidencia y Justicia no vulnera nada. Feijóo lo sabe porque lo hace en Madrid y Galicia. El PP lo sabe porque durante el Ejecutivo de Rajoy, cuando quisieron vulnerar la separación de poderes en beneficio propio, tuvieron que montar tramas corruptas
Felix Bolaños es el superministro y el dique de contención del nuevo gobierno. Acumula un triángulo de carteras que abarcan los frentes por donde puede entrar el agua al Ejecutivo: la ley de Amnistía, la resistencia en sectores conservadores de la judicatura y la renovación pendiente del CGPJ bloqueada por el PP desde hace casi 5 años. De las tres carteras de Bolaños a la falta de separación de poderes hay un trecho y un bulo. El ministro solo tiene poder ejecutivo. Cuando un titular de Justicia ocupa solo esa cartera no es poder judicial, ni interviene en los jueces. Más allá de la estructura lógica de los ministerios, el PP traslada este mensaje intencionadamente para acusar al Ejecutivo de meter mano en la justicia por el mero reparto de carteras. Ni es cierto, ni es responsable.
Tres ministerios para un solo hombre, unir Presidencia y Justicia, no vulnera nada, ni siquiera facilita que se haga. Feijóo lo sabe porque lo hace en los gobiernos de Madrid y Galicia. El PP lo sabe porque durante el Ejecutivo de Mariano Rajoy, cuando quisieron vulnerar la separación de poderes en beneficio propio, tuvieron que montar tramas corruptas. Para borrar pruebas en el caso Gürtel, para ‘controlar la Sala Segunda desde detrás”, en palabras del entonces portavoz del PP en el Senado, o para que ‘la Fiscalía te lo afine” en la Operación Cataluña, incurrieron en prácticas ilegales y no en un mero reparto de carteras. El PP de Rajoy no está tan lejos del PP de Feijóo, hay demasiadas causas donde, cuando necesitaron intervenir en la Justicia, lo hicieron por detrás.
También el machacón ‘España es la nueva Hungría’ que lleva el PP a Europa, Help Spain incluido, puede darse la vuelta. El debate del Pleno no ha votado porque la ley no existe todavía, Reynders lo ha enmarcado en el debate nacional, y de los 705 eurodiputados la asistencia ha sido escasa. Siendo positivo que Europa sea foro de debate de la ley, si la comunidad europea da el visto bueno al final del camino, no quedarán muchos argumentos en pie. De momento, tampoco es un ataque a la separación de poderes. La amnistía tiene forma de ley orgánica y estará enteramente expuesta a su aplicación judicial. Desde su aprobación al archivo de las causas abiertas, de Puigdemont a los llamados ‘flecos del procés’, decenas de jueces van a interponer cuestiones constitucionales ante el TC y prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo. La ley tendrá que superar el test de los letrados de las Cortes, el Constitucional y el Derecho europeo. El PP la va a bombardear por todas partes y eso añadirá incluso más filtros por los que tendrá que pasar la ley.
No sabemos qué otras estrategias de crispación nos depararán los próximos meses. Darlo todo a la llegada de supuestas dictaduras, los golpes a la Justicia y las mutaciones constitucionales ocultan los verdaderos debates, rebajan a lo grotesco la conversación pública, incendian la convivencia y electoralmente no hay una sola prueba de que sirva de algo.
Era evidente antes de la investidura, no era la amnistía, es Pedro Sánchez. La controvertida ley es el acelerador de la derecha para aumentar la tensión contra el Ejecutivo en una estrategia que viene de atrás. En realidad viene de la anterior legislatura, pero también de la época de José Luis Rodríguez Zapatero e incluso Felipe González. Nada nuevo bajo ese sol salvo el contexto. En la última década ha habido un fuerte desgaste de las instituciones por la anterior crisis, el aluvión de casos de corrupción que tuvieron su cénit en la caída de Mariano Rajoy y la irrupción de la extrema derecha en Europa estresando las democracias occidentales.