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Las residencias para personas mayores estuvieron en el centro de las agendas mediática y política durante la primera parte de la pandemia. Se estima que a 23 de junio de 2020 habían fallecido con coronavirus o síntomas compatibles con la enfermedad 20.268 residentes de centros de servicios sociales, la mayoría en residencias para mayores; lo que suponía alrededor de la mitad de las muertes relacionadas con la enfermedad en el país. La situación generó una tremenda alarma social.
Ahora, tras la priorización de las residencias para mayores en las estrategias de vacunación y la consiguiente inmunización de los residentes, parece que el tema comience a caer en el olvido. Sin embargo, los problemas que afectan al sector y, con ello, al bienestar de nuestros mayores siguen estando presentes. La crisis de la COVID-19 ha agravado y puesto ante los ojos de los decisores públicos y los ciudadanos los males que aquejan al sector desde hace años, sobre todo los que sufren sus profesionales, en su inmensa mayoría mujeres. De ellos nos hacemos eco en el informe En primera línea contra el coronavirus: el trabajo de cuidados de larga duración a personas mayores en España, recientemente publicado por la Fundación Alternativas.
La dependencia, y dentro de ella el cuidado a las personas mayores, está infra-financiada. El personal que atiende a los mayores es escaso. En muchas ocasiones las ratios asistenciales fijadas normativamente por el Gobierno central y las Comunidades Autónomas no llegan a cumplirse y, al menos en algunas regiones, están anticuadas y son inadecuadas para proveer un servicio de calidad a un colectivo social tan vulnerable. El sector residencial es incapaz de atraer y retener profesionales. Los bajos salarios, la alta carga de trabajo y las duras condiciones físicas y mentales de las actividades de cuidados hacen que el personal de perfil sanitario no conciba el sector de los cuidados más que como una estación de paso antes de conseguir un puesto fijo en el sistema sanitario, donde los sueldos y las condiciones son significativamente mejores y existe un mayor reconocimiento social a su labor; mientras, el personal no sanitario se plantea otras alternativas profesionales. Además, la elevada proporción de empleo atípico; especialmente la contratación temporal y a tiempo parcial (a veces indeseado), suponen un gran escollo adicional a la construcción de trayectorias profesionales a largo plazo.
Otro de los grandes problemas a destacar es el del déficit formativo de buena parte del personal de perfil no sanitario, que se ve agravado (y más en situación de pandemia) por la ineficaz conexión entre los servicios sociales y la sanidad. Es necesario que se diseñen titulaciones de formación profesional que den los conocimientos y competencias adecuadas a los futuros profesionales del cuidado y, a su vez, que las administraciones y los empleadores garanticen el aprendizaje permanente en el puesto de trabajo. Pero nada de ello tendrá éxito si no se mejoran las condiciones del empleo, de tal modo que los jóvenes valoren el de los cuidados como un sector profesional con futuro. Es también imprescindible recordar que las residencias no son centros sanitarios, aunque puedan tener médicos y enfermeras, así como material y equipamientos básicos. Por tanto, ha de darse una gran coordinación entre residencias y centros de salud y hospitales.
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Tradicionalmente, en España la provisión de cuidados se ha dejado en manos de la familia (y cuidadoras informales, generalmente de origen extranjero) o, alternativamente, del mercado. La dependencia en España es un sector sobre el que los poderes públicos no han actuado decididamente hasta hace muy poco, si lo comparamos con otros países del entorno. No hubo una ley estatal que regulase el sector hasta 2006, la denominada ley de la Dependencia; y la deficiente implementación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (el SAAD) que esta contemplaba ha sido sobradamente analizada en los últimos años. Por tanto, la asignatura sigue pendiente y lo seguirá estando cuando hayamos vencido a la pandemia. Algunos retos del sector han de ser encarados para construir un modelo de cuidados de calidad. Es necesario aumentar la financiación del sistema y que ello se plasme en las retribuciones de todo el personal, reducir la temporalidad y el trabajo a tiempo parcial, mitigar los riesgos físicos y mentales de las personas trabajadoras, desarrollar una legislación a nivel estatal sobre ratios (mínimos) de plantilla y mejorar la formación del personal no sanitario; cuestiones todas estas que requieren una reforma de calado del actual sistema de servicios sociales.
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Manuel Pereira-Puga y Jorge Hernández-Moreno trabajan en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP-CSIC).
Las residencias para personas mayores estuvieron en el centro de las agendas mediática y política durante la primera parte de la pandemia. Se estima que a 23 de junio de 2020 habían fallecido con coronavirus o síntomas compatibles con la enfermedad 20.268 residentes de centros de servicios sociales, la mayoría en residencias para mayores; lo que suponía alrededor de la mitad de las muertes relacionadas con la enfermedad en el país. La situación generó una tremenda alarma social.