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Hace cuestión de pocas semanas conocíamos la posición del Tesoro británico con respecto a incorporar un impuesto para las ventas online con el fin de proteger a los pequeños comercios frente a las multinacionales. Esta propuesta viene dada por datos tan alarmantes como que Amazon ganó 19.500 millones de libras en Reino Unido y solo pagó 14,5 millones en impuestos sobre beneficios (lo que equivaldría a menos de un 1%). Estas cifras evidencian la desigualdad fiscal que hay con respecto a los pequeños comercios y trabajadores y trabajadoras autónomas que en muchas ocasiones deben hacer frente a la carga de impuestos más elevada que la que afrontan las grandes superficies o los gigantes digitales. Pero este desequilibrio no se da únicamente en Reino Unido u otros países cercanos, ni es exclusivo tampoco en el comercio. La realidad, muy a nuestro pesar, no es muy distinta en España: el Informe país por país de la Agencia Tributaria publicado el 25 de febrero refleja que las multinacionales españolas pagan en impuesto de sociedades un tipo efectivo medio del 17% de sus beneficios a escala global, lejos del tipo nominal vigente en nuestro país del 25%, que es lo que pagan las micropymes.
El transcurso de este último año, marcado por la pandemia mundial y por la consecuente crisis sanitaria, ha salpicado de lleno a la economía del tejido productivo de nuestro país, haciendo visibles las grietas de un modelo fiscal injusto y obsoleto. Desde UATAE (Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores) llevamos años defendiendo que se den pasos hacia una fiscalidad verdaderamente progresiva. Aunque pueda parecer un debate extemporáneo, ahora es precisamente más necesario que nunca que el esfuerzo que le pedimos a ese tejido económico responda a su capacidad de aportar: que cada cual contribuya al sostenimiento de los servicios públicos, a la red de protección social y a las políticas de estímulo económico de acuerdo a sus posibilidades. La lucha contra el covid19, esa importancia de la corresponsabilidad y la solidaridad. Muchas y muchos autónomos llevan meses con graves dificultades para aguantar y no echar el cierre de sus negocios. Es injustificable que mientras eso pasa, 22 grandes empresas multinacionales españolas abonen un importe por valor del 1,3% de sus abultadas ganancias, pese a que estas superen el 25% del total.
Algunas de las propuestas necesarias en la implantación de un marco fiscal justo para autónomos y micropymes empezarían por la posibilidad de deducir la base de cotización del autónomo o autónoma individual como si fuera un gasto su actividad, y la equiparación de la reducción de los rendimientos netos que pueden aplicarse los autónomos y autónomas a la que pueden aplicarse los trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena en el IRPF, manteniendo el resto de reducciones propias que los autónomos ya tienen. Además, la gestión tributaria debe introducir criterios de puro sentido común para evitar situaciones que ahora asfixian a los trabajadores por cuenta propia: es imprescindible que las personas autónomas puedan acogerse durante todos los trimestres a un IVA con criterio de caja, también en el cuarto, así como que puedan deducirse este impuesto indirecto en el momento del devengo aunque el autónomo o autónoma esté acogido a ese criterio de caja. Y no podemos olvidar la importancia de poner el acento de la inspección fiscal sobre las grandes empresas, que concentran muy mayoritariamente las prácticas de ingeniería contable para la evasión fiscal.
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Las ciudadanas y ciudadanos estamos demasiado acostumbrados a que los debates sobre reformas que afectan a la fiscalidad se reduzcan a la simpleza de si se suben o se bajan los impuestos, cuando la clave es si de verdad estamos cumpliendo con el precepto constitucional de progresividad y con el imperativo ético de justicia fiscal y eficiencia económica de un Estado del Bienestar del siglo XXI. Las autónomas y autónomos y las pymes soportamos sobre nuestras espaldas el peso del tejido productivo y de la generación de empleo, y contribuimos decisivamente a lo público. Es hora de equilibrar la balanza hacia la justicia fiscal.
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María José Landaburu es secretaria general de UATAE
Hace cuestión de pocas semanas conocíamos la posición del Tesoro británico con respecto a incorporar un impuesto para las ventas online con el fin de proteger a los pequeños comercios frente a las multinacionales. Esta propuesta viene dada por datos tan alarmantes como que Amazon ganó 19.500 millones de libras en Reino Unido y solo pagó 14,5 millones en impuestos sobre beneficios (lo que equivaldría a menos de un 1%). Estas cifras evidencian la desigualdad fiscal que hay con respecto a los pequeños comercios y trabajadores y trabajadoras autónomas que en muchas ocasiones deben hacer frente a la carga de impuestos más elevada que la que afrontan las grandes superficies o los gigantes digitales. Pero este desequilibrio no se da únicamente en Reino Unido u otros países cercanos, ni es exclusivo tampoco en el comercio. La realidad, muy a nuestro pesar, no es muy distinta en España: el Informe país por país de la Agencia Tributaria publicado el 25 de febrero refleja que las multinacionales españolas pagan en impuesto de sociedades un tipo efectivo medio del 17% de sus beneficios a escala global, lejos del tipo nominal vigente en nuestro país del 25%, que es lo que pagan las micropymes.
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