Los abogados que hicieron de Atocha un símbolo

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Eduardo Ranz

Alejandro Ruiz-Huerta escribió en 2002: “... Porque ante la muerte nadie vence; solamente la muerte. Por eso no tiene sentido la violencia”. Quien fue sobreviviente del asalto al despacho laboralista cuenta cómo, entre muchísimas secuelas, no ha vuelto a probar la Coca-Cola porque es el anuncio que vio en el hospital; quien, como él mismo dice, tiene dos cumpleaños porque nació dos veces, en noviembre de 1947 y el 24 de enero de 1977, fecha en la que un bolígrafo en el bolsillo del corazón y el cuerpo desvanecido de un compañero le salvaron la vida frente a cuatro balas en su alma, logrando conectarle con la vida. O Manuela Carmena, abogada en ese tiempo, en el que estaba embarazada y temió por la salud de su hija. O Paquita Sauquillo, con una historia de dolor pero sin perder nunca la sonrisa. O Cristina Almeida, que no cesa en la defensa judicial de sus compañeros de Atocha.

¿Qué sucedió en España? ¿Por qué la brutalidad policial estuvo tan presente? En aquel enero de 1977 los españoles vivimos la semana negra, unos días en los que casi se va todo al traste. En 48 horas, la barbarie acumuló los asesinatos de dos estudiantes y de los abogados de Atocha. La violencia en España se hacía visible, imitando tiempos anteriores.

Hay quien dice que el franquismo de finales de los años 60 fue una especie de dictablanda. 1969 comenzó con el estudiante de Derecho Enrique Ruano arrojado por la ventana el 20 de enero de 1969, con 21 años, estando detenido en manos de la brigada político-social. El 2 de marzo de 1974, Salvador Puig Antich era ejecutado por garrote vil. El franquismo terminaría como empezó, asesinando, fusilando a tres miembros del FRAP y dos de ETA en septiembre de 1975 cuando hasta el Papa Pablo VI en sus misas pedía clemencia, siendo el último intento de su santidad una llamada por teléfono al Pardo, a las 4 de esa madrugada. La respuesta del dictador fue dar orden de no molestarle. 15 días después, el dictador sufriría un infarto y una agonía en la que, como escribió José María Calleja tras su muerte, “Franco descansaba ya donde soñó. Los españoles demócratas empezábamos a descansar tal y como habíamos soñado.”

El domingo 23 de enero de 1977, en la manifestación por la amnistía en Madrid, una bala causaba la muerte desde la espalda al corazón de Arturo Ruiz García a sus 19 años. Al día siguiente, una multitud depositaba flores y pañuelos rojos, en el lugar de los hechos —la plaza de Callao—. María Luz Nájera, alumna de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, recibía un bote de humo en el cráneo, causándole la muerte. Más de 100.000 estudiantes se solidarizaron con ella, incluso la Universidad Complutense suspendió sus clases, en señal de protesta.

La transición no fue una donación, fue una conquista

Abogados muy jóvenes, laboralistas, comprometidos políticamente en un despacho muy próximo al Partido Comunista —“el partido”—, sufrieron la mayor masacre que se recuerda en un despacho. Cinco abogados fueron brutalmente asesinados y cuatro quedaron con salvajes heridas ocasionadas por miembros de la extrema derecha, cuya crueldad y locura les hizo creer que serían santificados por cometer un crimen atroz. Sin embargo, no era a ellos a quienes buscaban, sino “al de las pecas, el andaluz” Joaquín Navarro, que era el líder de la sección sindical del transporte de CCOO, cuya presencia se había convertido en un quebradero de cabeza para el sindicato vertical. En la película 7 días de enero, rodada en 1979, se recrea cómo dicen “¡esas manitas, bien arriba!” en unas imágenes del despacho de Atocha que es posible pensar que las tomó TVE. Sin embargo, son filmaciones de un grupo de artistas próximos al Partido Comunista, que acudieron al despacho unos días después para tomar testimonio.

