Becarios, rentables y subsidiados en la universidad española

Por fin. Una importante victoria esta semana en la larga lucha contra la desigualdad clasista que impide hablar de igualdad de acceso y de condiciones de permanencia en la universidad española. En el camino dejamos a cientos de miles de estudiantes expulsados de las puertas de la universidad por motivos económicos, en los peores momentos de una crisis que empobrecía a sus familias, y con los precios de las matrículas desorbitados.

Frente a ello el Gobierno actual ha reformado el sistema de becas. Revierte el endurecimiento de los requisitos académicos que impuso el PP en 2012. Además, en un imprescindible paso que va más allá de lo inicialmente esperado, actualiza los umbrales de renta. Sitúa el derecho a percibir las becas salario, las de mayor cuantía, en el umbral de pobreza. También ha aumentado tímidamente la cantidad destinada a ciertos componentes de las becas.

Las modificaciones ya aprobadas representan medidas necesarias, aunque insuficientes, frente a la meritocracia clasista en la que el PP de Rajoy trató de convertir la universidad bajo socorridos pero falaces argumentos de eficiencia y excelencia. La misma limitada, eso sí, a quienes precisamente más obstáculos sociales en su trayectoria formativa han tenido que superar hasta llegar a pisar de manera insegura los umbrales de la universidad, a veces comportándose dentro de ella como miembros de una especie rara y objetivamente amenazada bajo la mercantilización y elitización creciente del ecosistema de educación superior en la cual se afanó el anterior gobierno de Rajoy. Al que esperemos no le salgan en este nuevo gabinete más bien de izquierdas inesperados colaboradores mediatos que recuperan malas ideas esenciales de proyectos de división de las enseñanzas aparcados entonces ante la contestación social que, ya hay quien avisa, puede rebrotarle a este otro Gobierno.

Tampoco hay por qué personalizar. En realidad no fue Rajoy. Tampoco Wert. Casi que influyó más Aznar. Había doctrina. Gobernaba Zapatero. No había acometido éste tampoco las reformas que necesitaba un sistema de becas vigente desde 1983; pero había incrementado entre 2007 y 2009 el presupuesto para las mismas. Además, a diferencia de lo que seguimos sin arreglar hoy, Zapatero bajo mano de Alejandro Tiana había convertido las becas en un derecho subjetivo cuya cuantía no se supeditaba al número de personas demandantes económicamente necesitadas. En aquellos días en los Papeles de la FAES, además de loas a las becas franquistas de meritorios pobres inclinados bajo rígidas sotanas, ya se clamaba que “los gobiernos socialistas han desvirtuado el significado y el fin de las becas de estudio. Lo que debería ser una fórmula para recompensar el esfuerzo de los mejores estudiantes se ha convertido, con la actual perversión igualitarista, en un sistema que premia a los mediocres o en una mera ayuda social a familias con niveles bajos de renta, independientemente del resultado académico”

Insensibles al desaliento, sobre todo al daño cuantificado hasta por la CRUE que han provocado las políticas de elitización y cierre educativo de las derechas, aquellos clamores contra la recuperada “perversión igualitarista” incapaz de separar el rastrojo acumulado del grano escolar fértil abonable con dinero público reaparecen, con llamativa fuerza, en los últimos días. Medios de comunicación y redes sociales claman contra las medidas en materia de becas bien tomadas por el gobierno de coalición que intenta dirigir Sánchez. “El cambio que han aprobado hace que no sean becas, sino subsidios”, apuntaba un twittero. “Perversión del sistema” leíamos en el titular de un editorial de un periódico estatal que acusaba al Gobierno de repartir “dádivas demagógicas” sin exigir nada a cambio. “Las becas se pagan con dinero público. Al beneficiario de esa ayuda corresponde la tarea de rentabilizarla con su aplicación”, se nos insistía. Para algo ya había declarado el Tribunal Supremo en mayo de 2015 que era "un fin lícito que el sistema de becas, como subvención que es, en cuanto que recae sobre recursos limitados, fomente la responsabilidad en el estudio por parte de los beneficiarios, tanto para el acceso como para mantenerse en él".

Estas críticas parecen querer venir a ignorar hechos que deben, en cambio, difundirse entre la opinión pública a fin de no retroceder nunca más en materia de becas, un terreno clave para la igualdad de oportunidades. Quizás lo mejor sea responder en el mismo lenguaje: el de la eficiencia y la rentabilidad, aunque ampliando el punto de mira. Ese que se ceba regularmente en la rara especie universitaria que forman las hijas becadas de los jornaleros, en vez de ampliar la mirada hacia los hijos de cirujanas o arquitectas, por ejemplo, cuyo acceso y permanencia en la universidad, estadísticamente mucho más probable, sí que está ampliamente subvencionada por un Estado que, bajo un tipo de perversión igualitarista mucho más silenciada, no aplica progresividad alguna en la determinación de los precios de las matrículas. Precios igualitaristas que apenas cubren una cuarta parte de los costes por alumnos de distintas clases sociales, cuyas capacidades familiares de afrontar los costes directos e indirectos de la estancia universitaria son muy desiguales.

