Estos últimos días se ha vivido un colapso bastante generalizado de las urgencias de los hospitales de todo el país, que ha tenido una mayor expresión en comunidades autónomas como Madrid, Cataluña o Valencia, pero que, en mayor o menor medida, las ha alcanzado a todas.
Aunque es un fenómeno que si se miran las hemerotecas viene siendo habitual en el país, al menos en los últimos 15 años, parece haber provocado sorpresa porque en 2021 y 2022 no se produjo, debido, muy probablemente, a las medidas adoptadas frente al covid-19, que evitaron, en gran parte, la transmisión de los virus responsables de las infecciones respiratorias agudas todos los inviernos (gripe, rinovirus, neumovirus, etc.). A resultas de estos picos de infecciones respiratorias acaban produciéndose imágenes dantescas de personas hacinadas en las salas de urgencias esperando encontrar una cama para su ingreso hospitalario, y tremendas demoras en la atención sanitaria en esta área. Situaciones estas que suelen ser incompatibles con una buena calidad de la atención sanitaria y, desde luego, con la dignidad de las personas que las sufren, obligadas a permanecer muchas horas, cuando no muchos días, alimentándose, recibiendo tratamiento, aseándose y haciendo sus necesidades fisiológicas en unas situaciones de ausencia casi total de intimidad.
No resulta sorprendente que las autoridades responsables de la atención sanitaria se muestren aparentemente sorprendidas al comprobar que, en estas fechas del año, como suele suceder desde que existen registros históricos, es decir, unos 30 siglos, se producen epidemias de características similares, pero en todo caso merece la pena recordar algunas cuestiones que están detrás de estos hechos tan lamentables.
El primero, y el que se ha señalado más generalmente, es precisamente que el abandono del uso de mascarillas en los espacios interiores ha favorecido la transmisión de estas enfermedades, que precisamente por su uso había sido mucho menor los dos años anteriores, lo que evidentemente cuestiona si no deberían haberse vuelto a utilizar.
La segunda es el deterioro de la Atención Primaria, perfectamente constatado y denunciado por la ciudadanía y los sanitarios, y que ha producido un incremento inapropiado de la utilización de las urgencias hospitalarias, fundamentalmente como alternativa a las elevadas demoras en las citas en el centro de salud y a la sobreutilización de las consultas telefónicas. Obviamente, estos hechos han empeorado la situación de las urgencias hospitalarias, que sufren una sobrecarga asistencial de problemas que podrían, y deberían, haber sido atendidos en la Atención Primaria, pero probablemente han tenido menor impacto sobre los enfermos que esperan una cama hospitalaria, porque la necesidad de ingreso se produce en personas muy mayores y con patologías previas, y, por lo tanto, en muchas ocasiones no pueden evitarse desde la Primaria.
El deterioro de la Atención Primaria, perfectamente constatado y denunciado por la ciudadanía y los sanitarios, ha producido un incremento inapropiado de la utilización de las urgencias hospitalarias
Finalmente, el problema fundamental tiene que ver con el bajo número de camas hospitalarias que tiene nuestro país desde hace muchos años, y que, pese a ello, continúan disminuyendo. Por ejemplo, en 2010, teníamos 157.958 camas en el conjunto del país, que en 2020 habían disminuido a 153.276, es decir, 4.702 camas menos, mientras que la población había aumentado en 845.993 personas, según datos del INE, y además, la población se había envejecido. Esto significa que en 2020 teníamos 3,24 camas por 1.000 habitantes, de las cuales 2,23 eran públicas (el segundo país con menos camas por 1.000 habitantes de la UE, y por debajo de la media de camas de la OCDE y la UE, 4,5 y 5 respectivamente). Es esta política de insuficiencia de camas y de disminución progresiva de las mismas lo que condiciona que cualquier pico de la demanda, bien por los virus respiratorios estacionales, o bien por cualquier otra causa, recuérdese la COVID-19, produzca un colapso en los hospitales de difícil solución en ese momento concreto. Y también la que está detrás de que, según el Barómetro Sanitario de 2022, el 56,9% de la población espere más de 1 mes para un ingreso programado, en algún caso, el 16,8%, más de 6 meses.
Precisamente por eso, desde la FADSP reclamamos en nuestra comparecencia en la Comisión de Reconstrucción en el Congreso de los Diputados la necesidad, aparte de incrementar la financiación de la Sanidad Pública y de reforzar la Atención Primaria, de aumentar el número de camas hospitalarias en este país, que por cierto se recogió en las conclusiones de dicha Comisión, sin que por supuesto haya tenido repercusiones prácticas al respecto. Así las cosas, si queremos evitar que estos hechos vuelvan a repetirse, necesitamos un plan de ampliación de los recursos hospitalarios que nos homologue, al menos, con la media de las camas por 1.000 habitantes de la OCDE o la UE, es decir, entre 40 y 70 mil camas hospitalarias más en el conjunto del país. Obviamente, este aumento de camas hospitalarias también tendría efectos positivos sobre las listas de espera, ya que permitiría acrecentar, por ejemplo, la actividad quirúrgica y por otro lado reduciría la espera para hospitalizaciones no urgentes.
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Marciano Sánchez Bayle es médico y portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.
Estos últimos días se ha vivido un colapso bastante generalizado de las urgencias de los hospitales de todo el país, que ha tenido una mayor expresión en comunidades autónomas como Madrid, Cataluña o Valencia, pero que, en mayor o menor medida, las ha alcanzado a todas.