Las principales compañías de seguros de salud en España están siendo objeto de investigación por parte de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC). El aumento del número de ciudadanos con seguro privado coincide con una concentración de las pólizas en 5 aseguradoras. Al mismo tiempo se ha producido un incremento de los seguros de bajo coste.
El mercado de los seguros de salud privados ha sufrido una gran transformación desde la aprobación de la Ley General de Sanidad. En 1987 de los 6 millones de pólizas privadas, más de 2 millones correspondían al mutualismo administrativo (Muface, Mugeju, Isfas) que permitía a los funcionarios públicos optar por ser atendidos en la sanidad privada. Hoy , de los 13 millones de pólizas privadas, el mutualismo sólo supone el 14% en número de asegurados y el 16% en volumen de primas en millones de euros. El resto corresponde a ciudadanos que complementan su derecho a la sanidad pública con un seguro privado.
El cambio se ha producido por el crecimiento sostenido del aseguramiento privado entre un 3 y un 4% anual. Los periodos de recortes en la financiación de la sanidad pública aumentan el ritmo de crecimiento. Así, entre 2006 y 2010 el sector privado pasó de ingresar 3.000 M€ a 4.000 M€ con un crecimiento anual del 6,8%. Una situación similar ha vuelto a producirse tras la pandemia pasando el volumen de ingresos por primas de 9.000 a 10.000 M€ en menos de 2 años. Los retrasos en el acceso a atención primaria están estrechamente relacionados con este aumento, según un reciente informe de la FADSP.
IDIS, el lobby de la sanidad privada, argumenta que el incremento del aseguramiento privado contribuye a descargar a la sanidad pública y atribuye el aumento de ciudadanos que confían en la sanidad privada a su mayor eficiencia. Pero ¿es realmente más eficiente la sanidad privada que la pública?, ¿cómo consigue ofertar seguros a un precio muy inferior al de países de referencia que tienen sistemas de salud basados en seguros?
Una de las claves de la pretendida mayor eficiencia del sector privado es la selección de riesgos. Un primer mecanismo es el de limitar la incorporación de pacientes mayores. El gasto sanitario de un hombre de 75 a 84 años es 8,8 veces el del promedio de la población. En el caso de la mujer llega a ser de 10,1 veces (*). Hasta hace unos meses la aseguradora DKV rechazaba en su página web asegurar a los mayores de 75 años.
La situación derivada de la pandemia ha sido una oportunidad que las aseguradoras privadas han aprovechado para aumentar sus beneficios y ha ampliado la brecha de desigualdad entre ciudadanos
Un mecanismo similar es el de incrementar el precio de las primas al aumentar la vulnerabilidad a consecuencia del envejecimiento. La aplicación de estos dos mecanismos tiene como resultado que mientras que según datos de Unespa de 2022 el porcentaje de población general con seguros privados supera el 25%, en el tramo de edad de mayores de 61 años no llega al 20%. El presidente de IDIS, Juan Abarca, justificaba en una entrevista reciente la expulsión indirecta de los ancianos mediante el incremento progresivo de las primas con una desafortunada comparación con los partes de accidentes en los seguros de automóviles.
Un tercer mecanismo de selección de riesgos es el que se produce durante el proceso de atención a una enfermedad. En España las Mutualidades vienen practicándolo desde hace años a través del denominado procedimiento extraordinario. Cuando en un proceso crónico se produce un agravamiento o aparece una alternativa terapéutica más costosa (trasplantes, tratamientos oncológicos) un número creciente de pacientes del sistema Muface renuncian al seguro médico privado y prefieren ser atendidos en la sanidad pública. Así lo pone de manifiesto una investigación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que ha estudiado más de un millón de hospitalizaciones en centros públicos de la Comunidad Valenciana entre 2010 y 2015. “Lo que hemos visto es que entre los pacientes de Muface atendidos en los hospitales públicos hay más casos de lo que sería esperable de linfoma, cáncer y tumores con o sin metástasis. En cambio, las dolencias menos graves tienen una prevalencia menor en este grupo que en el resto de la población”, explica Jaime Pinilla, uno de los dos autores del estudio
El carácter complementario del seguro privado facilita en España un cuarto mecanismo de selección de riesgos que permite abaratar los precios. En Alemania, referente del sistema sanitario basado en seguros, el aseguramiento es alternativo y puede ser público (GKV) o privado (PKV). En el primer caso el precio será proporcional al sueldo y en el segundo será independiente del mismo. No todo el mundo puede suscribir un seguro médico privado. Si el sueldo es inferior a 64.350€ anuales (cifras actualizadas para el 2022) será obligatorio contratar un seguro público. Las personas que opten por un seguro privado deben presentar una solicitud de exención del seguro obligatorio. Para aquellos que decidan y puedan cambiarse al seguro privado, las posibilidades de volver a cambiarse al público son bastante limitadas.
