Sostendré en este breve análisis que, en ausencia de una vacuna o de un tratamiento contra el covid-19, sólo las sociedades que gestionen adecuadamente los derechos cívicos de las personas podrán proteger mejor la salud pública. Serán las que tendrán más éxito en la precaución o freno de la pandemia. Sostengo que la cesión o renuncia temporal sobre determinados derechos democráticos puede ser la mejor garantía del interés general, en lo relativo a hacer mínimos los daños de esta pandemia sobre la salud pública.
Tres derechos
¿A qué derechos me estoy refiriendo?. Fundamentalmente a tres ámbitos que suelen estar garantizados en países democráticos. En primer lugar la libre salida o entrada en el país, que se suspende en un cierre de fronteras. En segundo lugar, los de libre circulación interna, de reunión, manifestación, de actividades, etc. que pueden ser severamente limitados en un estado de alarma o de confinamiento severo. En tercer lugar el derecho a la privacidad digital, que podría ser suspendida, temporal y parcialmente, en aras de un mejor control de la movilidad de todos los contagiados y potenciales infectados.
A nadie se le escapa que entre dos países en los que en uno se adopten medidas contundentes en estos tres ámbitos y en otro no, las diferencias en el control y expansión de la pandemia serán abismales.
Habría así países en los que el interés general (la salud pública) prima sobre aquellos tres derechos individuales. En los que dicho interés general o bien común (en el caso que nos ocupa frenar la pandemia) decide democráticamente, entre todos los ciudadanos por los mecanismos e instituciones previstas, su suspensión.
Y tendremos otros países en los que se erosiona el principio de prevalencia del interés general al primar intereses o derechos individuales-particulares, con “la quiebra inherente e inevitable de la solidaridad comunitaria”, como bien argumenta J.J. López Burniol en el último número de La Maleta de Portbou. Aquí la no renuncia a derechos privados afectaría negativamente al bien común.
Un país como China podría estar entre los primeros –con el hándicap de no hacerlo democráticamente– y Corea del Sur también, aunque en este caso sí democráticamente. Países en los que el interés colectivo (sanitario y económico) se sobrepone rápidamente a los intereses particulares en lo relativo al cierre de fronteras y al confinamiento estricto. Aunque en China perdieran todo el mes de enero de 2020 en tomar medidas drásticas.
Estados Unidos o Reino Unido (en la primera ola) podrían ejemplificar el segundo grupo. Y España una situación intermedia de ambos. En todos estos casos la oposición democrática a la toma de medidas de cierre de fronteras o de estrictos confinamientos domiciliarios estaría auspiciada por agentes económicos privados que buscan minimizar el impacto sobre sus legítimas actividades. Aunque estas oposiciones (caso del turismo o de la hostelería) al final deban (tarde, mal y a rastras) ceder a esas medidas. Lo que no impide que puedan diferirlas durante semanas clave que el virus aprovechará para contagiar y matar a más y más gente.
La privacidad digital
La privacidad de los datos personales supone hoy otra diferencia que, superpuesta a las dos anteriores, impide (o ayuda, en su ausencia) a un seguimiento y rastreo ágil de los brotes y los contagios. Lo que, a su vez, permite limitar el alcance necesario (territorial y temporal) de los confinamientos y los cierres de fronteras.
En este caso vuelve a ser cierto que en los primeros países (sin o con democracia) las sociedades asumen suspender dicha privacidad en favor de la salud pública y los intereses colectivos. Mientras que en los segundos, al mismo tiempo que esos datos se ceden alegremente a multinacionales de big data en un clic, se es remiso a cederlos a las instituciones públicas propias (por ejemplo sanitarias). Instituciones sobrecargadas a las que el mismo individuo que niega sus datos acudirá lleno de razón reclamando su derecho ciudadano a un tratamiento o diagnóstico.
Así, mientras entre los segundos, España entre ellos, solo uno de cada diez ciudadanos ha compartido esos datos, en Irlanda llegan a casi cuatro de cada diez. Algo que no puede ser ajeno a que nosotros dupliquemos los infectados por millón de aquel país (2694 y 1291 respectivamente, consultado el 4/11/2020). Países en los que, como mínimo, cada persona diagnosticada como contagiada –gracias a la asistencia pública– debiera entrar ipso facto en la app y el big data público correspondiente de seguimiento digital.
