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La muerte de Margaret Thatcher el pasado 8 de abril provocó fuertes reacciones tanto entre sus seguidores como entre sus oponentes. Mientras que los primeros la ensalzaron como el mejor Primer Ministro en tiempos de paz de todo el siglo XX, sobre todo por su papel decisivo en salvar a Gran Bretaña de la decadencia económica, los segundos (entre los cuales se cuenta una minoría que celebró ruidosamente su muerte) la condenaron por reaccionaria y divisiva. Hubo un aspecto, no obstante, en el que todos se pusieron de acuerdo: durante sus once años en el poder, Thatcher tuvo un impacto enorme, para bien o para mal, en la política británica contemporánea.
Durante el periodo 1945-1951, el Gobierno laborista puso los cimientos del consenso de posguerra basado en el keynesianismo económico, la expansión de los servicios públicos, una intervención sustancial del Estado en la economía y el pleno empleo. Thatcher se propuso erosionar dichos cimientos. Alcanzó el poder en 1979, tras el “invierno del descontento” en el que las huelgas en el sector público arruinaron la credibilidad del gobierno laborista. Su ataque a los sindicatos y su determinación de reducir el papel del Estado mediante un programa radical de privatizaciones tuvieron un apoyo popular importante, incluso entre un número considerable de votantes de clase trabajadora.
Los efectos de estas estrategias han sido duraderos. Tras los conflictos brutales con los mineros y los trabajadores del acero a principios de los ochenta, los Gobiernos de Thatcher introdujeron una legislación restrictiva que disminuyera el poder de los sindicatos en los centros de trabajo. La militancia en los sindicatos se redujo desde el máximo histórico de 13,2 millones en 1979 a solo 9,8 millones en 1990 (y 7,5 millones en 2004). En 1978, el año anterior a la elección de Thatcher, el número de jornadas perdidas por las huelgas llegó a ser de 1,2 millones al mes. En 1990, su último año completo en el poder, dicha cantidad había bajado a solo 160,000 al mes. A su vez, la privatización de empresas y monopolios estatales no sólo contribuyó a que mucha gente se hiciera accionista, sino que también dejó fuera del juego político la estrategia de las nacionalizaciones.
No todo el mundo apoyó las reformas. El porcentaje de voto conservador en 1979 no fue excesivamente alto, el 43,9%, y en tan sólo dos años, cuando la tasa de paro se había doblado, el partido aparecía tercero en las encuestas. En octubre de 1981, la propia Thatcher era la política más impopular desde que las encuestas guardan registro, con una tasa de aprobación del 24%. Incluso tras la guerra de las Malvinas, que fue crucial para su carrera política, el voto conservador bajó en las dos siguientes elecciones, al 42,4% en 1983 y al 42,2% en 1987. Fueron las peculiaridades del sistema electoral británico, así como la escisión dentro de la oposición entre el partido laborista y el nuevo partido socialdemócrata, lo que le permitió tener amplia mayoría parlamentaria. Por lo demás, el apoyo popular a instituciones clave del Estado de bienestar se mantuvo fuerte (el Servicio Nacional de Salud nunca fue privatizado) y la oposición al “poll tax”, un tributo local extremadamente regresivo, reveló que muchos votantes (entre ellos también conservadores) mantenían intactas ciertas nociones básicas de justicia y solidaridad social.
En términos de desigualdad económica y social, el legado de Thatcher ha sido tremendo. El gasto público en Gran Bretaña se redujo significativamente durante su mandato, pasando del 45,1% del PIB en 1978-79 al 39,1% en 1989-90. Por su parte, el paro aumentó espectacularmente. La tasa de paro del 5,3% con la que se encontró en mayo de 1979 había subido al 11,9% en 1984. Entre febrero de 1983 y junio de 1987, más de tres millones de personas estuvieron sin empleo. Si bien el paro había bajado el 7,5% cuando abandonó el poder a finales de 1990, la tasa posterior ha permanecido, con ciertas fluctuaciones, en niveles muy superiores a los que hubo antes de su llegada al Gobierno: 10,7% en febrero de 1993, 8,3% en septiembre de 2011 y 7,9% en febrero de 2013. Los años de Thatcher, por tanto, supusieron el abandono definitivo de lo que había sido el compromiso firme y consensuado entre los dos grandes partidos de mantener el pleno empleo.
