"Lo llaman democracia y no lo es". Este conocido lema del 15M, tomado del carismático cantante Evaristo, de La Polla Records, no ha dejado de extenderse en la sociedad, hasta definir hoy en día el sentimiento más común para una aplastante mayoría de ciudadanos, independientemente de sus opiniones políticas. Efectivamente, en 2019, el 82% de los españoles otorgaba un suspenso al funcionamiento de la democracia actual al considerar, según una encuesta de la Fundación BBVA, que los políticos dedican más atención a sus propios intereses y a los de grandes grupos económicos que a los intereses de la sociedad. Tras la primera ola de la crisis del covid, 9 de cada 10 españoles desean ahora que la reconstrucción se haga dentro del marco de un pacto de Estado basado en un amplio acuerdo político y social, centrado realmente en el interés colectivo.
¿Pero qué puede garantizar que el interés colectivo sea el criterio verdaderamente primordial en la acción pública? Sin duda, que las decisiones se tomen lo más cerca posible y capten de la forma más nítida posible lo que piensa la gente. En este sentido, y ante la emergencia climática, movimientos internacionales como Extinction Rebellion han hecho de la Asamblea Ciudadana su tercera demanda. En España, tras finalizarse el confinamiento, el colectivo XR cubrió de zapatos varias plazas emblemáticas de las principales ciudades del país, para visualizar la responsabilidad con las generaciones futuras, exigiendo participación ciudadana en la reconstrucción post-covid y en la necesaria transición ecológica. Las asambleas ciudadanas ya se han concretado en Reino Unido y Francia como una etapa decisiva para renovar la democracia y orientar los cambios drásticos que reclaman tanto la emergencia climática como la crisis masiva provocada por la pandemia.
Extinction Rebellion Europa lo reclama a cada uno de los Estados europeos y también al Parlamento Europeo: les pide que cumplan con las recomendaciones recientes del informe de la OCDE Democratic wave (junio 2020). La democracia directa real debe integrarse, reforzar y refundar el sistema de democracia representativa, para reducir la profunda ruptura entre la ciudadanía y sus representantes políticos, en el contexto de una crisis ecológica, ambiental, política, social y económica sin precedente.
¿De quién es la democracia hoy?
El actual modelo de partidos políticos, presionado por empresas y otras partes de interés, con sus puertas giratorias y su corrupción endémica, no ha sido capaz de eliminar de raíz las causas que provocan el cambio climático, la destrucción masiva de ecosistemas y la continuidad de la vida de miles de especies, incluida la humana.
En España, como en el resto de Europa, es evidente la alargada sombra del poder económico sobre la acción pública. Así las cosas, el 20 de febrero de este mismo año la Comisión Europea contrató a BlackRock, el mayor gestor de fondos de inversión del mundo, con una cartera que supera en 5 veces el PIB de España y con fuertes intereses en la industria del petróleo, para que le asesore a la hora de definir normas medioambientales para la banca y las entidades financieras europeas. De esta manera, Bruselas le encargó al lobo la vigilancia de las ovejas. El mismo lobo también vigila muy de cerca a los políticos en España. Nada más formarse el gobierno de Sánchez, Blackrock y Blackstone presionaron hasta impedir una medida con la que se pretendía limitar el alza desproporcionada de los precios de los alquileres.
Estos son los hechos reales, hard facts, que demuestran que la opinión pública, masivamente crítica con los partidos políticos, tiene toda la razón. No es democracia y el contrato democrático está en muy mal estado, por no decir roto, porque los intereses de unos muy pocos son los que priman sobre la supervivencia de todos. La ciudadanía, plenamente consciente de la amenaza mortal que supone la emergencia climática, es ahora mismo el único actor capaz de emanciparse de esta tutela, para organizar la defensa democrática del derecho a la vida de las generaciones presentes y futuras.
¿Qué es la Asamblea Ciudadana y por qué funciona?
El pasado 21 de enero de 2020 el Gobierno de Pedro Sánchez declaró el estado de emergencia climática. La declaración contenía 30 medidas de acción climática, comprometiéndose el Ejecutivo a poner en marcha cinco de ellas en los primeros 100 días de gobierno. Entre estas cinco medidas destacaba la creación de una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático. El pasado 19 de junio, a punto de finalizar el estado de alarma, la vicepresidenta Teresa Ribera aplaudió, en un anuncio demasiado discreto, las resoluciones de la Asamblea Ciudadana francesa y anunció que pensaba "relanzar pronto la iniciativa" en España.
La primera ventaja de la Asamblea Ciudadana es la independencia real: se compone de unas 150 personas seleccionadas por un sorteo representativo que refleja la realidad social del país. Con este modo de selección, la Asamblea Ciudadana funciona fuera del ámbito de influencia económica de los lobbies, de los grupos de presión y de las lógicas de intereses políticos partidistaslobbies,. Upton Sinclair decía: "Es difícil hacer que un hombre entienda algo cuando su salario depende de que no lo entienda". Y si los que están diseñando ahora la sociedad del futuro están siendo los de siempre en función de los intereses de siempre, lo más probable es que nos lleven otra vez donde siempre.
