Día internacional de las personas con discapacidad: 30 años de celebración
El 3 de diciembre celebramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Una fecha fijada por la Asamblea General de la ONU en el año 1992 con el objetivo de concienciar a los gobiernos y a la ciudadanía sobre la promoción y la garantía de los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida social, la económica y la política.
Pero la celebración de un día internacional no resulta suficiente, y la ONU, en 2006, aprobó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD), instrumento jurídico sobre el que articular toda la normativa estatal, autonómica y local.
Cabe una revisión profunda de las políticas inspectoras y sancionadoras en materia de discapacidad, especialmente en el empleo, la educación, la accesibilidad, la dependencia y en los delitos de odio, cuyo crecimiento resulta alarmante
Decir toda, es toda, no solo la jurisdicción sectorial en materia de discapacidad, que en España se materializó con la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social aprobada en 2013. Toda, también es cualquier ley, reglamento, estrategia o plan en todos y cada uno de los departamentos: social, sanidad, educación, empleo, justicia, transporte, servicios públicos, interior, cultura, deporte, turismo, ocio, incluso en defensa.
Y 30 años después, ¿cuál es la situación de las personas con discapacidad en España?
Podríamos afirmar que en términos macro España está bien, muy bien. Tenemos un marco jurídico estatal de caracter transversal que garantiza los derechos de las personas con discapacidad. En estos últimos años hemos consagrado muchas de las exigencias de la CRPD: las personas con discapacidad intelectual pueden votar; queda prohibida la esterilización forzosa de personas con discapacidad —el 99% de los casos afectaba a las mujeres—; se suprime la figura de la tutela en virtud de apoyos jurídicos para que las personas con discapacidad intelectual tomen sus propias decisiones; se ha iniciado la tramitación de la modificación del artículo 49 de la Constitución que actualice nuestra carta magna, terminológica y conceptualmente.
Estas y otras muchas medidas sitúan a nuestro país en la punta de lanza de los derechos de las personas con discapacidad. Somos ejemplo para muchos países. Prueba de ello es nuestra participación en proyectos internacionales cooperando y colaborando con otros países en el desarrollo de un marco similar al nuestro; es el reconocimiento de la ONU con el Premio Franklin D. Roosevelt concedido a España en 2013 por nuestro desarrollo normativo; y es la existencia de una sociedad civil organizada en torno a la discapacidad representada por el CERMI, y con la ONCE como entidad decana con más de 80 años de historia. Tenemos unos muy buenos índices de empleo y contratación, lejos de lo deseado, pero manteniendo la tendencia alcista desde hace más de dos décadas; cada vez más alumnado con discapacidad alcanza y culmina estudios universitarios; en el ámbito cultural y deportivo la presencia de la discapacidad y la inclusión es más notable; y en materia de accesibilidad hemos derribado muchas barreras en pro de la universalidad.
Un “suma y sigue” en la conquista de derechos que pone de manifiesto el imparable ritmo de avance en la senda de una sociedad más abierta, más solidaria y más inclusiva. En discapacidad todo suma, pero nada es todo. Por eso mismo no podemos caer en la complacencia y mirar únicamente por el retrovisor de lo recorrido y alcanzado. Es necesario recorrer el camino con las luces largas, sorteando las amenazas que paralicen, e incluso nos hagan retroceder, en este largo camino.
Lo vivimos durante la pandemia del COVID: la contratación de las personas con discapacidad cayó hasta datos de hace 14 años; los medios de comunicación descuidaron la accesibilidad a su contenido audiovisual impidiendo que personas con discapacidades sensoriales supieran qué podían hacer o no hacer durante el confinamiento; alguna sociedad científica recomendó que la discapacidad y el deterioro cognitivo fueran causas de exclusión en las Unidades de Cuidados Intensivos; la ciudadanía desconocedora de las necesidades de familias con hijos con discapacidades sicosociales denunciaban a éstas cuando salían a dar paseos terapéuticos; y la paralización de los servicios de rehabilitación aumentó el porcentaje de la discapacidad. A todas estas circunstancias nos enfrentamos los responsables de las políticas de discapacidad a lo largo del 2020.
