Un momento de memoria ante la amnistía

Creo formar parte de la mayoría de los catalanes que luchamos por un pueblo de Catalunya solidario con los pueblos de España, comprometidos en la construcción de una España justa e igualitaria en el marco de un Estado Federal.

Comenzaré con un texto ejemplar escrito en 1876 por un catalanista y republicano como era Pi i Margall: “Derribar y no levantar barreras ha de ser el fin de la política... Enseñemos a nuestros semejantes a vivir con hombres de otras razas y de otros colores no solo en relación al comercio, sino también en comunidad de ideas y sentimientos”.

Hoy, sigue resultando muy preocupante que, tras la firma de los recientes Acuerdos del PSOE y Junts, el dirigente independentista Jordi Turull afirme: “No renunciamos a nada”.

Evidentemente, se refiere, entre otros antecedentes, a estas tres Resoluciones del Parlament de Catalunya que hoy es necesario tener presentes, más allá de ciertos términos, muy preocupantes, de dichos Acuerdos.

Catalunya no está subyugada ni dominada por España y es completamente falso que la pretendida independencia augurase una supuesta libertad de la que ahora careciera

El Parlament, en la Resolución de 9/11/2015, ya proclamaba: ”Como depositario de la soberanía y expresión del poder constituyente, reitera que esta Cámara y el proceso de desconexión democrática del Estado español no se supeditará a las decisiones de las instituciones del Estado español…”. Y añadía: “El Parlament de Catalunya declara el inicio del proceso de creación de un Estado catalán independiente…”. -

 Y un año después, el  27 de julio de 2016, dicha Cámara  proclamaba un proceso constituyente que concluiría con la ruptura con España y la pretendida creación de un “Estado catalán independiente”. 

Y, ya en la LLei 20/2017, remataban dichas proclamas con un texto mucho más concluyente y de plena ruptura con el Estado democrático español: ”Constituyen la República catalana como Estado independiente y soberano” (Art. 1 de dicha Ley.). A ello habría que añadir malversación de fondos públicos en torno a tres millones de euros. Decisiones y actos, de evidente y gravísima relevancia penal, a punto de ser convertidos en una nimiedad.

Nadie duda de la condición de nación de Catalunya y la Constitución de 1978 la reconoció implícitamente en la Disposición Transitoria Segunda cuando se refiere a “los territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos del Estatuto de autonomía”, entre los cuales solo estaban Euskadi y Catalunya. Ciertamente no se optó —con la conformidad de las fuerzas políticas catalanas— por un Estado estructurado federalmente, pero se aceptó un Estado descentralizado por la vía de las autonomías.

Es evidente que reconocemos y damos soporte al derecho del pueblo de Catalunya —que, no se olvide, está integrado por la totalidad de sus ciudadanos— a un régimen de autogobierno mucho más amplio en sus competencias. Pero Catalunya, vinculada históricamente a España desde hace siglos, solo puede y debe hacerlo desde la aceptación y el respeto a las instituciones democráticas españolas —incluido el Código Penal— a través de la reforma constitucional que proceda.

Con un presupuesto irrenunciable: Catalunya no está subyugada ni dominada por España y es completamente falso que la pretendida independencia augurase una supuesta libertad de la que ahora careciera.

Desde las más elementales exigencias democráticas, debe cesar definitivamente este proceso fraudulento y desafiante y solicitamos a la ciudadanía y a las instituciones catalanas lealtad a los trabajadores/as de España que padecen, en todo caso, las mismas o peores privaciones que los trabajadores catalanes. Pero, sobre todo, la “lealtad constitucional”, que exige el Estatuto de Autonomía  vigente, hacia la democracia española de la que continuamos formando parte y, sobre todo, lealtad hacia los pueblos de España. 

Así lo expuse en el escrito dirigido al Alto Comisionado de las NNUU para los Derechos Humanos, de Ginebra, en marzo de 2018, replicando a la denuncia contra el Estado español que había formulado el entonces ya prófugo Puigdemont sobre la supuesta falta de respeto por el Estado español a los derechos humanos de los ciudadanos de Catalunya. Denuncia que determinó la correspondiente réplica por su conducta de “un constante abuso de poder y violación del ordenamiento democrático”, razón por la  que “él y su Gobierno fueran destituidos por el Estado español en aplicación del art. 155 de la Constitución…”.

Y, para concluir, abrir un horizonte más democrático y plural para el futuro de Catalunya. El que, con tanto acierto, planteaba el que fuera  eminente dirigente del PSUC A.Gutierrez Díaz: ”La Catalunya de hoy es la Catalunya de todos y no dejaremos que nos la arrebaten aquellos que con nacionalismos extremos y provocadores quieren utilizar la bandera catalana para esconder sus intereses de clase… Frente al catalanismo instrumental de la derecha opondremos un catalanismo popular de progreso…”. Sobre todo, si los nacionalistas respetan, como debe ser, los valores proclamados en el art. 2 del Tratado de la Unión Europea: ”El pluralismo, la prohibición de discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad de hombres y mujeres”. Esta, y no otra, será la senda justa.

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Carlos Jiménez Villarejo, jurista, fue fiscal Anticorrupción entre 1995 y 2003.