Una vez más, Carlos Lesmes, el presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y presidente del Tribunal Supremo, cuyo mandato caducó en 2018, ha inaugurado la nueva temporada judicial. La novedad es que ha amagado con renunciar en unas semanas si los partidos no resuelven la situación cancerígena de dicho organismo. Esto, dicho así, es loable y sería un acto de honestidad profesional e institucional, si no fuera porque lo dice casi cuatro años después de lo que correspondía. En todo caso, del dicho al hecho puede haber un largo trecho. Me ha recordado, debo decir, a ese “héroe” de las películas cómicas que antes de atacar al rival reclama: “sujetadme, sujetadme que lo mato”. Sencillamente, es tan poco creíble como su fallido intento de dar una imagen de equidistancia entre gobierno y oposición, pues se contradice con su carrera “política”. Sí, ha leído bien, su carrera “política”.
Entre 1996 y 2005 Lesmes ocupó sendos cargos en los gobiernos de José María Aznar. Su nombramiento como presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ se produjo en 2013, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy. A través de Carlos Lesmes, el Partido Popular ha hecho y deshecho en nombramientos –y vetos– de jueces y en la forma de aplicar las directrices judiciales (cuasi políticas a veces).
De ahí que el discurso del presidente en esta apertura del año judicial suene trapacero. Veamos algunos ejemplos que no tienen desperdicio:
“… La Justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey”.
Efectivamente, así lo dice la fórmula constitucional utilizada para nombrar a los miembros del poder judicial. Además, en el sistema de elección intervienen las distintas fuerzas parlamentarias. Pero este parón de cuatro años sin renovar el órgano no refleja la nueva realidad salida de las urnas por expreso deseo de los ciudadanos. Es decir, la voluntad del pueblo, del cual emana el mandato judicial, y con mayor razón el órgano de gobierno de los jueces, ha sido apartada de tan importante decisión manteniendo una realidad anterior (2013) y desfasada (desde 2018).
En su discurso, Lesmes dijo sobre Cataluña y los juicios al procés:
“La fortaleza de nuestro Estado de Derecho en aquel momento y la actuación posterior de los jueces a raíz de las querellas presentadas por la Fiscalía General del Estado sirvieron para preservar nuestra convivencia y garantizar la primacía de nuestra Constitución…”
Cierto es que la justicia se vio forzada a lidiar con un asunto preeminentemente político, quitándole de encima el problema a Mariano Rajoy, que había demostrado su incapacidad de resolverlo debido a su desidia y la cerrazón de los independentistas. Cuando la bola de nieve creció y era imparable, la desvió al poder judicial. Agravó un conflicto que debería haberse resuelto de otra manera y contribuyó a ahondar la brecha en el seno de la sociedad catalana. Desde el principio, numerosos juristas dimos nuestra opinión sobre la ausencia de sedición o de rebelión. Pero había que impartir un castigo ejemplar; quien manda, manda, y si hay que demostrarlo se demuestra con una buena lección de lawfare. El derecho a veces vale para un roto o un descosido, aunque su instrumentalización pueda producir efectos muy nocivos.
Como Lesmes ha recibido multitud de críticas por este tema, no perdió ocasión para defenderse. Sobre la “desjudicialización” del conflicto dijo:
“Se habla así, sin rubor alguno, de la necesidad de huir de los jueces que garantizan la aplicación de la ley como fórmula de solución pacífica y ordenada de las controversias, como si fueran éstos los que hubieran provocado los conflictos con sus actuaciones en defensa de la legalidad …”
Bueno, cada cual se justifica como puede. Para completar el ciclo de frases hechas viene aquí a cuento otra: “el que se pica ajos come”.
El derecho a veces vale para un roto o un descosido, aunque su instrumentalización pueda producir efectos muy nocivos
Entrando en materia, afirmó Lesmes:
“…El modelo de elección exclusivamente parlamentaria de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, sin participación determinante de los propios jueces, tiene casi cuarenta años de existencia en nuestro país …”
Pero, hábil fajador, encendió una vela a Dios y otra al diablo:
“…Hoy, sin embargo, hay que admitir que este modelo se ha instalado en una crisis de difícil salida por la permanente falta de entendimiento de los grupos políticos mayoritarios y por no corresponderse además con los estándares europeos en materia de consejos judiciales…”
Léase en la referencia a los “estándares europeos” la aspiración de las asociaciones profesionales de jueces, mayoritariamente conservadoras, de cortar el bacalao. Aquí lo dejó aún más claro:
“… Es indudable que la elección parlamentaria proporciona al Consejo una especial legitimidad … pero no es menos cierto que dicho modelo genera una percepción negativa, muy generalizada, de politización, de manejo interesado por los políticos (...) La reforma es por tanto ineludible y deberá abordarse con la mayor urgencia posible …”
Queda muy clara la preferencia de Lesmes, idéntica a la de sus colegas conservadores. En este punto y como se había retratado, Lesmes intentó echar balones fuera:
“…Así, desde algunos sectores se ha venido propugnando la renuncia colectiva de los vocales y del presidente del Consejo (…) De producirse esa renuncia colectiva, tal comportamiento sería irresponsable e inaceptable desde la perspectiva ciudadana y de la Carrera Judicial, pudiendo dar lugar además a responsabilidades de distinta naturaleza…”
¿En serio? ¡Hombre, don Carlos! ¿De verdad cree que lo responsable es mantenerse en funciones por más de cuatro años? Esto más que otra cosa, lleva a reflexionar sobre los importantes asuntos en juego para el Partido Popular, como los incontables juicios por corrupción en su contra, de modo que vienen bien los nombramientos de jueces afines, o como la rebeldía anunciada y consumada el pasado jueves de sus ocho vocales que, curiosamente, mejor coinciden con las ansias del PP, en no renovar el Tribunal Constitucional. Y, que, de momento, han logrado con ello atrasar sine die la elección.
