Objetivación y transparencia de la política

Si tuviéramos que enviar una carta en este periodo estival a los Reyes Magos, una de las cosas fundamentales que les pediríamos sería que los representantes públicos en España se planteasen a partir de ahora unos debates políticos que fueran: a) objetivos y b) transparentes, abandonando así la senda actual de los debates zafios, artificiales y a veces barriobajeros.

Sería fundamental en este sentido un cambio de coordenadas desde lo subjetivo hacia lo objetivo, esto es, sustituir las agresivas contiendas en las que enarbolan constantemente la bandera del Y tú más por aquellos debates en los que se manejen datos objetivos y contrastables como fuerzas de peso en un combate político legítimo, sustanciado y transparente, de forma tal que los argumentos estuvieran siempre basados en hechos y datos fundamentados, y desde luego conocidos en todo momento por la ciudadanía. Si esto se llegase a cumplir cambiaría radicalmente la política española y la eficacia en el cumplimiento de los objetivos sociales y las tareas encomendadas por los ciudadanos a sus representantes políticos.

Vamos a exponer brevemente tres ejemplos de lo que podría ser un camino hacia la objetivación y transparencia de la política. Un primer ejemplo sería el relativo a los Fondos europeos (New generation) que España va a recibir de la UE en los próximos años, y que ascienden a un gigantesco importe de 145.000 millones de euros. Sería importante así que se hiciesen públicos en una página web sencilla y conocida por todos los datos detallados sobre el destino de esos importantes fondos europeos, y se hiciera algo tan simple y tan necesario como recoger en una tabla o cuadro de dominio público los importes detallados de todos y cada uno de los muy numerosos proyectos y actividades en los que se van a gastar dichos fondos, con sus datos básicos individualizados: nombre y características fundamentales, agentes o instituciones responsables de su desarrollo, la/s Comunidades autónoma/s en los que se fueran a desarrollar, así como los destinatarios o beneficiarios de los mismos, entre otros. Ello contribuiría a que los ciudadanos dispusiesen de una radiografía detallada de esos fondos y los usos públicosradiografía que se darían a los mismos. Esta información, actualizada permanentemente, sería un ejemplo de unas prácticas políticas objetivas, en cuanto a datos concretos y documentados, así como transparentes, puesto que serían de dominio y control públicos. Lo ideal es que hubieran participado el conjunto de las instituciones y formaciones políticas en su elección y reparto, pero si no ha sido así como parece hasta el momento, es imprescindible en todo caso que el ciudadano esté al menos debidamente informado de lo que se va a hacer con ese dinero que es de todos y para el bienestar y el progreso de todos.

Otro ejemplo de política objetiva y transparente lo podemos situar en el proceso –hasta el momento conflictivo– del reparto de poder y competencias entre el Estado y Cataluña. Aunque es un conflicto con una alta dosis de subjetivismo incluso emocional, se pueden sin embargo buscar algunos elementos que puedan servir como punto de partida para esa praxis política objetiva y transparente. Si tomamos el conjunto de las cuarenta y seis propuestas que en 2016 se hicieron por parte de la Generalitat al Gobierno central, quizás resulte posible elegir algunas que están acompañadas de datos jurídicos y/o judiciales reales que pudieran marcar así una vía de entendimiento. Nos referimos, por ejemplo, a las competencias sobre becas universitarias, que según fuentes –nacionalistas– que hemos consultado para éste y otros de los ejemplos que vamos a poner seguidamente, cuentan con varias sentencias del Tribunal Constitucional favorables a la atribución de esas competencias al Gobierno catalán. Algo parecido ocurre en cuanto a la descentralización del 0,7 del IRPF para fines sociales, sobre el que según estas fuentes hay diversas sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo favorables a dicha delegación de competencias. También pudiera considerarse que hay diversos pronunciamientos de ambos tribunales, así como de la Audiencia Nacional y el TSJ de Madrid, favorables a una descentralización en la gestión de las subvenciones en materia de inmigración. Buscando igualmente datos que podrían considerarse objetivos en esta materia, y siempre según dichas fuentes, cabe señalar que una resolución del Parlamento Europeo creó un marco jurídico que viene a consagrar la autonomía de los Puertos en la fijación de las tasas, cabiendo reseñar, por otra parte, la posible insuficiencia financiera para la dependencia, en función de la Ley 39/2006. Sería conveniente, en todo caso, que se contrastasen de forma compartida estos precedentes jurídicos y judiciales, y ello de cara a utilizarlos en la búsqueda de algunos acuerdos en torno a estos desencuentros institucionales.

Reiteramos que se trata, por tanto, de buscar elementos que puedan considerarse mínimamente objetivos, por una parte, y hacerlos además transparentes para la sociedad, por otra, en la búsqueda compartida de consensos políticos.

Un tercer y último ejemplo de prácticas políticas objetivadas y transparentes podría ser el de las condiciones para un eventual referéndum de independencia de Cataluña. En este sentido sería muy de agradecer que previamente a plantearse la organización de un posible referéndum se elaborase una información objetiva y fundamentada sobre los posibles efectos o consecuencias, tanto legales, como económicas y sociales, de la eventual independencia de Cataluña. Las instituciones relacionadas con este tema, y sobre todo las formaciones políticas, sean del color que fuesen, tienen la obligación de buscar y ofrecer a los ciudadanos datos reales sobre dichas consecuencias, contribuyendo a reducir así las a menudo agresivas e infundadas posturas de muchos partidarios de un signo o de otro en relación con este tema.

Se debería hacer pública, por tanto, y a poder ser de forma consensuada, una lista lo más objetiva posible de dichas consecuencias. Si, por ejemplo, la independencia de Cataluña conllevase de forma automática su salida de la Unión Europea, como pudiera parecer según los Tratados internacionales vigentes y los pronunciamientos de diversas instituciones europeas, los ciudadanos deberían estar informados, siempre de una forma objetiva y sustanciada jurídicamente, y ello antes de iniciarse la organización de un posible referéndum. Ello podría incluso condicionar la/s preguntas que se harían al ciudadano en esa eventual consulta. En una praxis objetiva y transparente se debería informar, en definitiva, a los ciudadanos sobre las diversas consecuencias, de un signo o de otro, que podría conllevar la salida de Cataluña de España. También se debería informar públicamente sobre el camino u opciones, si es que existen, dentro de la legalidad y la Constitución española, para plantear un referéndum de ese tipo (o de algún otro similar) así como las eventuales condiciones y características del mismo, cuestión ésta igualmente importante para la ciudadanía.

Concesiones hidroeléctricas: tomando el cielo por asalto

Ver más

Los anteriores ejemplos reflejan, en resumen, la necesidad de un verdadero cambio de coordenadas en las prácticas y actuaciones de unas y otras formaciones políticascambio de coordenadas, de cara a poder combatir de paso esa escandalosa desafección de los ciudadanos respecto a la clase política, para lo cual resulta necesario, entre otras cosas, objetivar y hacer transparente la praxis política en este país.

________________________________________________________

Jesús Lizcano Álvarez es catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid,  académico de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, cofundador y expresidente de Transparencia Internacional España, y director de la revista Encuentros Multidisciplinares.