El gobierno de la Comunidad de Madrid, después de resistirse con tenacidad y obcecación, finalmente ha firmado el convenio del programa María Goyri que permitirá la contratación de más de mil profesores ayudantes doctores en las universidades públicas madrileñas. Se trata de una buena noticia para las universidades, que descomprime en cierta medida la compleja situación que suponía la necesidad de implementar la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y un primer paso para la renovación de una de las plantillas docentes más envejecidas de Europa.
Sin embargo, no hay que confundir la posibilidad de tomar un respiro con el hecho de que las universidades públicas madrileñas sigan con el agua hasta el cuello. Sería lamentable que después del hito de haber actuado coordinadamente para denunciar la infrafinanciación de la Comunidad de Madrid, los rectores madrileños depusieran o rebajaran sus exigencias de que el gobierno autonómico garantice una sostenibilidad estructural y a largo plazo de la educación superior pública. Suponer que el asunto está resuelto porque la señora Díaz Ayuso ha cedido a la propuesta del Ministerio equivale a no comprender absolutamente nada de lo que está en juego en todo esto. El conflicto en relación con el programa María Goyri representa solo una escaramuza dentro de un asunto mucho mayor que tiene que ver con los objetivos últimos de la política sobre universidades del gobierno del Partido Popular en Madrid.
¿Cómo se puede explicar que el presupuesto establecido por la Comunidad de Madrid para las universidades públicas no haya sufrido modificación alguna durante más de 10 años? ¿Por qué la señora Díaz Ayuso incluso está dispuesta a saltarse a la torera la disposición legal (LOSU) de alcanzar el 1% del PIB en la financiación universitaria manteniendo, además, la inversión por alumno más baja de todas las Comunidades autónomas? Me parece evidente que esta política no se puede explicar desde el despropósito, sino que contiene una voluntad decidida. La señora Díaz Ayuso está dando continuidad a un programa de neoliberalización del espacio universitario en la Comunidad de Madrid que viene desde lejos y que se despliega lentamente porque enfrenta los obstáculos propios de una cultura sobre el valor de lo público que todavía está enraizada en la sociedad española. De esto último es testimonio el reconocimiento y prestigio que alberga entre la ciudadanía el sistema universitario público frente al privado.
Sin embargo, esto no quiere decir que la neoliberalización fracase en algún punto o que se vaya a detener por completo en determinado momento, sino que condiciona más bien su particular ritmo de penetración efectiva. Avanza más o menos gradualmente como la acción característica de la carcoma, que destruye poco a poco las estructuras institucionales sólidas de lo público. Esta estrategia política ha sido teorizada por la doctrina neoliberal en las últimas décadas. Por ejemplo, el economista británico Madsen Pirie habló, en medio del auge de la administración Thatcher, de una “micropolítica neoliberal”, que consistiría en una destrucción progresiva, lenta y escalonada de la salud o la educación pública en sociedades que han disfrutado de un Estado de bienestar consolidado. El objetivo de esta táctica consistiría en que se vayan instalando paulatinamente en los sujetos y en la propia realidad nuevas percepciones y valoraciones que universalicen el territorio del mercado y de la iniciativa privada hasta disolver finalmente el estado de cosas anterior al proceso de neoliberalización. Así, el sujeto arribaría a un mundo saturado de relaciones mercantiles, competitivas e individualistas que jamás habría elegido si hubiese tenido la oportunidad de optar por este tipo de sociedad desde un principio, pero que se ha hecho posible de una forma casi imperceptible y a pequeña escala a lo largo del tiempo. La situación, por tanto, coloca a las personas ante hechos consumados y circunstancias irreversibles.
El programa de la señora Díaz Ayuso no es otro que el desmantelamiento gradual de las Universidades Públicas a través de la asfixia económica con el propósito de que el deterioro de estas instituciones justifique una potenciación de las universidades privadas. Se apuesta, entonces, por la degradación vía recorte presupuestario de los servicios y bienes que generan las instituciones públicas. Así, los estudiantes-clientes supuestamente llegarían tarde o temprano a preferir la educación privada por sus eventuales mejores prestaciones, en la misma medida que los docentes más talentosos emigrarían a universidades que mejoren sus condiciones laborales. Este sueño de la política universitaria madrileña culminaría con una nivelación de todas las instituciones universitarias (públicas y privadas), las cuales pasarían a competir entre sí por su financiación. Asimismo, se produciría la desfuncionarización del profesorado y el incremento de un mercado de la deuda relacionado con la educación.
El programa de Ayuso no es otro que el desmantelamiento gradual de las universidades públicas a través de la asfixia económica con el propósito de que el deterioro de estas instituciones justifique una potenciación de las privadas
Quizás una fuente de inspiración de este proyecto sea la educación superior chilena. Si es así, la señora Díaz Ayuso olvida dos cosas. En primer lugar, que el desmantelamiento acelerado de las universidades públicas chilenas fue posible gracias a la existencia de una dictadura y, en segundo término, que dicho modelo del país andino centrado en el lucro fracasó. De hecho, fue la lucha contra la mercantilización de la educación la que se llevó por delante, con innumerables huelgas y protestas a lo largo de décadas, a gobiernos y políticos que se empeñaron en defenderla. Pero, además, este programa de desmantelamiento de la universidad pública muestra con claridad cómo la ideología puede ser un poderoso medio para la desconexión con la realidad. Por mucho que la Comunidad de Madrid se ha empeñado en destruir sus instituciones universitarias, estas se mantienen en pie con extraordinaria dignidad, siendo referentes en el panorama científico internacional. Algo que resulta especialmente meritorio si consideramos que lo que la política comunitaria pretende es todo lo contrario.
Podemos confiar en que el tiempo de la democracia sumado a la acción coordinada de nuestras comunidades universitarias serán un obstáculo insalvable para el éxito de este modelo educativo que la señora Díaz Ayuso se esfuerza en implementar. Pero este optimismo no debe hacernos olvidar que el desmantelamiento continuará. Hay que estar atentos.
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Rodrigo Castro Orellana es profesor titular del Departamento de Filosofía y Sociedad de la Universidad Complutense de Madrid.
El gobierno de la Comunidad de Madrid, después de resistirse con tenacidad y obcecación, finalmente ha firmado el convenio del programa María Goyri que permitirá la contratación de más de mil profesores ayudantes doctores en las universidades públicas madrileñas. Se trata de una buena noticia para las universidades, que descomprime en cierta medida la compleja situación que suponía la necesidad de implementar la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y un primer paso para la renovación de una de las plantillas docentes más envejecidas de Europa.