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La Constitución reserva a las Cortes Generales la elección de los miembros del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas o la del Defensor del Pueblo. Es así por un motivo elemental. Vivimos en una democracia, el poder es del “pueblo español” y de él “emanan los poderes del Estado”. Lo dice así (no por casualidad) el primer artículo de la Carta Magna. No dice, en cambio, que los elegidos sean “los mejores” (¿eso quién lo decide?), que tengan un “perfil técnico” o la vocación de “despolitizar” las instituciones, también por un motivo elemental. Vivimos en una democracia y la Constitución le confía ese poder al pueblo a través de sus representantes. Los requisitos, cuando los hay, son muy básicos de manera que muchos puedan ser considerados y, de nuevo, sean los ciudadanos los que decidan.
Acabamos de asistir a uno de los espectáculos menos edificantes de la política en España, uno de esos que retrata al óleo las sombras de la cultura política a base de tenaces pinceladas. No me gusta que los partidos crean que se pueden repartir como si fueran cromos o animales en una feria de ganado los cargos de instituciones que deben actuar con independencia y autonomía. Un demócrata de verdad no busca en esos órganos sumisión sino un estímulo para estar a la altura.
No me gusta que, al final, el papel parlamentario quede relegado a apretar un botón, con férrea disciplina de voto y sin deliberación que merezca tal nombre, para acatar lo que decidan dos personas en un despacho. Esas prácticas sin complejos que el PP y el PSOE (ahora, con el concurso de Unidas Podemos) llevan décadas practicando han ido abriendo un agujero negro en el que el prestigio de la política ha perdido muchos enteros. Como reacción, ha alumbrado peligrosos discursos tecnócratas, profundamente antidemocráticos, que florecen a través de las encuestas, las presiones externas o los populismos. PP y PSOE han tenido mucho tiempo para buscar mejores sistemas de elección de miembros para estos organismos. Y también para el CGPJ.
Sólo hay una cosa peor que un sistema pervertido: que un partido lo retuerza, pese a todo, provocando un daño mayor sólo para sacar más tajada aún. Y eso, ni más ni menos, es lo que ha ocurrido aquí.
El PP se pasó meses y meses en el bloqueo de la renovación de todas las instituciones. En pack. Los motivos eran varios: la presencia de Pablo Iglesias en el Ejecutivo, el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general, los pactos con partidos independentistas (incluidos los “bilduetarras”), cualquier comentario sobre el emérito o Felipe VI y, finalmente, la ley del CGPJ, avalada por el Constitucional y vigente desde hace más de 30 años. Fue incluso a Bruselas a advertir de que la separación de poderes y la democracia estaba en peligro por el ataque sin precedentes de un Gobierno que se limitaba a proceder… ¡exactamente como todos los anteriores!
Todo era mentira, porque un día Pablo Casado se levantó, acudió a las 9:00 al Congreso y dijo en una sesión de control como golpe de efecto que ahora ya sí. Que ahora ya le apetecía. Que nos olvidásemos de todo lo anterior. Algunos periodistas empezaron a hacer de la necesidad virtud, y aceptaron, cuando no crearon, ‘relatos’ (léase “explicaciones interesadas”) de jugada maestra. “Pablo Casado pone la pelota en el tejado de Pedro Sánchez”. “Casado demuestra su voluntad de desbloqueo”. “Ahora se verá quién bloquea”. Pero, ¿por qué ahora y no antes? Pura arbitrariedad. ¿Por qué hemos de creer que el CGPJ no se desbloqueará del mismo modo (es decir, como siempre)? Sólo depende de que Pablo Casado se levante un día con buen pie y decida que esa mañana es buena para cumplir la Constitución, que pone plazos a una renovación que ya lleva tres años de retraso.
La segunda, en la frente. El PP que tanto quiere “despolitizar” ha propuesto para el Constitucional a Concepción Espejel, “querida Concha”, una jueza con clarísimos vínculos con María Dolores de Cospedal y el partido y recusada en varias ocasiones por ese motivo. Alguna de ellas junto a Enrique López, otro juez muy independiente, tanto que ha colgado la toga y ahora es consejero en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y responsable de Justicia del PP, con asiento en la dirección del partido.
El otro propuesto es Enrique Arnaldo, que impartió más de 150 cursos y ponencias en la Fundación FAES (otro día hablaremos de los otros trabajillos de algunos jueces), que estuvo imputado por cobrar del Gobierno balear y hacer pagos a Jaume Matas y que aparece en las escuchas de Lezo. “Estoy moviéndome para que el nuevo que sustituya a esta señora sea bueno”, le dijo a Ignacio González, hoy en prisión.
“Uno de nuestros objetivos es reforzar las instituciones y despolitizar los órganos judiciales para garantizar su independencia”, tuiteó Teodoro García Egea para glosar la “independencia” de los candidatos. ¡Misión cumplida! El PP justifica esa despolitización en que los propuestos no tienen carné de ningún partido, no han cobrado de ninguno y tampoco han ocupado un alto cargo en un Gobierno. Con qué poco nos conformamos. Como si no hubiera jueces que quieren ser políticos, periodistas que quieren ser políticos o políticos que quieren ser todo lo anterior.
Ver másUn PSOE con los decibelios bajo control
Que conste: tanto el PP como el PSOE (ahora, con el concurso de Unidas Podemos) llevan demasiado tiempo pervirtiendo un método de elección perfectamente legal. También el PSOE ha incurrido en comportamientos que, por muy legales que sean, no deberían ser aceptables. Pero el PP ha ido más allá, primero imponiendo un bloqueo arbitrario y después cobrándose un desbloqueo que nunca debería haberse producido con la elección de dos magistrados que nunca deberían haber optado a esos puestos. Y, encima, pueden reivindicarse como artífices del desbloqueo y sacudirse las crecientes críticas de partido antisistema tras haber demostrado que la ley y los plazos que contiene dependen de intereses particulares. Jugada redonda.
La política ha cambiado. Tanto en la exigencia a los políticos como en la representación de los ciudadanos. Los tiempos dorados del bipartidismo han quedado atrás y hay quien, en los estertores de unas formas que no acaban de morir (frente a otras que no acaban de nacer) se abona al bloqueo para lograr a través de él lo que no le han dado las urnas. El que bloquea manda, incluso pese a la credibilidad del sistema.
Es hora de desterrar las prácticas bipartidistas (y sus chantajes) en un Congreso que hace tiempo que es mucho más plural y variado. Porque el problema no es la política, ni la politización (¡bienvenida sea como interés en lo público!) sino el partidismo y el bloqueo. Flaco favor le hacen esas amenazas al “pueblo español” del que, si se cumpliese de verdad el espíritu de la Constitución, emanarían sin ser cuestionados los poderes del Estado.
La Constitución reserva a las Cortes Generales la elección de los miembros del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas o la del Defensor del Pueblo. Es así por un motivo elemental. Vivimos en una democracia, el poder es del “pueblo español” y de él “emanan los poderes del Estado”. Lo dice así (no por casualidad) el primer artículo de la Carta Magna. No dice, en cambio, que los elegidos sean “los mejores” (¿eso quién lo decide?), que tengan un “perfil técnico” o la vocación de “despolitizar” las instituciones, también por un motivo elemental. Vivimos en una democracia y la Constitución le confía ese poder al pueblo a través de sus representantes. Los requisitos, cuando los hay, son muy básicos de manera que muchos puedan ser considerados y, de nuevo, sean los ciudadanos los que decidan.