Defensa del Parlamento frente al populismo

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Gaspar Llamazares Trigo

A veces, solo algunas veces, la casualidad nos juega una buena pasada y convierte al Parlamento en lo que nunca debe dejar de ser, el lugar de la representación de la voluntad popular, de la pluralidad política, la palabra, el diálogo y del acuerdo entre diferentes, incluso entre los opuestos, para no quedarse demasiado a menudo en un espectáculo de sobreactuación en que los gestos y los insultos no dejan escuchar la palabra.

Así ha ocurrido recientemente con motivo de la votación de la convalidación de los decretos sobre el fondo de recuperación y resiliencia de la Unión Europea New Generation, cuando la mayoría de la investidura, recientemente recuperada y ampliada en la votación de los presupuestos para 2021, se ha vuelto a quebrar ante la campaña electoral catalana y en que ¡oh, sorpresa! el grupo parlamentario de Vox ha decidido abstenerse y con ello facilitar su aprobación.

El decreto, finalmente convalidado con tramitación legislativa, propone como objetivo agilizar la gestión de los fondos por parte de la administración pública en el marco de la legislación europea de competencia y de ayudas estatales. Para ello, pone en marcha los llamados PERTE o proyectos estratégicos prioritarios con los que, mediante la colaboración público-privada, pretende multiplicar el volumen inicial de unos fondos con los que priorizar la digitalización y la sostenibilidad ambiental de nuestra economía.

El modelo de gestión, pues, no tiene nada que ver con las acusaciones catastrofistas de peronismo y clientelismo que profetiza el Partido Popular, y por contra es muy similar al del resto de los países europeos, unos fondos vinculados al desarrollo del plan de reformas y sujetos no solo al control parlamentario europeo y estatal, sino también a los mecanismos de supervisión aprobados por el Consejo Europeo a instancia de los denominados países frugales, aunque luego también hayamos visto que no lo son tanto.

La explicación de la ruptura de la mayoría estaba clara. De nuevo Esquerra Republicana no ha podido separar las circunstancias preelectorales en Cataluña con respecto a su papel de apoyo al Gobierno de coalición a nivel del Estado. Lo malo es que no es la primera vez que algo así ocurre dejando en minoría al gobierno y en lo que además reincide después de haber negado recientemente su apoyo con motivo de las últimas prórrogas del primer estado de alarma, cuestionando en definitiva la imagen de independentismo progresista y pragmático que ha venido cultivando en los últimos tiempos. No parece el mejor reclamo electoral.

La causa es la decisión del presidente del gobierno, en su papel de secretario general del PSOE junto al PSC de Iceta, de plantar cara y disputar la mayoría relativa en la próxima contienda electoral, cosa que no parece haber sentado bien a ERC y al conjunto del independentismo, que se habían planteado estas elecciones tan solo como un nuevo pulso por la hegemonía dentro de su exclusivo espacio, ante la incapacidad y el abandono de Ciudadanos del liderazgo de la oposición desde casi el inicio de la legislatura. Una estrategia que ha sido leída por el independentismo (y alguno que otro más) como una nueva intervención de los partidos del 155 a la que, otra vez en la lógica de Octubre de 2017, al parecer piensa contraponer a los políticos presos.

A este relato, se ha venido a sumar la decisión del TSJC de mantener la convocatoria electoral, frente al intento del Govern de aplazar sine die las elecciones por razones de salud pública, sin ni siquiera haber logrado el consenso entre los partidos. Algo que ha sido considerado por el conjunto del independentismo como una nueva judicialización de la política catalana. Algo previsible en la imprevisible política catalana.

Lo que ya no tiene tan fácil explicación es la súbita conversión de un partido populista autoritario y antisistema como Vox en un partido de Estado, con el objetivo declarado después de la inesperada votación de garantizar que los fondos europeos lleguen a los españoles en una difícil situación como consecuencia de la pandemia. Es decir, por responsabilidad, ocupando con ello el lugar que debería haber correspondido al Partido Popular, que no solo se considera a sí mismo nacido para gobernar, sino en su defecto, llamado también a garantizar la gobernabilidad desde la oposición, sobre todo en cuestiones de Estado como la aludida. El problema es que, hasta ahora, o bien no escucha la llamada o aún sigue traumatizado por la pérdida del gobierno primero y luego por la derrota electoral y la competencia de otros partidos en el espacio conservador que de igual modo sigue considerando de su propiedad.

