El Consejo de Europa condena a España por la crisis eléctrica en la Cañada Real
A solo 14 kilómetros del centro de Madrid, más de 4.500 personas, incluidos 1.800 niños, llevan cinco inviernos sin electricidad. Aunque las autoridades justifican los cortes por enganches ilegales y narcotráfico, la realidad es que su único delito es habitar un espacio que las instituciones han decidido abandonar, perpetuando la marginación y la pobreza.
En 2017, el Pacto Regional por la Cañada Real aseguraba el mantenimiento de suministros básicos hasta una solución definitiva. A pesar de las denuncias de vulneración de derechos del Defensor del Pueblo, plataformas ciudadanas y organizaciones de derechos humanos, la Comunidad de Madrid y el gobierno central han evitado asumir responsabilidades. El gobierno de Isabel Díaz Ayuso se ha lavado las manos diciendo “yo no gestiono sentimientos” o "no voy a democratizar la delincuencia”, como si acaso Cañada Real no estuviera en Madrid, como si sus políticas no hubieran sido las causantes, como si no vieran pobres ni nada que tenga que ver con la pobreza en su aporofobia infinita.
La imagen de la Cañada Real como "supermercado de la droga" ha servido para justificar la inacción política y, aunque esta realidad existe, la mayoría de los habitantes no tienen relación con este mundo. Son familias que pagan impuestos, cuyos hijos van a la escuela y que han construido comunidad, a pesar del abandono institucional, en un lugar que, aunque precario, consideran su hogar.
La falta de electricidad no es solo una cuestión de confort, es una violación de derechos básicos. Lo señalaba un informe del Centro SIRA: la falta de electricidad asemeja un entorno torturante donde se han incrementado las infecciones respiratorias, enfermedades de la piel o problemas de salud mental. Muchas familias dependen de generadores de gasolina, aumentando el riesgo de incendios, emisión de humos tóxicos y accidentes. Otras solo han recibido como ayuda bombonas de butano y leña perpetuando pobreza y marginación. En educación, la situación es devastadora: los niños no pueden hacer deberes, usar ordenadores o tener calefacción. Un estudio de la Universidad Carlos III, financiado por la propia Comunidad de Madrid, muestra que en invierno algunas casas de la Cañada Real registran temperaturas por debajo de los 10 grados y en verano superan los 40.
Naturgy y el juego de responsabilidades
Naturgy, la empresa que gestiona el suministro, alega que la red está sobrecargada, y que los enganches ilegales impiden garantizar un servicio seguro. Sin embargo, en lugar de trabajar en soluciones, modificó los limitadores optando por un corte masivo intencionado que afecta tanto a quienes tenían conexiones irregulares como a quienes pagaban su consumo. El Consejo de Europa reafirma que el acceso a la electricidad es un derecho básico que no puede depender de disputas administrativas ni de empresas privadas. Negar la luz es una condena social que perpetúa la exclusión. Es un mensaje claro de que, quienes viven allí, no merecen las mismas condiciones que el resto.
El Pacto Regional de 2017 contemplaba el realojo de familias en un plazo de 10 años, pero el proceso avanza muy lentamente y muchas familias quedan fuera por trabas burocráticas. En 2024, se aprobó un protocolo con inversión de 330 millones de euros hasta 2034, pero sin avances concretos y con pocas cosas aterrizadas hoy en día (los presupuestos para 2025 en la Comunidad de Madrid no tienen asignación presupuestaria para esa partida). Esta solución requeriría por otro lado de un entendimiento entre administraciones que no se ha producido en ningún momento. El marco temporal dibuja una espera interminable y a la vez un horizonte inalcanzable.
La sentencia del Comité Europeo de Derechos Sociales condena al gobierno de España por los cortes de luz en la Cañada Real desde octubre de 2020, vulnerando derechos como salud, educación, vivienda y protección contra la pobreza
Restablecer la luz: una solución posible
El restablecimiento del suministro es posible, pero requiere voluntad política. Estas son algunas soluciones reales e inmediatas que venimos proponiendo desde hace tiempo:
- Restablecer la electricidad mediante un acuerdo entre Naturgy y las administraciones, regulando el suministro con tarifas sociales y contratos adaptados.
- Intervención estatal si las administraciones autonómicas y locales no actúan, declarando emergencia para obligar a Naturgy a restablecer el servicio.
- Instalación de generadores comunitarios o fuentes de energía renovable gestionadas por cooperativas locales.
- Un plan de regularización progresiva, identificando viviendas legalizables y ofreciendo contratos de suministro.
Además, es esencial la creación de una "mesa de trabajo" con la participación de los propios residentes para decidir y participar sobre su futuro.
Restablecer la electricidad es solo el primer paso. Se deben abordar otros aspectos como:
- Acometer una estrategia integral basada en derechos humanos que se inicie de inmediato.
- Alternativas de realojo dignas y realistas, con transparencia y garantías.
- Desmontar la imagen de la Cañada Real asociada a la droga, combatiendo la estigmatización y garantizando otros derechos básicos como la educación, la salud o el empleo.
- Mayor coordinación institucional con plazos reales de financiación y mecanismos de supervisión independiente.
- Inversión en infraestructuras básicas como calles asfaltadas, transporte accesible y centros de salud.
- Control medioambiental y de seguridad sobre vertidos ilegales en la zona.
La sentencia dictamina que España ha violado hasta nueve artículos de la Carta Social Europea, incluyendo el derecho a vivienda, a la salud, la protección contra la pobreza, o el derecho a que niños y jóvenes dispongan de un entorno favorable a su desarrollo, a los cuidados y la asistencia que necesiten. Aunque la resolución no impone sanciones inmediatas, abre la puerta a nuevos procesos judiciales ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o tribunales ordinarios y supone una condena en términos de responsabilidad, además de proyectar un grave deterioro de su imagen internacional.
Cuando más que nunca la esperanza en Europa surge en los medios de manera casi diaria ante las crisis de derechos a nivel global y las diversas amenazas, la pregunta para este caso concreto que sucede a escasos metros de nuestras casas es: ¿seguirán las administraciones madrileñas ignorando la situación, o escucharán, por fin, a quienes llevan cinco años sobreviviendo en la oscuridad?
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Alicia Torija López es diputada de Más Madrid y su representante desde 2021 en los órganos colegiados del Pacto Regional por la Cañada Real.
