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En tiempos de crisis, los políticos recurren a los expertos económicos para pedirles un diagnóstico de las dificultades económicas y soluciones a las mismas. Esta tendencia es todavía más fuerte cuando la crisis es resultado de una mezcla compleja de factores financieros, monetarios y fiscales, tal y como sucede actualmente en España y, más en general, en el conjunto de la eurozona. En el límite, los propios expertos son elegidos para puestos del más alto nivel, según hemos podido ver recientemente con el nombramiento de primeros ministros tecnócratas como Mario Monti en Italia y Lucas Papademos en Grecia. A su vez, los amplios poderes que se otorgan al Banco Central Europeo se basan en su supuesta competencia técnica en materia de economía. Este patrón de delegación del poder a decisión a los expertos refleja una creencia en la existencia de soluciones “técnicas” a los problemas económicos.
Un problema con los expertos es que rara vez están de acuerdo. Por una parte, se encuentran aquellos que, como los Premios Nobel Paul Krugman y Joseph Stiglitz, critican las políticas de austeridad fiscal a ambos lados del Atlántico. Por la otra, están aquellos otros que, como el economista alemán Hans-Werner Sinn, consideran que los rescates de Grecia, Portugal e Irlanda han sido excesivos.
En principio, ciudadanos y políticos querrían saber si hay consenso en la comunidad de expertos. Cuando hay un consenso abrumador, como ocurre entre los científicos expertos en clima a propósito de la tesis de que el calentamiento global está causado por las emisiones de origen humano de dióxido de carbono, la opinión de los expertos se convierte en la base para la acción política. En este sentido, una de las dificultades que surgen con respecto a los expertos es que no resulta fácil saber desde fuera cuál es el grado de consenso que hay entre ellos. Sólo los propios expertos lo saben. Además, cuando hay desacuerdo interno, los expertos no están seguros de cuánto apoyo tiene su opinión. Sabemos que la tentación de creer que la “razón científica” está de nuestro lado es muy fuerte.
Para hacernos una idea de cuál es la opinión dominante entre los economistas, vale la pena consultar la encuesta que realizó la Booth School of Business de la Universidad de Chicago (http://www.igmchicago.org/igm-economic-experts-panel). Desde 2011, la Universidad (dentro de la Initiative on Global Markets) viene preguntando a un grupo reducido de economistas de los mejores departamentos de economía de las universidades norteamericanas sobre los debates políticos de nuestro tiempo. Como suele ser habitual en estos casos, la encuesta tiene limitaciones, pues sólo representa a la élite de la profesión económica en los Estados Unidos (entre quienes se incluyen algunos prominentes economistas europeos que trabajan en los EEUU). Además, la encuesta parece diseñada más para destacar el consenso que para encontrar los verdaderos debates. Con todo, es un instrumento útil para hacerse una idea sobre el estado de la profesión económica.
Los economistas encuestados están de acuerdo sobre bastantes cosas. Por ejemplo, casi todos ellos comparten ciertas ideas sobre el libre comercio (mejora la eficiencia económica y las ganancias de los consumidores son superiores a las pérdidas de los trabajadores), lo cual no debería sorprender demasiado, pues es uno de los asuntos que mayor apoyo tiene en la profesión. Asimismo, hay consenso sobre otros muchos temas, como el rechazo de la política económica de Cuba, la oposición a la vuelta al patrón oro, el apoyo a la entrada de inmigrantes de alta cualificación en Estados Unidos, etcétera. Algunos investigadores han utilizado estos datos para concluir que hay un amplio consenso entre los economistas sobre las cuestiones más importantes.
Hay también cierto consenso sobre los problemas que afronta Europa. Los entrevistados están de acuerdo en que si se produce un colapso bancario en un país, podría haber un contagio más allá de las fronteras nacionales. De la misma manera, también piensan que los niveles crecientes de deuda pública pueden volverse insostenibles mediante un proceso de auto-refuerzo positivo. En diciembre de 2011, cuando los tipos de interés de la deuda soberana parecían crecer sin límite, los economistas afirmaron mayoritariamente que la deuda nacional italiana podía entrar con una probabilidad elevada en uno de esos procesos.
No obstante, cuando entramos en las políticas que deben llevarse a cabo, el grado de acuerdo es menor. Cojamos uno de los debates más importantes de la actualidad, el de la austeridad. La encuesta abordaba este asunto preguntado sobre los efectos del plan de estímulo de la administración Obama en 2009. Aunque los entrevistados estaban más o menos de acuerdo en que el estímulo había reducido la tasa de paro, se dividían en si los costes del plan de estímulo eran superiores o no a los beneficios. De la misma manera, se dividían casi a partes iguales sobre la conveniencia del rescate griego y sobre la cuestión de si los países del sur de Europa serán capaces de pagar sus deudas. La encuesta también se encontró con profundos desacuerdos sobre la política monetaria heterodoxa de la Reserva Federal, lo que parece indicar que algo similar se habría encontrado en la encuesta si esta hubiese preguntado por las políticas recientes del Banco Central Europeo.
En buena medida, en estos temas el desacuerdo es mayor porque hay también mayor incertidumbre. Así, en la cuestión de si es necesaria algún tipo de quita en la deuda soberana de los países periféricos de la UE (entre los que se incluye España) para que vuelva a haber crecimiento económico, una mayoría significativa de los economistas no supo o no quiso responder. Entre quienes sí dieron una opinión, se dividieron en partes iguales en torno a esta pregunta. Los mismos expertos que se mostraron de acuerdo con que la deuda pública italiana corría el riesgo de entrar en una espiral incontrolable, no estaban seguros de si había alguna posibilidad de que el gobierno italiano corrigiera la trayectoria de la deuda. Por tanto, el acuerdo en el diagnóstico no se traduce en un acuerdo sobre soluciones y recetas políticas.
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En suma, los expertos se ponen de acuerdo sobre los problemas que hay que analizar, pero rara vez en las soluciones. Si esto es así, no queda más remedio que concluir que el consenso que justificaría la deferencia para con los economistas expertos no existe. La resolución de la crisis de la eurozona se enfrenta a tanta incertidumbre que la opinión de los expertos no es más que una guía muy imperfecta. Aunque las decisiones políticas vengan envueltas en el lenguaje económico de un consenso técnico, el estado de la profesión económica no nos garantiza en absoluto que dicho consenso técnico tenga fundamento.
Tod Van Gunten es investigador postdoctoral en el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales del Instituto Juan March. Se doctoró en sociología en la Universidad de Wisconsin-Madison.
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