Viendo las reacciones un tanto viscerales a la sentencia del Tribunal de Estrasburgo, parece que en lugar de una decisión judicial, lo que ha ocurrido es que ETA ha vuelto a asesinar. Resulta increíble que algunos representantes de las víctimas exijan al Gobierno que incumpla la sentencia, que salga La Razón culpando a Zapatero, que se desprecie a los jueces de Estrasburgo por no ser españoles, o que vuelvan las peticiones de ilegalización de Bildu.
La caverna está reaccionando como el hooligan cuando pierde su equipo. No es casualidad que Fernando Savater haya declarado que “el Tribunal de Estrasburgo ha pitado un penalti donde no lo había”. En fin, el Estado de derecho sólo cuando conviene. José María Ruiz Soroa lo ha explicado con bastante claridad en su artículo de El País: sencillamente, la ley no puede aplicarse retroactivamente, por mucho que nos repugne que los etarras salgan de la prisión y les salga tan barato el asesinato.
Remontémonos a principios de 2006: ETA llevaba casi tres años sin matar a nadie y había insistentes rumores de que la organización terrorista iba a declarar una tregua, condición indispensable para iniciar a su vez un proceso de paz. La posibilidad de que se acabara con ETA mediante dialogo con el Estado y bajo un gobierno socialista hizo saltar muchas alarmas. Entre otras, las de los jueces, que, cuando ETA estaba más débil que nunca y daba muestras de querer debatir su final, decidieron endurecer todo lo posible la aplicación de la ley.
Comenzó el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, cuando en enero de 2006 prolongó dos años la ilegalización penal de Batasuna y ordenó cerrar sus sedes. Siguió el Tribunal Supremo el 28 de febrero, estableciendo la célebre doctrina Parot. Posteriormente, en abril, ya iniciado el alto el fuego, la Audiencia Nacional condenó a Arnaldo Otegi a 15 meses de cárcel por haber participado en 2003 en el homenaje a un etarra asesinado por la ultraderecha muchos años antes. El 9 de junio de 2006 el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco admitió a trámite una querella contra el lendakari Ibarretxe por haberse reunido con Batasuna. Y así podríamos seguir un buen rato. Este activismo judicial sobrevenido, que brilló por su ausencia en los años más duros del terror, en el periodo 1977-92, tenía un objetivo claro: poner trabas al proceso de paz, convenciendo a los más radicales dentro del mundo de ETA y Batasuna de que no había posibilidad de llegar a ningún acuerdo con el Estado.
La Policía Nacional detiene a un violador excarcelado por la doctrina Parot
Los excesos políticos y legales que entonces se cometieron los pagamos ahora, con una sentencia que provoca una humillación innecesaria a las víctimas y deja en mal lugar a nuestro Estado de derecho (que, por lo demás, ha quedado muy agujereado por todas las excepciones que se han consentido en la lucha contra el terrorismo).
El Gobierno puede respirar tranquilo. La sentencia del Tribunal de Estrasburgo le quita un gran peso de encima. Nada podía venirle mejor a Rajoy en estos momentos que una modificación de la situación de los presos sin que el Gobierno mueva un dedo. Los jueces de Estrasburgo le han facilitado mucho la situación, cargando ellos con una responsabilidad que un presidente a la altura de las circunstancias tendría que haber asumido él, acercando presos, flexibilizando la política penitenciaria y facilitando vías para la reinserción. Pero Rajoy y los suyos son rehenes de las barbaridades que dijeron durante años (¿se acuerdan de la acusación de traicionar a los muertos en 2005?) y de su actitud intransigente y cerril en todo lo relacionado con ETA. Crearon ese clima irrespirable formado por voces tronantes de lo peor del periodismo reaccionario, el neofranquismo de Mayor Oreja y sus seguidores, más una parte muy politizada del colectivo de víctimas.
El PP se encuentra sin apenas margen de maniobra. Por eso la sentencia del Tribunal europeo le viene tan bien: modifica el statu quo en materia de presos, que estaba pudriéndose por la inacción del Gobierno. Entre otras consecuencias, se rebajará la tensión entre Bildu y ETA y, en general, será más fácil a partir de ahora dar pasos hacia la disolución final de la organización terrorista, que es de lo que se trata.
Viendo las reacciones un tanto viscerales a la sentencia del Tribunal de Estrasburgo, parece que en lugar de una decisión judicial, lo que ha ocurrido es que ETA ha vuelto a asesinar. Resulta increíble que algunos representantes de las víctimas exijan al Gobierno que incumpla la sentencia, que salga La Razón culpando a Zapatero, que se desprecie a los jueces de Estrasburgo por no ser españoles, o que vuelvan las peticiones de ilegalización de Bildu.