El genial cineasta Luis Berlanga hubiera obtenido un excelente guion el jueves pasado plasmando los acontecimientos que se sucedieron en el Congreso de los Diputados con motivo de la convalidación de la reforma laboral. Ya saben todo lo ocurrido: de una parte, dos diputados de Unión del Pueblo Navarro contravinieron el compromiso de su partido de votar favorablemente y se apuntaron al frente unido del PP, Vox, ERC, Bildu y otros que querían tumbar la norma. Curiosos compañeros de viaje para unos políticos con ideologías tan diversas. Y, cuando todo estaba perdido y el resultado final abocaba inevitablemente a la derogación, saltó la sorpresa del voto errático de un diputado del PP, casi como un verso suelto, apoyando la aprobación legislativa.
Lo cierto es que tal situación se convirtió en el foco de la noticia mientras otros importantes asuntos también aprobados en ese mismo día quedaban cubiertos por el velo de la indiferencia. No eran temas baladís. Voy a señalar solo dos:
El Pleno del Congreso aprobó el jueves la ley que sanciona con penas de prisión a aquellos que acosen a las mujeres que acuden a una clínica para interrumpir su embarazo, para alboroto disgustado de las asociaciones “pro vida”, y su portavoz, el popular Jaime Mayor Oreja, de su partido (PP) y de Vox. A la derecha extrema probablemente le vino bien que no se difundiera en exceso este varapalo a su batalla por devolver a la noche de los tiempos todo lo relacionado con los derechos de las mujeres y este derecho en particular.
El otro capítulo aprobado ese mismo día en el Pleno y asimismo invisibilizado fue la ratificación por amplia mayoría del dictamen de la comisión de investigación sobre el caso Kitchen. El resultado es que se señala al presidente del PP y líder de esa formación cuando sucedieron los hechos, Mariano Rajoy, y a su número dos, María Dolores de Cospedal, como máximos responsables políticos de la citada operación que trata del espionaje ilegal al tesorero del partido Luis Bárcenas, siendo ministro Jorge Fernández Díaz. Todo ello realizado con medios humanos del Ministerio del Interior y financiación a cargo de los fondos reservados. El PP debe estar dando palmas con las orejas de que el visto bueno al dictamen haya pasado desapercibido gracias al jaleo provocado en su mayor parte por ellos mismos.
La mentira
Ahora vamos a lo ocurrido. Partimos de una mentira, concepto para el que me acojo a la definición de Heidegger quien enuncia que la verdad tiene que ver, sobre todo, con la fidelidad, la veracidad, la autenticidad de la palabra dada y con la promesa de cumplimiento del futuro anunciado. Esa ausencia de verdad la ejercieron los dos diputados de UPN que, tras asegurar que cumplirían la directriz de su partido apoyando la reforma, cambiaron su voto de forma sorpresiva (al menos para un amplio sector de la cámara). Las posteriores excusas, débiles y poco convincentes, se hacían añicos ante las declaraciones del presidente de su partido, Javier Esparza, quien dijo, contundente, que se trataba de una decisión de la ejecutiva del partido, que se les había comunicado, que habían acordado el sentido favorable de su papeleta y que fuera de historias electorales y partidistas, se trataba de apoyar una reforma acordada por sindicatos y empresarios. “Nos han engañado a todos”, dijo Esparza. Así que tienen difícil perdón.
El engaño y la treta
Utilizaron la mentira para dar apariencia de verdad, es decir, para lograr el engaño mediante una treta. En este caso, consistió en asegurar hasta el último momento a los miembros del gobierno de coalición que su postura sería la acordada para luego hacer todo lo contrario. Las razones invocadas carecen de toda lógica. Arguyeron su incapacidad ética para apoyar a un ejecutivo cuyos socios eran ERC o Bildu, pero tal argumento fue despreciado por su presidente Esparza cuando afirmó que de haberse derogado la reforma “ahora (estos dos diputados) lo estarían celebrando con Bildu y ERC”. Siguiendo la mecánica del engaño. ¿Qué buscaban conseguir? Si existe algún interés político para que el PSOE y UP muerdan el polvo, procede sin duda del principal partido de la oposición. La palabra Tamayazo sobrevolaba el hemiciclo, en recuerdo de los dos diputados tránsfugas del PSOE que facilitaron con su abstención en 2003 la repetición de elecciones a la asamblea de Madrid que dio la victoria a Esperanza Aguirre.