En primer lugar, a diferencia de otras ayudas al estudio como las que hay para comedores o libros, las becas siempre han reunido condicionalidades académicas, tanto en universidad como en cursos preuniversitarios. Lo de conseguir mayor eficiencia a cambio de pedir un esfuerzo a quienes se habrían estado beneficiando de la aportación de los demás sólo por ser pobres, un término que Wert no sabía muy bien qué significaba, es solo una argucia para ejercicios de perversión clasista donde se piden más calificaciones a la hija del jornalero que al hijo de la cirujana, cuya mucho más frecuente llegada a la universidad está ampliamente subvencionada. Sin que por ello el Tribunal Supremo vea “lícito” que se exija responsabilidad diferencial en estos otros casos de habituales subvencionados, a diferencia de lo que sí contempla para los becarios. Los sospechosos habituales.

Para recibir una subvención extra sólo a los estudiantes de familias pobres se les estaría pidiendo más requisitos académicos de los que le pedimos a todos los estudiantes por acceder a una subvención generalmente mucho mayor de su estancia en la universidad. Las pruebas de que estos requisitos académicos para los becarios han sido, son y seguirán siendo diferentes las tenemos en los rendimientos diferenciales que desde hace décadas siguen ofreciendo los becarios, superiores a los de sus coetáneos universitarios. Los becarios repiten menos, tardan menos en concluir y, en todas las ramas de titulación, aprueban más créditos anualmente que sus coetáneos universitarios (Río, Jiménez y Caro, 2015). A la hora de rendir cuentas de la subvención ampliada que se da en la universidad ganan los becarios, por tanto.

Queda mucho por mejorar en su diseño y alcance, pero invertir en becas es rentable socialmente. Mucho más desde luego que lo que estamos haciendo: subvencionar generosamente las carreras predecibles de las clases sociales acomodadas y de los perfiles sociales de estudiantes que más ventajas laborales obtienen de unos títulos financiados mayormente, en cambio, por sectores sociales que reúnen menores probabilidades de acceder a la universidad, o de acabar canjeando la orla soñada en el salón por otro tipo de ticket valido para acceder al ascensor social, al que no está averiado.

Invertir en becas es también socialmente rentable porque nos evita el derroche de talento por motivos económicos y por aversiones al riesgo. Las becas disfrutadas bajo condiciones de seguridad incentivan la materialización de las apuestas vocacionales de los estudiantes, incluso frente a las más cautas apuestas de muchos padres de clases populares que han empezado a dudar de la rentabilidad final de “los carrerones de dolerle mucho la cabeza” que a veces eligen sus hijos. Promueven con ello las becas el cumplimiento de uno de las principales funciones sociales que solo la universidad pública puede realizar: la selección neutral de los estudiantes más capacitados de una sociedad mediante la neutralización, a través de becas, de las dinámicas de selección social y de desigualdad de oportunidades a la hora de acceder y poder mantenerse en los escalones superiores del sistema educativo.

La derecha especialmente alardea de movilizar, seleccionar y encuadrar bien al capital humano. En la práctica un efecto paradójico de la reforma del PP, cuya derogación hoy seguimos celebrando, fue la multiplicación de las aversiones al riesgo y de las razones prácticas para que “buenos estudiantes” se decantaran por titulaciones “más cerca de casa”, de “menor nivel”; pero consideradas “más fáciles” para “mantenerse con becas” cuyas condiciones de preservación se habían endurecido sádicamente en medio de una grave crisis económica.

Son muchos los pasos aún por dar, también en materia de becas preuniversitarias (Río y Jiménez, 2014); pero frente a las argucias de los de siempre necesitamos afianzar socialmente la derogación de la reforma clasista que hemos conseguido, finalmente, mediante un gobierno de coalición. Necesitamos afianzar lo conseguido para que Reyes se crea de una vez que tiene abiertas las puertas de la universidad. Para que Laura no tenga que pegarse “la paliza de ir y venir” de su pueblo. Para que María no tema todas las noches la llamada de su padre llorando porque ella tiene que “dejarlo y volverse” a casa. Para que quienes aparcaron la universidad pese a tener hecha “la selectividad” puedan volver. Para que Pepa y Juan no tengan qué decidir cual de sus hijas sí “puede estudiar, aunque sea mal”. Para evitar la autoexclusión por motivos económicos. Para abortar la precarización de las condiciones de estudio que observamos entre nuestros más desaventajados estudiantes. Para minorar los tremendos efectos de esta maldita pandemia sobre la igualdad de oportunidades educativas. Por todo ello y mucho más, más y mejores becas. Frente a los cuentos de la excelencia clasista, sueños escolares cumplidos en condiciones de igualdad.

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Manuel Ángel Río Ruiz es profesor titular de Sociología en la Universidad de SevillaManuel Ángel Río Ruiz