Después hizo referencia a una ley que tiene clavada:
“…Me refiero a la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo (…) impide, entre otros nombramientos, los de magistrados del Tribunal Supremo y de los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, de los de sus Salas y de las Audiencias Provinciales …”
Llegamos al quid de la cuestión, porque esa ley limitó la barra libre de nombramientos para un CGPJ con mandato caducado y eso sí que les ha dolido hasta hoy. Sin esa ley, dichos nombramientos habrían sido, una vez más, netamente conservadores como consecuencia de la mayoría prolongada en el tiempo por el PP, de vocales de ese signo. Continuamos:
“… Apenas un año después (…) la Ley Orgánica 8/2022 vuelve a modificar la Orgánica del Poder Judicial para apoderar de nuevo al Consejo General del Poder Judicial en funciones en lo relativo al nombramiento de los dos Magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde designar…”
Clama por la solución, pero no aporta nada para lograrla, salvo la amenaza diferida de dimisión. Si a estas alturas el presidente en funciones no ve la necesidad de evitar el colapso del Tribunal Constitucional, apaga y vámonos. Con este tipo de comentarios ha dado alas sin duda a la postura de sus ocho vocales rebeldes, que han visto que el monte es todo orégano. En ese ejercicio de maestría dando una de cal y otra de arena, aseveró también:
“… Ciertamente, el Tribunal Constitucional es un órgano nuclear en nuestro sistema político-constitucional, de manera que solo podemos valorar positivamente que el legislador haya decidido volver sobre sus pasos para que el Consejo General del Poder Judicial recupere sus competencias y se pueda producir la renovación parcial de sus miembros en el plazo establecido en la Constitución…”
Alcanzamos el culmen del discurso cuando Lesmes, cual Poncio Pilatos, se lava las manos y, dirigiéndose al monarca, le asegura que él (Lesmes) no tiene que ver con lo que sucede.
“…Llegados a este punto, MAJESTAD, es necesario preguntarse hasta dónde llega la responsabilidad de quien preside el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial cuando se está produciendo un deterioro como el que se ha expuesto.”
¡Ahí queda eso!
A partir de ahí lanzó la invocación:
“…Solicito pública y solemnemente al presidente del Gobierno de España y al jefe de la Oposición, máximos responsables de los partidos políticos con mayor representación parlamentaria, que se reúnan con urgencia y lleguen a un acuerdo …”
Eso, que ellos hagan algo, que yo no puedo hacer nada ¿o sí? Entonces, emitió su enigmático ultimátum:
“…De no ser atendido este llamamiento que hoy hago, será preciso reflexionar sobre la adopción de otro tipo de decisiones que ni queremos ni nos gustan.”
¿Cuatro años en funciones y sólo ahora se pone a reflexionar qué puede hacer para cambiar esta situación? Bueno, más vale tarde que nunca. Bien, enhorabuena, pero sobran, en mi opinión, las desafortunadas palabras que siguieron:
“…Esta petición también pretende ser una llamada de atención a una sociedad que pareciera aletargada ante el deterioro de nuestro Estado de Derecho …”
Esta es la gota que colma el vaso de los despropósitos. ¿Acusa a la sociedad de estar adormecida cuando, señor Lesmes, lleva más de cuatro años de siesta continua y sólo ahora se plantea ver qué puede hacer? Mejor deje de echarle la culpa al maestro armero. Usted habla de los intereses partidistas de los demás, pero no suelta ni una palabra sobre los suyos. Alguna ventaja le habrá debido reportar la permanencia durante estos cuatro años para aferrarse de este modo al cargo ¿no? Y continuar en él, contra viento y marea, sin importar tantas perturbaciones sufridas por la institución, por sus operadores y por los ciudadanos, que son los que de verdad recibimos todas las bofetadas.
Mucho me temo, señor Lesmes, que con su discurso se ha degradado y de ser el guardián de la independencia judicial, se ha convertido en su principal amenaza.
Baltasar Garzón Real, jurista y presidente de FIBGAR
Una vez más, Carlos Lesmes, el presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y presidente del Tribunal Supremo, cuyo mandato caducó en 2018, ha inaugurado la nueva temporada judicial. La novedad es que ha amagado con renunciar en unas semanas si los partidos no resuelven la situación cancerígena de dicho organismo. Esto, dicho así, es loable y sería un acto de honestidad profesional e institucional, si no fuera porque lo dice casi cuatro años después de lo que correspondía. En todo caso, del dicho al hecho puede haber un largo trecho. Me ha recordado, debo decir, a ese “héroe” de las películas cómicas que antes de atacar al rival reclama: “sujetadme, sujetadme que lo mato”. Sencillamente, es tan poco creíble como su fallido intento de dar una imagen de equidistancia entre gobierno y oposición, pues se contradice con su carrera “política”. Sí, ha leído bien, su carrera “política”.