A pesar de que el 12 de febrero se manifestaron en Madrid casi un millón de personas defendiendo la Sanidad Pública, en estos días pasados hemos asistido a iniciativas privatizadoras del sistema Sanitario español inéditas hasta ahora y llevadas a cabo o anunciadas por parte de gobiernos conservadores de algunas Comunidades Autónomas.
Solo un día después de la manifestación en Madrid, la coalición Por Andalucía en esa Comunidad denunció que el gobierno andaluz, que pertenece al Partido Popular con mayoría absoluta, mediante una orden interna del 8 de julio de 2022 en fase de tramitación, ve factible la derivación de consultas de Atención Primaria a empresas privadas y también que empleados de las mismas trabajen en centros públicos realizando determinados servicios. Todos estos actos asistenciales concertados, incluyendo otros muchos de distinto tipo, tendrán una tarifación concreta y establecida que se ha hecho pública recientemente.
Y solo unos días después en Madrid, cuando el gobierno de esa Comunidad —también del PP apoyado por Vox— mantiene un duradero conflicto con los profesionales de la Sanidad de prácticamente todos los niveles y motivado sobre todo por el desmantelamiento de las estructuras de la Atención Primaria y la precariedad laboral de sus trabajadores, el consejero de Sanidad, en un acto con militantes de su partido, expuso intenciones de su consejería de evolucionar hacia un modelo asistencial de centros “puros” de enfermería y dotados para realizar teleasistencia. Empleó tópicos faltos de rigor y rayando en lo ridículo como “hay que abandonar el modelo cubano” y “evolucionar al del Reino Unido”. La creación de centros sanitarios sin médicos ha sido la respuesta dada por escrito de esa comunidad a las quejas de algunos ciudadanos.
Estos hechos son un paso más allá del progresivo desmantelamiento que está sufriendo la Sanidad Pública española desde hace años. Ese proceso de deterioro comienza con la promulgación de la ley 15/97 en tiempos de Aznar, ley que abre la puerta a las privatizaciones de la Sanidad Pública, y es acentuado con las políticas de austeridad impuestas tras la gran crisis. Se establece, por tanto, el binomio deterioro paulatino de la Sanidad Pública más un desplazamiento creciente del dinero público hacia el sector privado, dos factores que determinan que la salud de los ciudadanos sea poco a poco, y cada vez más, un negocio de unos pocos, en vez de un derecho para todos.
La creación de centros sanitarios sin médicos ha sido la respuesta dada por escrito a las quejas de algunos ciudadanos de la comunidad madrileña
Con frecuencia, las medidas mencionadas al principio se justifican por “la falta de médicos”, lo cual es una excusa y una falacia. En España no hay pocos profesionales de la Medicina. En 2021, la densidad de médicos era de 4,4/1.000 habitantes (OCDE). En la UE, la media es de 3,9 y sólo 3 países superan esta cifra. Por otro lado, en 1995 quedó establecido que para que un médico pueda trabajar en un centro público, debería estar especializado mediante el sistema MIR. Pero durante los periodos de gobiernos conservadores del PP, el número de plazas MIR disponibles se restringieron o no aumentaron, al contrario de lo ocurrido durante gobiernos socialistas, especialmente durante el vigente gobierno de coalición, cuando se han ofertado por primera vez más de 8.000 plazas MIR, superando el número de titulados en las facultades de Medicina para ese año. Dado que la duración del MIR suele ser de 5 años, las repercusiones de este aumento comenzarán a notarse a partir de 2024.
Lo que sí caracteriza a los profesionales sanitarios españoles y en concreto a los facultativos es una notable precariedad laboral. Así, casi la mitad del personal sanitario no tiene plaza fija a pesar de llevar muchos años en su puesto de trabajo. A partir de 2008, se inician recortes progresivos de personal que dan lugar a plantillas cada vez más deficitarias y a la vez aumenta la población atendida por cada centro, con la sobrecarga asistencial correspondiente. Los contratos que se ofertan son cada vez más precarios, en ocasiones escandalosos (se contrata un día para hacer una guardia y se suspende el contrato al finalizar ésta). Todo ello se ha realizado de forma desigual en las distintas comunidades, lo que ha producido movimientos de personal a otros territorios, incluso a otros países, dado que las remuneraciones en España suelen ser más bajas que en los países de nuestro entorno. La precariedad laboral tiene otros efectos indirectos: el trabajador se siente menos comprometido con el centro sanitario y más vulnerable. Paulatinamente, los profesionales son más dóciles y menos reivindicativos.
Como consecuencia del deterioro del Sistema Sanitario Público causado por los recortes y la precarización del personal, el número de seguros privados en España ha aumentado considerablemente. En 2021, un 24,4 % de españoles había concertado un seguro. Esas cifras alcanzan el 38,1% en Madrid y el 32,8% en Cataluña.
Los desastres de las políticas sanitarias privatizadoras en la Comunidad de Valencia son ya bien conocidos y están muy analizados. Las acciones privatizadoras anunciadas y puestas en marcha por varios gobiernos autonómicos del PP se hacen a velocidad de vértigo. Pero existen ya evidencias muy serias y contrastadas que han puesto de manifiesto no solo lo erróneas y desastrosas que pueden ser las iniciativas expresadas al principio de este documento sino además, de llevarse a cabo, son peligrosas para la población. En Noruega, en un estudio realizado sobre toda la población del país, se ha demostrado de forma contundente que cuanto mayor es el seguimiento por el mismo médico de Atención Primaria es menor la mortalidad, los ingresos en hospitales y visitas a urgencias de la población atendida. En 2022 y en el Reino Unido (el modelo que aspira a implantar el consejero de Sanidad en la Comunidad de Madrid), un estudio muy riguroso demostró que la progresiva privatización llevada a cabo en los últimos años se ha asociado con un aumento significativo de la mortalidad evitable en esa población. Resultados similares se obtuvieron en una investigación llevada a cabo hace pocos años en Italia.