Algo que sí sucede entre los primeros países. Así en China, Corea o Japón están aún hoy por debajo de los 100 infectados por millón, mientras la renuncia a dicha privacidad (sea democrática o no) sobre esos datos es mucho más elevada que en los primeros. Algo que no puede ser una simple coincidencia.
Como bien se observa, mientras que no pocos países progresan con mayor o menor celeridad en las tradicionales medidas de confinamiento o cierre de fronteras por parte de sus instituciones democráticas, al mismo tiempo se encuentran desnudos frente a un big data que les impide hacer efectiva una gestión colectiva de datos de infectados, datos que en otros países se revelan cruciales para el control en tiempo real de los rebrotes de la pandemia.
Un derecho éste –a la privacidad de los datos– que ni debiera estar siempre suspendido (caso de China) en favor del Estado, ni siempre apropiado en exclusiva por las multinacionales privadas (GAFAM) en muchos otros países. Tal derecho a la privacidad debiera ser modulado democráticamente en favor de los Gobiernos que los necesitan para la mejor defensa del interés general: la salud pública.
Porque frente a las ciberdictaduras meritocráticas y al hipercapitalismo plutocrático digital Chimericano, necesitamos abrir camino a una soberanía democrática digital a la manera como se produce un cierre de fronteras físicas, si queremos aplicar el principio de precaución en una pandemia.
Resultado: una normalidad indecente
Es así que las actuales resistencias (privativas, empresariales o individualistas) a confinamientos, cierres de fronteras o a ceder datos personales, provocan no solo un deterioro de nuestra salud pública y de la mortalidad pandémica, sino también de los muy valiosos recursos humanos de nuestros sistemas sanitarios.
Observo perplejo cómo esas resistencias y dilaciones se han incluso modulado (entre la primera y la segunda ola en España) hasta llevar al límite las UCIs y el esfuerzo de los trabajadores de la sanidad en cada Comunidad Autónoma… llegándose a considerar de facto normal o asumible más de doscientos muertos diarios, siempre que no se desborde/colapse la carga de trabajo.
Modulaciones de confinamientos a tiempo parcial (nocturnos) o a escala municipal, y aun estos a veces de fin de semana. O bien parando unas actividades no esenciales y otras no. Un menú originado por las resistencias a poner en primer plano el interés colectivo. Y así, mientras con una mano se aplaude a los héroes de la sanidad, con la otra se los coloca al borde del abismo. Esto es, en mi opinión, lo que se esconde bajo el eufemismo del equilibrio y proporcionalidad entre economía y salud.
Daños que los que manejan aquellas resistencias y modulaciones ya consideran colaterales. Y no son pocos: sobre los contagiados y los trabajadores sanitarios, pero también sobre todos los usuarios del Sistema Nacional de Salud que comprueban, con riesgo de muerte, cómo éste es ya incapaz de cubrir las contingencias habituales.
Mayores como Paquita
Algunos a esto lo llaman nueva normalidad. Para mí es seguir exprimiendo un limón catastrófico con tal de no declarar un segundo confinamiento total. Pues si bien el primero se justificó como imprescindible en algunas zonas y preventivo para muchas otras (y bien estuvo el hacerlo así), ahora esos mismos gestores solo aceptarán –si acaso– confinamientos domiciliarios en zonas desbordadas… con lo que abandonan al resto de ciudadanos a aquella catastrófica normalidad. Todo en aras de no dañar las previsiones de PIB, de los objetivos de venta en las navidades o de peregrinos al Xacobeo. En suma: intereses privados que no son públicas virtudes, sino desastres colectivos.
-----------------------------------
Albino Prada es miembro de ECOBAS y del comité científico de Attac España, y autor de los ensayos "Crítica del hipercapitalismo digital" (2009) y "Caminos de incertidumbre" (2020).
Sostendré en este breve análisis que, en ausencia de una vacuna o de un tratamiento contra el covid-19, sólo las sociedades que gestionen adecuadamente los derechos cívicos de las personas podrán proteger mejor la salud pública. Serán las que tendrán más éxito en la precaución o freno de la pandemia. Sostengo que la cesión o renuncia temporal sobre determinados derechos democráticos puede ser la mejor garantía del interés general, en lo relativo a hacer mínimos los daños de esta pandemia sobre la salud pública.