¿Dónde quedó la disputa entre Polonia y la Unión por el Estado de derecho? ¿Cuáles son las implicaciones en el contexto actual de guerra en Ucrania?
La Unión Europea y Polonia se han visto envueltas en disputas legales sobre el incumplimiento del Estado de derecho desde 2019. Con la llegada al poder del partido Ley y Justicia (PiS) en 2015, el poder judicial polaco ha sido debilitado y moldeado a los intereses del Gobierno. Precisamente, la denominada ‘cámara disciplinaria’ ha despedido a jueces opositores a los intereses del partido, muchos de los cuales priorizaban la jurisdicción europea sobre la polaca. Desde su llegada, el Gobierno ha incluido en su esfera de influencia múltiples actores estatales: medios de comunicación públicos, mediante la Ley de medios (TVN) y en detrimento de la libertad de prensa; la fiscalía, politizando la institución y procesando a actores civiles, activistas, jueces y opositores políticos; e incluso el Defensor del pueblo, habiendo retirado al previo Adam Bodnar, feroz crítico del régimen.
La reacción de la Unión, capitaneada por la Comisión, fue no solo iniciar procesos judiciales contra Polonia defendiendo la primacía de la ley europea, sino aprobar en 2020 el mecanismo de condicionalidad, permitiéndola cortar fondos a Estados cuyas violaciones del Estado de derecho interfirieran con el funcionamiento y reparto de los fondos de la Unión. Además, se trasladó la cuestión en 2020 al Tribunal de Justicia Europeo, para que este determinase la legitimidad legal del instrumento, cuya resolución, en 2022, confirmó su legalidad.
Sin embargo, la invasión de Ucrania cambia el modus operandi de los 27 en esta cuestión, como en muchas otras. El papel geoestratégico de Polonia en el conflicto, siendo país receptor de miles de refugiados ucranianos, le ha dado mayor autoridad en Bruselas, y esta última se ha visto más dependiente de Varsovia. Por ende, Polonia ha sido receptora de fondos dirigidos a ayudar a aquellos países en primera línea del conflicto. Países que, de hecho, incluyen a aquellos con disputas abiertas con el TJUE por el incumplimiento del Estado de derecho, como es el caso de Hungría. Esta cuestión no ha pasado desapercibida, pero sí se ha visto como un mal menor dentro del contexto actual.
Todo ello eclosionó el pasado 6 de junio con la moción de censura a la Comisión por tres eurodiputados del grupo liberal, motivada por la reunión entre Von der Leyen y Duda en junio. La presidenta comunicó el descongelamiento de los fondos otorgados a Polonia, debido a las mejoras realizadas en cuanto al Estado de derecho, como es la eliminación de la cámara disciplinaria y el compromiso a renovar el poder judicial. No obstante, expertos y organizaciones avisan de que el cambio no eliminará la influencia sobre el poder judicial, preocupación que ha motivado también la moción. A pesar de que esta no haya prosperado, sí ha reabierto el debate acerca del rol de Polonia en la Unión Europea, y cómo debe de gestionarse su disidencia.
El impasse
Las relaciones entre Polonia y la Unión son complicadas, y se encuentran en un impasse: Polonia es a su vez miembro de gran importancia estratégica para la Unión, y uno de sus críticos más duros. Bruselas se encuentra en una situación delicada: por un lado, ve que necesita respetar y defender el Estado de derecho de países que lo incumplen, como Polonia, pero, por otro, debe apoyar al país en el conflicto ucraniano, estando Varsovia en primera línea del conflicto. Esta tensión, además, se junta con el peligro de apoyarse en herramientas económicas como mecanismos para lidiar con estas situaciones, sean sanciones a los países que incumplen el reglamento europeo o ayudas para apoyar a los países afectados por la guerra.
La guerra de Ucrania ha agrupado a los 27 como nunca, pero esa unidad, alimentada por la amenaza rusa, presenta complicaciones a largo plazo. La estrategia adoptada que prioriza la unidad en tiempos de guerra sobre el Estado de derecho, si bien estamos en una situación excepcional, omite peligros estructurales a corto y largo plazo que también amenazan al proyecto europeo. Además, esta estrategia de unión tampoco es que haya traído todos los frutos esperados, dado que las divisiones internas sobre cómo lidiar con Rusia persisten. No sólo por parte de los ‘alborotadores’ tradicionales dentro de la organización, véase Polonia o Hungría, sino también por parte de actores más europeístas, como Alemania. Precisamente, la iniciativa de embargar el gas ruso no ha prosperado debido al impacto económico que tendría en Berlín, entre otros socios afectados.
Los Estados miembros deben encontrar una posición intermedia que reconozca la labor de Polonia en el conflicto, pero que asegure el cumplimiento del Estado de derecho
Por ello, los Estados miembros deben encontrar una posición intermedia que reconozca la labor de Polonia en el conflicto, pero que asegure el cumplimiento del Estado de derecho. Si se interpreta la decisión de la Comisión como laxa, podría sentar un precedente para otros socios que también han entrado en disputas con la Unión por incumplimiento del Estado de derecho, como Hungría, para que, siguiendo el ejemplo de Polonia, accedan solo al cumplimiento de ciertas bases del protocolo sancionador.
Cómo se interprete este acercamiento de la Comisión a Polonia será clave en el desarrollo de la Unión, y en las relaciones entre Polonia y los 26. Su relación complicada en lo que concierne a la guerra y el Estado de derecho se extiende a otros proyectos de integración, como es la defensa europea. Se trata de una cuestión actual debido a la recién finalizada cumbre de la OTAN en Madrid, y por el arduo debate en Bruselas sobre el papel de la Unión en materia de seguridad, frente a la OTAN. Todo ello ha puesto de manifiesto, nuevamente, las tensiones en el bloque. Xira Ruiz Campillo, en el nuevo informe de defensa europea de la Fundación Alternativas, ilustra los posicionamientos opuestos dentro de la Unión en materia de refuerzo de la defensa. Precisamente, la negativa de Polonia a un desarrollo de la defensa europea que compita con la organización atlantista enquista las posibilidades de integración de los 27 en el campo de la seguridad. Cuestiones que no son aisladas, pues afectan al funcionamiento de la Unión en su totalidad, además de obstaculizar el desarrollo de futuras capacidades.
Es en este contexto actual donde vemos cómo entra en juego la relación de los 26 con Polonia, presa de continuas tensiones y posibles fracturas en la Unión. Que la moción a Von der Leyen no haya prosperado no quita que deba analizarse como expresión de la reticencia de algunos socios europeos con Polonia. Una reticencia que se extiende a otras múltiples áreas de la Unión Europea, como los mecanismos de financiación o la defensa europea. Sean o no desproporcionadas, siguen siendo reacciones que deberán ser entendidas, y analizadas, dentro del contexto actual de fragilidad de la Unión.
___________________________
Aitana Sánchez Mascaraque es colaboradora de la Fundación Alternativas.