Resultados nefastos y escandalosos de determinadas políticas privatizadoras del gobierno autonómico del PP ya se están viendo en Andalucía. Los responsables de la formación de Médicos Residentes (MIR) en Traumatología y Cirugía Ortopédica del hospital Regional de Málaga (el segundo más grande de Andalucía) han denunciado ante la dirección que el notable aumento de derivaciones a centros privados de pacientes para ser intervenidos ha reducido drásticamente la agenda quirúrgica de Traumatología de ese hospital, a pesar de contar con medios técnicos y humanos para acometer esas operaciones. Ello produce una formación insuficiente e inadecuada de los MIR de esa especialidad por falta de la experiencia quirúrgica necesaria.
Los verdaderos problemas del Sistema Sanitario Público español están identificados y bien señalados. Pueden resumirse en:
- Hay que aumentar sustancialmente el Gasto Público en Sanidad a niveles similares a los 15 países de la Unión Europea (UE15) con mayor desarrollo económico. Y ese gasto debe invertirse sobre todo en aumentar el número de trabajadores de los centros sanitarios públicos hasta un nivel similar al de la UE15. Debe acabarse con la precariedad laboral de los profesionales sanitarios en todas sus expresiones. Y especialmente tiene que potenciarse la Atención Primaria dentro de la estructura del sistema.
- Tiene que disminuirse de forma notable y progresiva el gasto sanitario público que se abona a empresas privadas concertadas. La potenciación de los centros públicos hará paulatinamente innecesario ese tipo de concertación que, como se ha demostrado, ofrece peores resultados sanitarios y sociales.
Los modelos sanitarios basados en un Sistema Nacional de Salud universal, con propiedad y gestión pública, ofrecen mejores resultados de salud y son más eficientes, equitativos y humanos. Los modelos basados en aseguramientos privados son mucho más caros. Las externalizaciones y privatizaciones realizadas de forma masiva por los gobiernos autonómicos no mejoran la calidad de los servicios, pero sí producen un encarecimiento de los mismos. El aseguramiento privado es más insolidario y conlleva más inequidad, dado que obtiene mejor asistencia sanitaria quien más posibilidades económicas tiene. Pero, llegados a este punto, ¿qué es lo que está pasando actualmente en España? A pesar de que el gobierno central es una coalición progresista, muchos gobiernos autonómicos que cuentan ya con la gestión de la Sanidad en su comunidad transferida privatizan la asistencia ahora de forma acelerada, con evidencias claras de perjuicios sanitarios y sociales a la población atendida y con desastres organizativos escandalosos. Y por otro lado, evidentemente los gobiernos centrales cambian. Y ya se ha visto cómo la potenciación de la Sanidad Pública que hacen unos es desmantelada a toda prisa por otros. La tarta de la Sanidad Pública es muy golosa para el mercado.
Pero la atención sanitaria integral y universal de toda la población española no puede depender de estos vaivenes. Y entendemos que tampoco los problemas señalados quedan resueltos con lo expresado en el Proyecto de Ley 121/000110 por la que se modifican diversas normas para consolidar la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, la llamada ley Darias. El actual gobierno de coalición tiene ante sí una gran oportunidad, quizás la más importante y trascendente de toda su legislatura. Establecer por Ley una potenciación del Sistema Nacional de Salud donde se garantice: 1) Que sea universal, equitativo, de calidad y eficiente. 2) Que no pueda ser desmantelado ni privatizado en ningún territorio del Estado. La ley 15/97 debe ser derogada. 3) Los conciertos con empresas privadas para servicios muy concretos deben ser los imprescindibles y con tiempo de caducidad. El necesario para que los centros públicos sean autosuficientes. 4) Los centros sanitarios públicos deben tener una plantilla de trabajadores en todos los niveles y especialidades bien definida. Esas plantillas y las condiciones laborales de los profesionales sanitarios tienen que ser respetadas permanentemente. 5) La Atención Primaria tiene que ser potenciada. 6) El rango de Ley de esta normativa debe ser el necesario para que no pueda ser cambiado por ningún gobierno sin un plebiscito donde participe toda la población española. El negocio debe y tiene que estar fuera de la Sanidad.
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Manuel Torres Tortosa es exjefe de sección (jubilado) de Enfermedades Infecciosas, Hospital Universitario Punta de Europa, Algeciras (Cádiz); José Antonio Brieva Romero es exjefe de servicio (jubilado) de Inmunología Clínica. Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz, y Antonio Vergara de Campos es exjefe de sección (jubilado) de Enfermedades Infecciosas, Hospital Universitario de Puerto Real (Cádiz). Son miembros de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Andalucía y la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas.
A pesar de que el 12 de febrero se manifestaron en Madrid casi un millón de personas defendiendo la Sanidad Pública, en estos días pasados hemos asistido a iniciativas privatizadoras del sistema Sanitario español inéditas hasta ahora y llevadas a cabo o anunciadas por parte de gobiernos conservadores de algunas Comunidades Autónomas.