El 4 de marzo de 1980 se condena a José Fernández Cerrá y Carlos García Juliá, vinculados a Fuerza Nueva y Falange Española, a un total de 193 años a cada uno de ellos, y a Francisco Albadalejo, del sindicato vertical, a un total de 73 años. Pese a que la pena de muerte aún estaba en vigor en España, los sobrevivientes jamás tomaron una respuesta que no fuera la procesal, incluso sus fundamentos estuvieron cargados de convicciones, como demuestra que pese a que la pena de muerte estaba en vigor en ese momento en España, nadie solicitó la pena capital para quienes habían asesinado a sus compañeros, amigos y hermanos. Sin embargo, las víctimas sufrieron doble victimización, puesto que García Juliá fue declarado prófugo de la justicia y detenido en Bolivia en 1996 por tráfico de estupefacientes. Hoy es residente en España en libertad, restando aún 12 años de condena de prisión.

Como dijo Miguel Ángel Sarabia, “pese a la arrogancia de los acusados, con camisa azul y muchos asistentes también de uniforme, fue la primera vez que la extrema derecha fue sentada en el banquillo, juzgada y condenada”, y como dijo su abogado Jaime Sartorius, “faltan las cabezas pensantes. No nos dejaron investigar”.

Tras la masacre de Atocha, dos eran los caminos: dar una respuesta violenta por parte de la izquierda y seguir elevando la reacción por parte de la policía y fuerzas represoras, o mantener una imagen de moderación, orden y homenaje a los abogados de Atocha, en su entierro y manifestación del 26 de enero de 1977. La respuesta disciplinada del Partido Comunista fue ejemplar y su principal consecuencia: el 9 de abril de 1977 los españoles vivían el sábado santo rojo, en el que se legalizaba el Partido Comunista de España.

España pasaba de una dictadura a una democracia, y la vía era la política, donde se encontraban los despachos de abogados, como el de Atocha. La sociedad buscaba el proceso democrático que se estaba instaurando en España, como demuestra aquel cuadro de El abrazo, hoy convertido en monumento a los abogados de Atocha. Una policía que reaccionaba con brutalidad, y afortunadamente hoy ya podemos hablar de la profesionalidad del ejército y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y de la importancia de la UME en nuestras calles democráticas.

Luis Javier Benavides Orgaz; Enrique Valdelvira Ibáñez; Serafín Holgado de Antonio; Francisco Javier Sauquillo y Pérez del Arco; Ángel Rodríguez Leal; Mª Dolores González Ruiz; Luis Ramos Pardo; Miguel Sarabia Gil; Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell. Como decía Miguel Sarabia, “conviene emitir el sonido de sus nombres despaciosamente, porque con solo decirlos, cobra sentido la historia y pone en armonía el universo”.

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Eduardo Ranz es abogado y doctor.

Alejandro Ruiz-Huerta escribió en 2002: “... Porque ante la muerte nadie vence; solamente la muerte. Por eso no tiene sentido la violencia”. Quien fue sobreviviente del asalto al despacho laboralista cuenta cómo, entre muchísimas secuelas, no ha vuelto a probar la Coca-Cola porque es el anuncio que vio en el hospital; quien, como él mismo dice, tiene dos cumpleaños porque nació dos veces, en noviembre de 1947 y el 24 de enero de 1977, fecha en la que un bolígrafo en el bolsillo del corazón y el cuerpo desvanecido de un compañero le salvaron la vida frente a cuatro balas en su alma, logrando conectarle con la vida. O Manuela Carmena, abogada en ese tiempo, en el que estaba embarazada y temió por la salud de su hija. O Paquita Sauquillo, con una historia de dolor pero sin perder nunca la sonrisa. O Cristina Almeida, que no cesa en la defensa judicial de sus compañeros de Atocha.

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