Esta semana en Bruselas hemos logrado un acuerdo que cambiará la vida de miles de personas. En la Unión Europea, cada año se identifican más de 7.000 víctimas de trata de seres humanos, aunque según las estimaciones de la UNODC, sólo en torno al 25% de las víctimas son detectadas. Las demás permanecen invisibles, explotadas y, en el caso de las mujeres y niñas, con un riesgo alto de sufrir violencia extrema, tanto física como sexual.
Gracias a la presión del Parlamento y a un Consejo abierto a negociar, se ha pactado una reforma que permitirá mejorar la persecución y penalización de estos delitos, así como ofrecer una protección y asistencia más adecuada a las víctimas. Las redes criminales y los tratantes están en constante evolución, así que había una necesidad imperiosa de reformar una Directiva que se aprobó hace más de 12 años, y cuyos medios se han demostrado insuficientes para luchar contra la esclavitud moderna. Por ello, se han ampliado las formas de trata para incluir el matrimonio forzado y la adopción ilegal. Y, además, hemos logrado, con gran esfuerzo, que se recoja la explotación por gestación subrogada.
Es quizás este tipo penal el que suscitó más dudas en un principio, con la reticencia de ciertas entidades de la sociedad civil para reconocer que hay casos de gestación subrogada que implican la explotación de la capacidad reproductiva de las mujeres. Sin embargo, tenemos ejemplos muy cerca. Recientemente conocíamos el caso de una mujer latinoamericana que había sido captada y trasladada a Córdoba para gestar, a cambio del dinero ofrecido por una pareja, y que acabó embarazada tras una violación. La propia Fiscalía reconoció la dificultad para encajar los hechos en el tipo penal de trata de personas y llamó la atención sobre la necesidad de tipificar esta nueva forma de explotación. Otros ejemplos los encontramos en países donde la gestación subrogada es legal, como en Grecia, donde en los últimos años se han detectado casos de mujeres captadas en Bulgaria, Rumanía, Moldavia Georgia y Albania para ser explotadas reproductivamente. Como co-ponente, me he implicado personalmente en esta lucha y considero que es una victoria feminista que la Directiva contra la trata de seres humanos contemple estos crímenes terribles, que tienen como principal objetivo a las mujeres más vulnerables y con menos recursos económicos.
Es importante que las víctimas no sean perseguidas o castigadas por actos que se hayan visto obligadas a cometer como consecuencia directa de ser víctimas
Otro de los éxitos destacados en materia penal es la criminalización de los usuarios que consuman servicios sexuales, a sabiendas de que los ofrecen víctimas de trata. La idea es que esta fórmula sirva también para desincentivar la demanda.
En algunos aspectos habríamos querido ser más ambiciosas, pero celebramos que haya prevalecido un enfoque centrado en las víctimas, asumiendo una perspectiva de género e interseccional. Es importante que las víctimas no sean perseguidas o castigadas por actos que se hayan visto obligadas a cometer como consecuencia directa de ser víctimas, porque de lo contrario favorecemos a los tratantes e incrementamos la vulnerabilidad de las víctimas. Precisamente por ello hemos ampliado los actos para que se cubran no solo las actividades criminales que puedan llegar a cometer sino también otras actividades ilícitas. Consideramos también fundamental que la atención sea especializada, que se garanticen refugios y otros alojamientos provisionales en número suficiente y fácilmente accesibles, que las víctimas puedan solicitar al mismo tiempo un permiso de residencia y protección internacional para que no se vean forzadas a elegir entre uno u otro, o mejoras en la respuesta de la justicia penal, incluyendo entre las sanciones o medidas contra las empresas condenadas por trata de seres humanos la exclusión de los procedimientos de licitación, subvenciones, concesiones y licencias. Estas empresas criminales deberían devolver lo ganado lucrándose con el cuerpo y las actividades de sus víctimas, pero al menos ahora pasarán a la lista negra.
No quiero dejar de subrayar la importancia de haber abordado la dimensión online. Diversas investigaciones demuestran que el uso de Internet y las redes sociales es vital para consumar distintas formas de trata de personas, especialmente la explotación sexual de mujeres y niñas, y que ha crecido exponencialmente en los últimos años. No se trata solamente de la captación online, ahora también es posible explotar sus cuerpos sin retenerlas físicamente. Por ello es importante que la Directiva contemple campañas contra estas prácticas, y la exigencia de que quienes investigan y enjuician estos delitos tengan los conocimientos y capacidades tecnológicas adecuadas.
Todos los recursos para luchar contra esta barbarie son pocos, y más en este contexto de guerras y crisis continuadas, pero gracias al trabajo incansable de nuestros equipos negociadores y a la determinación del Parlamento, tenemos un acuerdo para reformar la Directiva contra la trata de personas. La esclavitud del siglo XXI debería acabar de una vez. Estoy orgullosa de haber contribuido a dar un paso adelante.
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María Eugenia Rodríguez Palop es eurodiputada por The Left.
Esta semana en Bruselas hemos logrado un acuerdo que cambiará la vida de miles de personas. En la Unión Europea, cada año se identifican más de 7.000 víctimas de trata de seres humanos, aunque según las estimaciones de la UNODC, sólo en torno al 25% de las víctimas son detectadas. Las demás permanecen invisibles, explotadas y, en el caso de las mujeres y niñas, con un riesgo alto de sufrir violencia extrema, tanto física como sexual.