A pesar de los índices favorables anteriormente comentados y de haber superado los retrocesos sobrevenidos por la pandemia del COVID, existen lagunas seriamente preocupantes para cualquier gobierno y para la sociedad en general.
Las discapacidades sicosociales y emergentes (Trastornos del Espectro del Autismo-TEA y trastorno mental) suponen un importante reto para todos los agentes políticos y sociales. Sus derechos aún están lejos de los ya conseguidos por otras discapacidades, como son las sensoriales, las físicas o las intelectuales. Éstas, gracias a su trabajo desde hace varias, muchas décadas, han alcanzado cotas inimaginables en educación, en formación, en empleo, en ocio, en deporte o en vida independiente, entre otros sectores. En cambio, el estigma social que sufren las personas con trastorno mental —principal causa de discapacidad en menores de 17 años— o el desconocimiento en el ámbito educativo de niñas y niños con TEA confirman que el ritmo de avance en derechos de estas personas es desigual en función de la discapacidad, aún lejos de una vida autónoma e independiente.
Las mujeres y las niñas con discapacidad sufren doble discriminación en el ámbito de la sanidad, la educación o el empleo. Basta comparar los datos de empleo y contratación entre mujeres con discapacidad y hombres sin discapacidad, y entre mujeres con y sin discapacidad, para visualizar la doble discriminación: por ser mujer y por tener discapacidad. Y preocupantes, muy preocupantes, son los datos de violencia de género. El 40,4% de las mujeres con discapacidad han sufrido algún tipo de violencia —verbal, sicológica, emocional, física o sexual— en el entorno familiar. Un cifra dramática y terrible que crece año tras año.
La inspección y la sanción por el incumplimiento de las leyes y la vulneración de los derechos de la ciudadanía con discapacidad es otro de los deberes pendientes. España es un país legislativamente prolijo, pero escaso en política de vigilancia, una de las funciones propias de la Administración. Cabe una revisión profunda de las políticas inspectoras y sancionadoras en materia de discapacidad, especialmente en el empleo, la educación, la accesibilidad, la dependencia y en los delitos de odio, cuyo crecimiento resulta alarmante.
Las políticas de atención directa a las personas con discapacidad recaen directamente en las Comunidades Autónomas, así lo determinó el Tribunal Constitucional en 2017. La valoración de la discapacidad, la Atención Temprana, las terapias de rehabilitación, los servicios de respiro familiar, los apoyos educativos en sistema inclusivo o especial, la asistencia personal, el modelo residencial, el fomento de la vida autónoma, la implementación de la Ley de Dependencia, e incluso el marco jurídico autonómico, generan agravios comparativos entre unas regiones y otras. La discapacidad depende del código postal de residencia.
Por poner un ejemplo, la Comunidad de Madrid no dispone de una ley propia que garantice los derechos de las personas con discapacidad. En una de las regiones más ricas de Europa y la más importante en España: 400.000 personas con discapacidad viven día a día sin derechos garantizados; en Atención Temprana las listas de espera alcanzan casi un año, lo mismo sucede en Salud Mental; y tampoco existe una oficina autonómica a la que reclamar y denunciar la vulneración de sus derechos.
Y volviendo a la pregunta planteada, en términos micro, tus derechos, tus servicios, tu calidad de vida dependerán de la voluntad del gobierno autonómico y del apoyo que éste ofrezca a sus entidades locales.
Concluyendo, ¿estamos mejor o peor que hace 30 años? En líneas generales vamos por buen camino, a un ritmo desigual en el tiempo, pero por buen camino. Aun así, en políticas de discapacidad no podemos bajar nunca la guardia. La mera ubicación en el organigrama administrativo requiere una revisión. Soy partidario de que estas competencias recaigan en departamentos transversales, al más alto nivel del gobierno —dentro de un ministerio o una consejería de presidencia— que sea capaz de trasladar a todos los responsables políticos, medios de comunicación, sector privado, entidades sociales y ciudadanía en general que lo que es bueno para las personas con discapacidad también lo es para toda la sociedad.
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Jesús Celada es diputado en la Asamblea de Madrid, portavoz adjunto del Grupo Socialista y director General de Políticas de Discapacidad (2018-2021) del Gobierno de España.
