El acuerdo presentado el viernes por ERC y Bildu, que también incluye a todo el Gobierno, puede ser una oportunidad perdida, si se traslada tal cual al BOE, o solamente aplazada si, como pedimos, el breve espacio parlamentario que aún queda se aprovecha para incluir alguna de las graves carencias que tiene.
Para empezar, diré que, si en vez de una ley, se tratara de un producto de consumo, se la podría demandar por publicidad engañosa, ya que su denominación exacta es “Ley por el Derecho a la Vivienda”, y según ese título, debería garantizar el ejercicio de ese Derecho a todo el mundo, y nada más lejos. La vivienda sigue siendo, a pesar de Matute, un simple objeto de consumo, y por tanto, de inversión, es decir de especulación, algo que expresamente prohíbe el artículo 47 de la Constitución.
A pesar de que España suscribió en 1976 el Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, y ratificó en 2010 su Protocolo Facultativo, por el que reconocemos y aceptamos someternos a los dictámenes y recomendaciones del Comité DESC (CDESC), y del mandato de los artículos 47, 96 y 10 de la Constitución, el Derecho de acceso a la Vivienda en España sigue sin estar al alcance de la gente.
Como consecuencia de estos compromisos de España, a finales de enero pasado, los Relatores Especiales de Vivienda Sr. Balakrishnan Rajagopal y de Pobreza extrema y Derechos Humanos, Sr. Olivier De Schutter, enviaron al Presidente del Gobierno unos mandatos que contienen recordatorio de nuestros compromisos, y recomendaciones a tener en cuenta para la Ley por el Derecho a la Vivienda, y que han sido ignoradas por todas las partes del acuerdo: Gobierno (PSOE/UP), ERC y EH-Bildu, entre las que cabe desatacar:
- La consagración del Derecho a la Vivienda como el Derecho Humano que es, y la vía indispensable para el ejercicio de otros Derechos Humanos.
- La justiciabilidad del Derecho. Un derecho no puede ser considerado como tal si quienes no pueden ejercerlo no disponen de ninguna vía de recurso ante los tribunales. En este país, uno puede ser demandado para desahucio, pero no puede demandar a los responsables (poderes públicos) para lograr una vivienda, y poder ejercer este Derecho.
- Protección de las personas vulnerables frente a los desalojos forzosos, el acuerdo únicamente alarga los plazos de los desahucios, pero ni se garantiza alternativa habitacional, ni se impiden.
Desde el Gobierno no hemos logrado interlocución. El Presidente, que ha viajado en tres ocasiones para reunirse con Blackstone, no ha encontrado agenda para nosotros, y con otros ministerios muy escasa y lejanamente en el tiempo
Las políticas de vivienda aplicadas desde hace décadas son continuistas con las del franquismo, y consisten básicamente en enormes y sistemáticas transferencias de dinero público a sectores privados, mediante ayudas a la promoción, construcción, compra y más recientemente al alquiler, transferencias que nunca generan un beneficio colectivo, sólo el de aquéllos que las reciben. Es por eso que en España carecemos de un Parque Público suficiente (-2.5%, la media europea supera el 10%), tanto para alquiler asequible como de vivienda social. Aunque es cierto que en el acuerdo se sientan algunas bases para la creación del Parque, lo cierto es que tardaremos décadas en alcanzar la media europea, y más aún en llegar a una cifra suficiente.
Además, la emergencia habitacional es ahora, y, extrañamente, en España convive esa urgente necesidad de vivienda con millones de casas cuyos propietarios las mantienen desocupadas de forma consciente y voluntaria, en muchos casos con fines especulativos para mantener muy altos los precios de otras que venden o alquilan. Ante esto, lo único que la ley posibilita es una subida del IBI. Parece algo muy poco ambicioso para el nivel de necesidad de vivienda actual, más aún si tenemos en cuenta que, de esas viviendas, la inmensa mayoría, si no todas, habrán recibido algún tipo de ayuda o subvención pública. La ley por el Derecho a la Vivienda debería ser mucho más exigente en estas situaciones.
La primera ley estatal, que además se denomina Ley por el Derecho a la Vivienda, debería haber atendido al artículo 149. 1. 1º de la Constitución, estableciendo las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio del derecho a la Vivienda, respetando por supuesto las competencias y legislaciones autonómicas, no es incompatible hacerlo. Sin embargo, la competencia exclusiva de las CCAA para determinar las zonas tensionadas provocará desigualdad en función del territorio de residencia. Las gobernadas por el PP: Andalucía, Castilla y León, Galicia, Madrid y Murcia, ya han reiterado su insumisión a la ley, y amenazan con recurrirla al TC, lo que dejará a más del 45% de la población del país sin poder beneficiarse de esta declaración. La ley debería prever algún mecanismo para que ayuntamientos y/o la ciudadanía puedan forzar esa declaración, y no verse discriminados. Ningún Derecho Humano de un país democrático puede estar sometido a la decisión de ningún gobierno.
También se han rechazado propuestas de los movimientos sociales como la obligación a grandes tenedores de ofrecer alquiler social, incluso con compensación a estos.
Desde el Gobierno no hemos logrado interlocución. El Presidente, que ha viajado en 3 ocasiones para reunirse con Blackstone, no ha encontrado agenda para nosotros, y con otros ministerios muy escasa y lejanamente en el tiempo.
Hay más carencias que avances resaltables en ese texto, por eso sólo podemos reclamar del PSOE, UP, ERC y EH-BILDU que rectifiquen, que aprovechen las enmiendas ya registradas, que elaboramos en su día desde la Iniciativa Ley Vivienda y mejoren ese pobre texto, y a otros partidos que aún no se han sumado al acuerdo, que condicionen su voto, y que, por lo menos, se tengan en cuenta las recomendaciones de los especialistas en Derechos Humanos de Naciones Unidas, y conviertan la Vivienda en un Derecho Humano real y accesible a todas las personas.
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Paco Morote es portavoz estatal de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH).
El acuerdo presentado el viernes por ERC y Bildu, que también incluye a todo el Gobierno, puede ser una oportunidad perdida, si se traslada tal cual al BOE, o solamente aplazada si, como pedimos, el breve espacio parlamentario que aún queda se aprovecha para incluir alguna de las graves carencias que tiene.