Los grandes beneficiarios de esta situación son las principales entidades bancarias que mantienen alianzas para la venta de sus productos con los cinco actores que copan el negocio: Segurcaixa Adeslas, Sanitas, Asisa, DKV y Mapfre, que controlan tres cuartas partes de un mercado de casi 10.000 millones de euros. Pero también tiene consecuencias para los ciudadanos con repercusión en la equidad de acceso al sistema sanitario.
La primera consecuencia es el aumento de la desigualdad entre ciudadanos. Como se concluye en el reciente informe de la FADSP, existe una clara relación entre el aseguramiento privado y la renta per cápita. Las tres CCAA con un mayor porcentaje de ciudadanos con seguro privado son Madrid, con un 37%, Cataluña con un 33% y Baleares con un 30%. Son comunidades con renta alta y también están entre las que destinan menor gasto por habitante a la sanidad pública. La tendencia hacia un sistema dual con ciudadanos que disponen de un seguro privado y mantienen la posibilidad de recurrir al sistema público cuando presentan problemas graves y otros que sólo disponen del sistema público tiende a acentuarse.
Una segunda consecuencia será la redistribución territorial de recursos con una concentración de los mismos similar a la previa a las transferencias sanitarias. La sanidad privada localiza sus recursos allí donde son más rentables. Así las camas hospitalarias privadas se distribuyen en las comunidades más ricas y en núcleos urbanos. Cataluña, Madrid y Andalucía concentran aproximadamente el 57% de los hospitales y el 63% de las camas privadas. También el equipamiento en alta tecnología está en Navarra, Islas Baleares, Madrid y Cataluña en un 50% en manos privadas mientras que en Extremadura sólo es privado un 13%. El propio presidente de IDIS defendía que le faltaba “masa crítica” en determinadas zonas para implementar recursos. La España rural no puede esperar que el criterio de la sanidad privada sea aproximar los servicios a los ciudadanos con criterios de planificación de acuerdo a las necesidades.
Por último, el crecimiento del aseguramiento privado hará que un número cada vez mayor de ciudadanos, los de mayor renta e influencia, no se sientan concernidos por las carencias del sistema sanitario público. Mientras que los ciudadanos con un aseguramiento público como única fórmula de asistencia se manifiestan reivindicando mejoras en la sanidad pública, los sindicatos de la función pública piden un aumento de las primas que reciben las aseguradoras privadas de los presupuestos públicos a través de las mutualidades. Recordemos en este punto que el mayor éxito del sistema nacional de salud es el programa de trasplantes, que se basa en el principio de solidaridad.
El crecimiento lento pero constante del aseguramiento privado tiene unas causas estructurales, y las grietas que dejó la LGS permiten a las seguros privados la selección de riesgos de novo o en proceso. Pero tiene consecuencias, pues aumenta la desigualdad entre ciudadanos, vuelve a centralizar los recursos en comunidades ricas y deslegitima socialmente el sistema quebrando el principio de solidaridad. La situación derivada de la pandemia ha sido una oportunidad que las aseguradoras privadas han aprovechado para aumentar sus beneficios y ha ampliado la brecha de desigualdad entre ciudadanos. Fortalecer la sanidad pública y planificar la distribución de recursos de acuerdo a las necesidades es la única fórmula para revertir el camino de la desigualdad.
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Remigio Cordero Torres, exjefe de Sección de Medicina Interna del Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz y Exjefe de Estudios MIR (Jubilado).
Las principales compañías de seguros de salud en España están siendo objeto de investigación por parte de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC). El aumento del número de ciudadanos con seguro privado coincide con una concentración de las pólizas en 5 aseguradoras. Al mismo tiempo se ha producido un incremento de los seguros de bajo coste.