¿Se pueden poner puertas al mar?

El flujo de llegadas a las islas Canarias no es una noticia novedosa, son diferentes repuntes de llegadas sostenidos en el tiempo. Así lo hemos podido comprobar la semana pasada, en una misión de eurodiputados, al constatar in situ lo que ha sido una constante en los últimos 30 años.

Se trata de un fenómeno estructural que está siendo abordado erróneamente con carácter de emergencia, lo que produce sensación de alarma social, en una sociedad altamente acogedora, pero que se siente amenazada con la idea de que sus islas puedan convertirse en un gueto de la Unión Europea donde aislar a las personas sin que pisen el continente.

Canarias es frontera exterior de la Unión Europea, por tanto, quien llega a la isla de El Hierro, a Fuerteventura o a Gran Canaria (al igual que quien llega a Ceuta o Melilla) está en un territorio tan europeo como Bruselas o Estrasburgo, por mucho que  se pretenda utilizar la ficción jurídica prevista en el Pacto de Migraciones de retener en esos territorios alegando que no han entrado en Europa hasta decidir su entrada o su expulsión.

Canarias se enfrenta en estos momentos a un enorme desafío, y con ello, también España. Puede convertirse en un gran campo de recogida y retención, siguiendo el modelo de Meloni con ‘Guantánamos’ en las fronteras exteriores y en terceros países; o puede apostar por un modelo de acogida, inclusión y derivación para una gestión de las migraciones más humana y justa, frente a las políticas de blindaje de fronteras y rechazo de personas, demostradamente fracasadas.

Es demagógico y poco realista considerar que la intervención de FRONTEX, blindaje de fronteras y eslóganes de expulsiones masivas traslada un mensaje desincentivador a quienes necesitan dejar su país. Las migraciones no son un grifo que se abre o se cierra a placer con políticas cortoplacistas, sino un fenómeno mucho más complejo.

Lo que realmente puede desactivar a las mafias es la puesta en marcha de vías legales, con políticas de visados que eviten su lucrativo negocio. Si queremos evitar las muertes en el mar (más de 6000 en la ruta canaria en lo que va de año) e impedir que los traficantes de personas sigan siendo la única opción para quien necesita huir, no lo vamos a conseguir importando en la UE políticas Trumpistas, cerrando todas las puertas, porque ¿cómo se pueden poner puertas al mar, a la búsqueda de un lugar seguro o a los sueños para lograr una vida mejor?

Las islas Canarias han recibido en lo que va de año cerca de 40.000 personas. En estos momentos, las personas adultas que llegan a las islas son trasladadas a la península bajo los programas gestionados por el Gobierno Español en un plazo aproximado de un mes. Sin embargo, no siempre ha sido así, y eso se vislumbra como una amenaza permanente para las islas, dado que depende de la voluntad política del gobierno del momento, que es quien tiene las competencias en materia migratoria.

Altamente preocupante es la situación que viven los niños y niñas migrantes no acompañados.  En estos momentos hay 5.400 menores en las islas, acogidos en más de 80 centros dependientes del Gobierno Canario y del Cabildo por ser su competencia. 5.400 niños y niñas con sus derechos vulnerados, esperando una oportunidad que en las islas no pueden garantizarse debido a la sobresaturación de los recursos existentes, pese al gran esfuerzo que se está haciendo por todas las partes. 

Lo que subyace a la negativa del resto de Comunidades Autónomas es el miedo de los voceros de la derecha y la ultraderecha, con sus argumentos que criminalizan a la infancia migrante, y que les da rentabilidad política

Sin embargo, la imposibilidad de ser trasladados a la península por la falta de solidaridad y responsabilidad del resto de Comunidades Autónomas, que no están dispuestas a acogerles bajo argumentos peregrinos, pone en evidencia que lo que subyace es el miedo de los voceros de la derecha y la ultraderecha, con sus argumentos que criminalizan a la infancia migrante, y que les da rentabilidad política.

Europa acogió en un tiempo récord a cerca de 6 millones de personas procedentes de Ucrania. Solo España ha acogido hasta el momento a 201.000.  Muchas de aquellas, eran menores (62.000 niños y niñas; en torno a 1.800 son menores sin referentes familiares que todavía permanecen acogidos en nuestro país). Se pudo hacer sin ningún problema porque hubo voluntad política.

Todas ellas y ellos, tan menores y tan vulnerables como los que están en estos momentos atrapados en las islas, no son otra cosa que niños y niñas que necesitan la misma protección garantizada por la Convención de los Derechos del niño y la Ley Orgánica de Protección del Menor. Más aún, cuando el ACNUR estima que un 70% de estos menores tienen necesidades de protección internacional, es decir son potenciales refugiados. 

Pero es imposible brindarles una acogida digna y asegurar sus derechos porque el sistema de protección de la infancia en el archipiélago está desbordado al igual que los recursos públicos que les dan soporte. Los derechos de los niños y niñas no son una cuestión de caridad o solidaridad, son de obligado cumplimiento y, por tanto, aquellas Comunidades Autónomas que se están negando al reparto y a la acogida, están obviando sus obligaciones jurídicas.

Canarias necesita urgentemente una respuesta para resolver la situación de esos niños y niñas varados en las islas. Para empezar, con la reforma de la Ley de Extranjería que, a través de su artículo 35 bis, permitirá, el reparto vinculante de niños y niñas entre las Comunidades Autónomas. Lamentablemente, el Pacto Europeo de Migraciones y Asilo no es una solución para Canarias, ni tampoco para una gestión eficiente de las migraciones, dado que carece de un enfoque de solidaridad entre países, y amenaza el respeto de los derechos humanos. 

España debe poner pie en pared y exigir a la Unión Europea que se implique, para no convertir a Canarias en una gran cárcel de niños y niñas a cielo abierto. Con planes para abordar las causas profundas de la migración y para el desarrollo en los países de origen, con un sistema de acogida estable y coordinado entre todos los estados miembros, dotando a España, y en este caso a Canarias, de fondos de emergencia ágiles que permitan gestionar la presión migratoria sin tensionar sus recursos públicos.  Porque se trata de evitar que los penúltimos compitan contra los últimos.

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Estrella Galán es eurodiputada de Sumar.