En definitiva, poco importa si la decisión del grupo parlamentario de Vox de abstenerse fue fruto de las circunstancias sobrevenidas del voto telemático, de una decisión política ingenua y precipitada, cuando todavía no se conocía la pérdida de la mayoría por parte del Gobierno, que no pudo o no quiso rectificar, o por el contrario era fruto del cálculo de cara a una campaña electoral en que también se juega la hegemonía de la derecha estatal en Cataluña.

En cualquier caso, se produce en el momento en que la extrema derecha, después de deslegitimar y criminalizar al Gobierno durante meses, sustituyera la hasta entonces estrategia de desestabilización por la de institucionalización de su labor de oposición y el reconocimiento de la legitimidad del Gobierno socialcomunista con la presentación de la fallida moción de censura, interpretada por el PP y buena parte de los medios de comunicación afines, tan solo como una disputa intolerable de la hegemonía en la derecha. Cabe pensar que entonces hubiera algo más.

También en un contexto en el que se derrumba de forma estrepitosa, primero con la derrota electoral, pero sobre todo con el esperpento violento del asalto al Capitolio, y con ello a la representación del pueblo americano, el carácter de referencia global que había supuesto Trump para la extrema derecha internacional, y en particular para Vox. En esta ocasión, con el Parlamento hemos topado, amigo Sancho.

Y con todo ello, en un momento político en que vuelve el debate sobre las flaquezas y fortalezas de la democracia y de sus riesgos ante los embates del populismo en sus distintas expresiones, y en consecuencia sobre las estrategias de defensa de la democracia que van desde la aplicación de la ley, el equilibrio de poderes y el buen el funcionamiento de las instituciones, a la recuperación del mermado pacto social y la apelación a la revitalización de la sociedad civil y la virtud cívica.

Pero, voluntaria o no, la decisión de permitir la aprobación del mecanismo de gestión de los fondos europeos, por parte de la extrema derecha, supone en sí misma una reivindicación de la lógica parlamentaria, precisamente por un partido y en un tiempo populista, en que todo se agita contra el pluralismo y el Parlamento, y no solo por parte de la política al uso, sino también por parte de algunos medios de comunicación y de las redes sociales, con motivo de cada convocatoria parlamentaria. En particular amplificando la imagen de un deterioro acelerado a consecuencia de la polarización política, particularmente en las sesiones de control.

Los roces y sus inconvenientes

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Además, con la inesperada decisión de un partido que forma parte del movimiento populista, que si algo cuestiona son las instituciones intermedias de la democracia representativa y en particular el Parlamento y de forma especial sus diálogos y acuerdos de pasillos, entendidos por éste como meras maniobras oscuras y componendas. En definitiva, sea por error o fruto de la estrategia, bienvenida sea su aparente domesticación e integración parlamentaria.

Podríamos concluir que son la participación de todas las ideas en las instituciones y los pesos y contrapesos de la democracia de raíz republicana las que suponen su principal garantía de continuidad y de mejora, ya que esta inteligencia colectiva es, en palabras del profesor Innerarity, nuestra mejor defensa. Pero no bastaría si no aplacáramos en su origen las causas de la ira social y la desconfianza en la política, como también si no regularamos sus expresiones, para que luego no haya quienes las manipulen. La cuestión no es sólo derrotar a Trump, también hay que sancionar su conducta y asimismo evitar que vuelva.

                                                                                                                                                                                                                             Gaspar Llamazares Trigo es fundador de Actúa.

A veces, solo algunas veces, la casualidad nos juega una buena pasada y convierte al Parlamento en lo que nunca debe dejar de ser, el lugar de la representación de la voluntad popular, de la pluralidad política, la palabra, el diálogo y del acuerdo entre diferentes, incluso entre los opuestos, para no quedarse demasiado a menudo en un espectáculo de sobreactuación en que los gestos y los insultos no dejan escuchar la palabra.

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