El descalabro
Junto a la mentira y el engaño, apareció el descalabro, entendido como el deterioro, pérdida, daño o perjuicio muy grave producido por un contratiempo. En este caso el contratiempo fue primero para el Gobierno de coalición cuando, al contar los votos, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, se descolocó durante unos instantes y dio por derogada la ley, para alborozo y felicidad de la oposición en su conjunto (se comentó más tarde que miraban sonrientes a los diputados navarros indisciplinados, como si ya estuviera prevista su traición). Mientras, se extendía el desconcierto en el banco azul y las imágenes recogían una expresión descoyuntada de los líderes de PNV -en especial- y de ERC -en buena parte-. Fueron 40 segundos agónicos hasta que el mismo descalabro afectó a los otros, es decir a PP, VOX y sus seguidores en esta votación. La alegría cundió entre socialistas, Unidas Podemos y otros partidos favorables a la ley. El PP empezó a gritar contra el giro de los acontecimientos. Se diría que en sus planes entraba que resultara el rechazo a la norma, pero no esta conclusión.
La chapuza
Sobre todo, las matemáticas indicaban que había un voto errático, que de ser un ‘no’ se había transformado en un ‘sí’. El intento de la portavoz del PP, Cuca Gamarra, de intervenir en el pleno de manera extraordinaria dio algunas pistas de por donde podía darse respuesta al interrogante. Y llegamos ahí a la chapuza. Un diputado cacereño, investigado por presunta prevaricación, hombre de partido desde el primer día, Alberto Casero Ávila, erró el sentido del voto telemático que emitió. Pero es que volvió tenazmente a equivocarse contra su propio partido en otras tres ocasiones más ese mismo día. Este personaje, para muchos, desconocido, es segundo de a bordo de Teodoro García Egea, quien a su vez y como es sabido es segundo de Pablo Casado. Alberto Casero se encontraba indispuesto con gastroenteritis, se dijo. En su casa votó lo contrario de lo que debía, según las directrices de los suyos. Dijo que ’sí’ cuando tenía que haber dicho ‘no’. La reforma laboral quedaba convalidada gracias a la metedura de pata que el PP niega vehementemente, intentando por todos los medios que el diputado volviera a votar, alegando fallo técnico, denunciando pucherazo, tongo, conculcación de los derechos fundamentales de su señoría, amenazando con acudir al Constitucional con el apoyo incondicional de Vox.
Mezquindad
Pero para mí, los teatrales hechos del jueves 3 de febrero de 2022 pasan a los anales parlamentarios no sólo por el engaño, la treta y la chapuza, sino por algo todavía más grave y más de fondo. ¿Por qué hay que estar ofreciendo siempre algo a cambio para que sus señorías apoyen lo que es bueno para todos los agentes sociales y que ha sido fruto del consenso? ¿Por qué tenían que votar en contra y no tuvieron la decencia de abstenerse? ERC y Bildu, socios de investidura, podrían haberse abstenido, con lo que escenificarían suficientemente su molestia por no haber logrado rascar todavía algo más al gobierno. El PP, aunque era menos probable, también podría haber ejercido la abstención y no votar en contra, valorando así el acuerdo entre los agentes sociales, poniendo por delante un sentido de Estado y manifestando al mismo tiempo su oposición al gobierno al no apoyar explícitamente algo de lo que no han sido protagonistas. Y VOX, bueno, de estos últimos nunca cabe esperar nada positivo.
¿Por qué hay que estar ofreciendo siempre algo a cambio para que sus señorías apoyen lo que es bueno para todos los agentes sociales y que ha sido fruto del consenso?
Fueron demasiados los políticos que, sin ningún reparo, intentaron tirar por tierra un acuerdo histórico y a la vez necesario, no solo para mejorar las condiciones laborales de nuestros compatriotas en mayor grado de precariedad, sino también para que los empresarios tengan instrumentos no lesivos para resolver situaciones complicadas que no pueden asumir y, todavía más, necesario como obligada condición para la llegada de los fondos europeos. No hay justificación posible para la negativa, ni menos para todas las artimañas empleadas para evitar la aprobación de la reforma laboral.
Todos quienes votaron en contra, arropados por intereses espurios, inconfesables o incomprensibles, y que se supone están en las antípodas ideológicas, se dieron la mano con el objetivo de perjudicar al gobierno, alentados por la mezquindad, es decir, por su falta de generosidad y ausencia de nobleza de espíritu.
Baltasar Garzón es presidente de FIBGAR.
El genial cineasta Luis Berlanga hubiera obtenido un excelente guion el jueves pasado plasmando los acontecimientos que se sucedieron en el Congreso de los Diputados con motivo de la convalidación de la reforma laboral. Ya saben todo lo ocurrido: de una parte, dos diputados de Unión del Pueblo Navarro contravinieron el compromiso de su partido de votar favorablemente y se apuntaron al frente unido del PP, Vox, ERC, Bildu y otros que querían tumbar la norma. Curiosos compañeros de viaje para unos políticos con ideologías tan diversas. Y, cuando todo estaba perdido y el resultado final abocaba inevitablemente a la derogación, saltó la sorpresa del voto errático de un diputado del PP, casi como un verso suelto, apoyando la aprobación legislativa.