En septiembre de 2021, una ingeniera de Facebook (hoy Meta) filtró documentos que demostraban la responsabilidad de la compañía en la difusión de noticias falsas y de contenidos violentos y en los daños que causaban entre los jóvenes. La filtración provocó que el Senado de EE.UU. la llamara a declarar, que se interpusieran demandas de padres de adolescentes afectados, otra demanda colectiva avalada por instituciones educativas, o más recientemente, la demanda presentada contra Meta por los fiscales generales de 41 Estados.
En una entrevista reciente, la ingeniera reconvertida a confidente de las autoridades en este asunto ha manifestado que “dentro de 10 años, nos preguntaremos por qué no regulamos antes las redes sociales”, además de confiar en que para entonces tengamos leyes sensatas que den acceso a los datos de estas plataformas, en que tengamos un sistema democrático robusto en el que no se necesiten más actuaciones como la suya para funcionar.
Es encomiable la conducta de esta persona. Tanto como sorprendente resulta su candidez. Hace ya veinte años publiqué una obra sobre la regulabilidad de Internet cuya tesis principal era, y es, que Internet (1) —las redes— tiene que ser regulado en la medida en que son propiedad de empresas privadas que afectan a intereses públicos que constituyen la base de nuestro funcionamiento como sociedades democráticas. En otras palabras: los dueños de las redes hacen con ellas lo que quieren; el problema es que con ello afectan al conjunto de nuestros derechos, y lo hacen abusivamente. Es harina de otro costal el uso de estas infraestructuras por parte de los Estados de distintos colores para proteger intereses más o menos confesables.
Los todopoderosos milmillonarios reivindican que los Estados les regulen. Pregunta: ¿Qué es lo que quieren que se regule? Respuesta: los usos de las redes y de la Inteligencia Artificial venideros en unos años
En su momento, esta tesis fue minoritaria a la fuerza, puesto que se enfrentó al papanatismo de las moderneces intelectuales que confundían la realidad con el deseo: creían ingenuamente que Internet sería un espacio de libertad sin censuras que podría conllevar notables progresos sociales. Están por ver todavía la libertad sin censuras y los progresos sociales, si bien es cierto que ha supuesto notables avances tecnológicos que han conllevado mejoras de nuestros sistemas productivos y de comunicaciones que no siempre revierten en una mejor calidad de vida.
Suenan ahora también los tambores de los dueños del invento reivindicando una regulación para la Inteligencia Artificial al rebufo de los miedos que ellos mismos confiesan sobre el uso de sus creaciones. Sorprendente: los todopoderosos milmillonarios reivindican que los Estados les regulen. Pregunta: ¿Qué es lo que quieren que se regule? Respuesta: los usos de las redes y de la Inteligencia Artificial venideros en unos años, no los de hoy, que se mantienen en tierra de nadie. Valiente reivindicación. La respuesta a la ingeniera es clara, obvia y no es preciso ser experto en Internet para comprenderla: las redes no se han regulado hasta ahora porque simplemente no ha interesado a los poderes fácticos. No esperemos tampoco que esta regulación que se plantea a futuro para la IA y a presente sobre el uso de las redes vaya a redundar en nada que pueda comprometer el poder de los milmillonarios en este campo. La única posibilidad es la toma de conciencia de los usuarios para boicotear sus negocios y la movilización ciudadana para presionar a los legisladores. Algo, por ahora, poco probable. Menos queja y más acción.
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Ramón-Jordi Moles Plaza es jurista y analista.
(1) Derecho y control en Internet (Ariel Derecho. 1ª edición enero 2004)
En septiembre de 2021, una ingeniera de Facebook (hoy Meta) filtró documentos que demostraban la responsabilidad de la compañía en la difusión de noticias falsas y de contenidos violentos y en los daños que causaban entre los jóvenes. La filtración provocó que el Senado de EE.UU. la llamara a declarar, que se interpusieran demandas de padres de adolescentes afectados, otra demanda colectiva avalada por instituciones educativas, o más recientemente, la demanda presentada contra Meta por los fiscales generales de 41 Estados.