La segunda clave de la Asamblea Ciudadana es la transparencia y la visibilidad: gente de la calle, debidamente informada por científicos y académicos independientes, actores sociales y ONGs deliberan sobre la situación de emergencia climática y social, proponiendo acciones basadas en criterios de justicia social y de interés colectivo. Estas deliberaciones y sus resoluciones finales se retransmiten en canales televisivos públicos y son visibles para el resto de la ciudadanía, que también puede participar mediante una plataforma digital.
Las dos asambleas celebradas este año en Francia y en Reino Unido son éxitos democráticos rotundos, cuyas conclusiones han sido plenamente respaldadas por todos los colectivos militantes ecologistas y sociales. Esta nueva forma de participación democrática directa en asuntos de política general de máxima importancia ha contribuido notablemente a que en los dos países se hable de emergencia climática y de justicia social, generando nuevas dinámicas y demandas mucho más exigentes. Sus límites actuales son los que impone el sistema representativo al no asegurar el carácter vinculante de las resoluciones de la ciudadanía. Y aceptando que con el sistema representativo actual no se garantiza el carácter vinculante de las resoluciones adoptadas por la Asamblea Ciudadana, no cabe duda de que los poderes del Estado tienen muy difícil justificar frente a la ciudadanía el incumplimiento de sus mandatos.
En España, desde que el Gobierno de Sánchez anunciara en enero la creación de una Asamblea Ciudadana para el Clima, no se han dado pasos necesarios para constituir una Asamblea Ciudadana que no sea un simulacro de democracia directa. Nos preocupa que, en su formulación inicial, la propuesta del Gobierno no tuviera ningún contenido concreto. Nos alarma igualmente que, de momento, los grupos ecologistas tradicionales hayan mostrado el mínimo interés en exigirla. Es necesaria la alianza de todas las militancias para abrir una nueva forma de contacto directo con la ciudadanía y reclamar tanto la independencia de la organización como la formulación de los objetivos concretos de la Asamblea, tal como lo hicieron en Reino Unido los principales movimientos verdes, o en Francia 22 ONGs y sindicatos, en el llamado "Réseau Action Climat" (Red de Acción por el Clima).
Sin embargo, por las razones ya apuntadas, parece que una Asamblea Ciudadana sigue siendo mucho más que una buena idea: en la gravísima crisis actual, es el principal camino que nos queda para reconstruir una democracia real y construir asimismo un futuro sostenible y compartido con la mayoría de la gente.
Para encarar esta década decisiva para la supervivencia de la humanidad, nos encontramos ante el pronóstico de Einstein: "El mundo no será destruido por aquellos que hacen el mal, sino por aquellos que lo observan y no hacen nada".
La Asamblea Ciudadana para la emergencia es el espacio en el que la gente puede actuar colectivamente para la defensa del mayor bien común: el derecho a la vida digna. Con una herramienta eficaz de participación ciudadana directa, España podría salir del actual atolladero partidista y encontrar un punto de apoyo muy legítimo en la participación popular, para mover las estructuras actuales que condicionan a la vez la confiscación de la democracia y la inacción climática.
La pandemia ha sido un serio aviso y lo sigue siendo: es un ensayo descomunal para lo que puede suceder con la emergencia climática. Necesitamos actuar ya frente a esta otra gran amenaza, para poder aunar democracia y participación directa con reconstrucción social y económica e imperativos vitales de transición ecológica profunda.
España debe ser el referente mundial en cómo enfrentar democráticamente el futuro y encarar la reconstrucción ecológica post-covid, todo ello en un entorno frágil y vulnerable como el mediterráneo, donde las actuaciones contra la emergencia climática en reducción de emisiones y en adaptación al calentamiento global deberían ser modélicas.
Avancemos para que lo que llamamos democracia lo sea de verdad.
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Avancemos.
_________________Agnès Delage es miembro de
Agnès Delage Extinction Rebellion Europa, Pepe Campana es ingeniero industrial y Fernando Prieto forma parte del Observatorio de la Sostenibilidad Pepe CampanaFernando PrietoObservatorio de la Sostenibilidad
"Lo llaman democracia y no lo es". Este conocido lema del 15M, tomado del carismático cantante Evaristo, de La Polla Records, no ha dejado de extenderse en la sociedad, hasta definir hoy en día el sentimiento más común para una aplastante mayoría de ciudadanos, independientemente de sus opiniones políticas. Efectivamente, en 2019, el 82% de los españoles otorgaba un suspenso al funcionamiento de la democracia actual al considerar, según una encuesta de la Fundación BBVA, que los políticos dedican más atención a sus propios intereses y a los de grandes grupos económicos que a los intereses de la sociedad. Tras la primera ola de la crisis del covid, 9 de cada 10 españoles desean ahora que la reconstrucción se haga dentro del marco de un pacto de Estado basado en un amplio acuerdo político y social, centrado realmente en el interés colectivo.