La tesis de que la era Thatcher marcó un punto de inflexión puede confirmarse con otros indicadores sociales y económicos. En general, la Gran Bretaña de los ochenta se transformó en una sociedad mucho más desigual y ha permanecido así desde entonces. Gran Bretaña registró la puntuación más igualitaria en 1977 (índice Gini de 0,239), en medio del difamado gobierno laborista del periodo 1974-79. Cuando Thatcher abandonó el poder en 1990 había subido a 0,339 (en 1996-97 se mantenía prácticamente igual, 0,333). Algo similar puede decirse sobre los niveles de pobreza, que aumentaron espectacularmente durante su etapa de gobierno como consecuencia del paro masivo y de los recortes a los beneficios sociales. Su Gobierno se ensañó con los sectores más vulnerables de la sociedad. El trato que recibieron los ancianos que dependían de las pensiones públicas fue especialmente abominable. La proporción de pensionistas que vivían en hogares con unos ingresos inferiores al 60% del ingreso mediano aumentó del 28% en 1979 al 39% en 1988-89. Con los niños aún fue peor: hubo un aumento pasmoso de su tasa de pobreza. La proporción de niños en hogares con ingresos menores al 60% del ingreso mediano pasó del 14% en 1979 al 31% en 1990-91 (y al 34% en 1996-97).
El encarnizamiento fue especialmente visible en la política de vivienda. Casi un millón de viviendas protegidas se vendieron bajo el mandato de Thatcher (a las que hay que sumar 316.000 más en el periodo de John Major). Esta venta no fue contrarrestada mediante la construcción de nuevas viviendas protegidas para todos aquellos que no podían permitirse acceder a la propiedad. En 1979, se construyeron 91,000 viviendas protegidas, un 43,5% de todas las viviendas nuevas de ese año. En 1991, en cambio, sólo se construyeron 23,400 viviendas protegidas, un mero 15% del total de casas construidas. Si en 1979 la vivienda pública representaba el 31% del stock total de viviendas, en 1991 el porcentaje había bajado al 23%. Una consecuencia brutal de esta política de reducción de viviendas accesibles fue el aumento masivo de personas sin techo durante los ochenta. De acuerdo con las propias autoridades municipales, el número de familias expulsadas de sus hogares y que necesitaba acceso a viviendas de acogida aumentó más del doble entre 1980 y 1990 (pasando de 72.210 a 163.809 en ese periodo). En conjunto, la tasa de pobreza casi se multiplicó por dos durante la etapa de Thatcher y Major: el porcentaje de gente que vivía con menos del 60% del ingreso mediano pasó del 13,7% en 1979 al 25,3% en 1996-97.
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Es importante señalar que el Gobierno laborista del periodo 1997-2000 no hizo mucho para revertir estas tendencias tan regresivas. A pesar de los éxitos iniciales de los laboristas en la lucha contra la pobreza infantil (luego difuminados por la crisis económica), la tasa global de pobreza en 2008-09, en el 22,2%, no era mucho más baja que la que dejaron los conservadores al abandonar el poder. Más sorprendente incluso es que Gran Bretaña se volviera aún más desigual con Blair y Brown: el coeficiente Gini en 2009-10, 0,357, era superior al del año en que Thatcher fue expulsada del Gobierno. No en vano se han descrito las tres sucesivas victorias electorales de Blair como la confirmación definitiva del impacto maligno y de largo alcance que tuvo Thatcher sobre la política y la sociedad británicas. Habrá que ver si el actual líder laborista, Ed Miliband, es capaz de formular un programa electoral de éxito basado en las tradiciones más progresistas del partido. --------------------------------
Andrew Richards en investigador senior en el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales del Instituto Juan March. Doctor por la Universidad de Princeton, es autor del libro 'Miners on Strike' (Berg, 1996). En la actualidad está escribiendo una biografía de Salvador Allende.
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