La Constitución española, tan manida estos días por quienes dicen defenderla mientras la incumplen sistemáticamente desde hace años, establece en su artículo tres que la riqueza lingüística de España “es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección”.
Ya en su Preámbulo, la Carta Magna proclama su voluntad de proteger las culturas, lenguas y tradiciones “de todos los españoles y pueblos de España”, lo que evidencia que sus ponentes tenían claro entonces, hace más de cuarenta años, el valor del conjunto de las lenguas como parte fundamental de la propia identidad del país.
Por eso, la imagen que protagonizaron hace unos días las diputadas y diputados de Vox en el Congreso, abandonando el hemiciclo cuando el socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro comenzó a hablar gallego en la tribuna, o las palabras del candidato Feijóo, equiparando la Cámara con un karaoke, no solo son una falta de respeto a los más de doce millones de españoles y españolas que hablan nuestras lenguas oficiales; son también un ataque a los principios que inspiraron la Constitución.
Sorprende, especialmente, el desprecio mostrado por el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que gobernó Galicia durante más de una década y a quien, no hace tanto, escuchábamos defender con naturalidad el uso de esta lengua. “El hecho de hablar gallego no implica rechazo a nada, sino amor a lo propio”, dijo en su intervención ante el Cercle D’Economía en 2016, mismo foro, por cierto, en el que tiempo atrás llegó a referirse a Galicia como “una nación sin Estado”.
Feijóo, que antes de dar el salto a la política nacional utilizaba el gallego con normalidad en el Parlamento autonómico, parece que ahora, en Madrid, y con su liderazgo muy cuestionado en el seno de su propio partido, prefiere hablarlo en la intimidad.
Y eso a pesar de que su sucesor en el cargo, Alfonso Rueda, avaló recientemente que los diputados del Partido Popular usen la lengua gallega en sus intervenciones en el Congreso. No parece que esta posibilidad vaya a tener mucho éxito, a juzgar por la polvareda interna que levantó la intervención en euskera de Borja Sémper, quien, como saben, defendió desde el estrado el voto en contra del PP a la utilización de las lenguas cooficiales usando, precisamente, una de ellas. Lo cierto es que no deja de ser, como dirían en Galicia, una “trapallada”; una chapuza, otra más, del Partido Popular.
La amenaza a las lenguas cooficiales llega ahora al Senado, donde Vox defenderá una iniciativa para suprimir su utilización en la Cámara de representación territorial, obligando al PP a posicionarse. El partido de ultraderecha pretende así estirar un debate que le permite seguir instalado en la confrontación, posición natural de los de Abascal. Curiosa forma la suya, por cierto, de ser patriotas.
Feijóo, que antes de dar el salto a la política nacional utilizaba el gallego con normalidad en el Parlamento autonómico, parece que ahora, en Madrid, y con su liderazgo muy cuestionado en el seno de su propio partido, prefiere hablarlo en la intimidad
Como expresidente de una Cámara que siempre ha hecho gala de su defensa del conjunto de las lenguas españolas, resulta especialmente doloroso este uso torticero de quienes las manosean a su antojo. Ya vimos un claro ejemplo en diciembre de 2021, cuando el Partido Popular en el Senado consiguió retrasar la aprobación definitiva de los Presupuestos Generales del Estado al apoyar una enmienda de Compromís para la promoción de las lenguas protegidas por la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias. Las mismas que ahora desprecian.
Los senadores “populares” votaron esta enmienda con partidos como Junts, ERC o Geroa Bai. Pero entonces ni se rompía España ni se negaba la existencia de nuestra lengua común, el castellano.
Más allá de lo anecdótico, durante mi etapa en la Presidencia del Senado impulsé diferentes iniciativas para reforzar el vínculo de la Cámara con las lenguas de los distintos territorios, convencido, como estoy, de que una mayor difusión de estas no solo permite poner en valor la realidad lingüística de nuestro país; fomenta también el respeto a la diversidad cultural de España, ahondando en la cohesión social y la convivencia.
Mis visitas a las Academias de las Lenguas de aquellas Comunidades cuyos Estatutos amparan la oficialidad de una lengua propia, como es el caso de Cataluña, País Vasco, Galicia o Comunidad Valenciana, sirvieron para impulsar convenios de colaboración entre estas instituciones y el Senado. Y hacerlo, además, con un amplio consenso político.
Y es que frente a quienes pretenden patrimonializarlas o utilizarlas como arma arrojadiza, la Cámara de representación territorial ha mostrado la verdadera riqueza de nuestras lenguas: nos unen en la diversidad.
Así que, en el Día Europeo de las Lenguas, que se conmemora a iniciativa del Consejo de Europa cada 26 de septiembre desde el año 2001, me van a permitir celebrar que las nuestras, las de todos y todas, se escuchen ya en el Congreso de los Diputados, que como dijo su presidenta, Francina Armengol, ahora es, más que nunca, el templo de la palabra.
Y con ellas las Cortes Generales se parecen, más que nunca, a la España plural y diversa que somos.
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Ander Gil es expresidente del Senado y senador del PSOE por Burgos.
La Constitución española, tan manida estos días por quienes dicen defenderla mientras la incumplen sistemáticamente desde hace años, establece en su artículo tres que la riqueza lingüística de España “es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección”.