Nuestra sociedad debería reflexionar sobre los cuidados y la calidad de vida que estamos ofreciendo a las personas en la última etapa de la vida. Como ex trabajador, persona sensible y comprometida con mi profesión, he visto todo el sufrimiento que tiene las personas y sus familias cuando se enfrentan a esta etapa de la vida, una etapa por la que todos antes o después vamos a tener que pasar.
Como individuos tratamos de buscar el continuo bienestar (tanto físico como psicológico) a lo largo de nuestra vida. Este estado lo buscamos mediante situaciones y vivencias que nos mantienen motivados para afrontar nuestra vida y que son la esencia de nuestra existencia (relaciones sociales, familia, amistades, ocio, viajes, compras y consumo, ejercicio físico y deporte, tratamientos terapéuticos y de enfermedades, cuidado de la imagen personal, trabajo…) Estos estímulos son la clave para sentirnos realizados como seres humanos en este mundo.
¿Está en concordancia lo que se paga por el residente y los cuidados que recibe? ¿Se puede hacer negocio de una necesidad social?
Cuando las personas entramos en situación de dependencia (en ocasiones de forma progresiva y degenerativa, y en otras de un día para otro), la vida nos cambia por completo volviéndonos muy vulnerables. Nuestro sistema emocional más profundo empieza a desquebrajarse sufriendo unos duelos muy difíciles de gestionar para cualquier ser humano. El no tener poder de elección sobre cómo queremos vivir y el perder la independencia en nuestros actos son de las situaciones más difíciles de digerir y aceptar. Nuestros hábitos, rutinas y costumbres son unos patrones que están muy marcados en nuestro día a día definiendo nuestra personalidad, gustos y forma de vivir la vida.
La forma de tratar y cuidar a las personas dependientes debería dar un cambio integral y valorar desde el conocimiento y la profesionalidad cuáles son las necesidades reales de la población para poder vivir con un poco más de dignidad con el fin de afrontar mejor esta situación tan complicada, respetando las necesidades de cada persona. Es como si esta última etapa de la vida a nadie le importara.
Cuando una persona entra en situación de dependencia, todo su entorno sufre una situación de adaptación muy complicada, teniendo que buscar una solución a corto plazo. Nuestra forma de vida (sin tiempo y todo el día trabajando, sumado a que los hogares no están adaptados, y a las patologías que en muchos casos hacen que necesiten control médico y de enfermería), son las que llevan a tener que buscar un centro para nuestros seres queridos. Antes de esto muchas familias y dependientes se topan con la cruda realidad de un sistema de atención obsoleto, tardío y que no protege a las personas que necesitan de su sociedad. ¿Cuánto está tardando la ley de dependencia en valorar a las personas? ¿Cuánto tardan en dar una plaza pública en una residencia? ¿Cuántas residencias públicas ofrecen las comunidades autónomas? ¿Esas residencias están en sus poblaciones y cerca de su entorno como pasa con los niños y los colegios? Creo que son algunas de las áreas que habría que trabajar y apostar por ellas. También habría que fomentar la ayuda a la persona para que estuviera en su hogar el mayor tiempo posible. ¿Por qué se ofrece dinero a empresas privadas pagando una plaza y no se ayuda al familiar para que pueda solventar algunos de los problemas y déficits? ¿Por qué el dinero no va a cubrir las necesidades del ciudadano y sí a enriquecer a empresas, cuando el dinero es aportado de los impuestos de los mismos? ¿Cuánto cuesta una plaza pública y cuándo se ofrece a la familia o a la persona? ¿Está en concordancia lo que se paga por el residente y los cuidados que recibe? ¿Se puede hacer negocio de una necesidad social?
Hoy en día los cuidados en las residencias están estandarizados para aumentar ganancias económicas y la productividad, dejando de lado las necesidades básicas de las personas, sin mencionar las necesidades secundarias que también son vitales para vivir felices… Las personas que residen en muchos de estos centros pierden el poder de elección, cuanto más dependientes más se agrava la situación. Los ratios de personal están obsoletos sin llegar a poder cumplimentar las necesidades básicas que necesita cada persona. Toda esta situación se agrava cuando estas empresas hacen incumplimientos sistemáticos de sus obligaciones siendo también responsables nuestras instituciones, ya que deberían inspeccionar y vigilar el cumplimiento de las normativas y pliegos. Los que hemos sido familiares de residentes y los trabajadores, sabemos que hay una dejadez absoluta en el sector sin importar la calidad asistencial que todos vamos a sufrir en algún momento de nuestras vidas, anteponiendo economía a necesidades humanas y sociales.
Un ejemplo claro es la falta de personal, muchas veces recortando a más de la mitad, sobre todo el de asistencia directa (Técnicos auxiliares de enfermería y gerocultores). Esta falta de cumplimientos atenta directamente contra la salud de las personas que residen en estos centros, poniendo en riesgo su salud física y emocional, siendo responsables directos del empeoramiento de su salud, es injusto que esto esté sucediendo. En este aspecto todos deberíamos reflexionar, porque son nuestros padres, nuestros abuelos, y si no lo hacemos por ellos, egoístamente lo deberíamos hacer por nosotros cara a nuestra vejez. Normalizamos esta situación porque ni aceptamos la vejez ni la muerte, obligando a miles de personas a vivir un desenlace de vida que ningún ser humano se merece, en muchas ocasiones rozando el abandono escudándose en que “son mayores”. Es como si aceptáramos que ese sufrimiento es normal, pero somos incapaces de quitarnos la venda de los ojos y ver la cruda realidad que algún día nos tocará sufrir, como sociedad nos estamos volviendo egoístas y parece ser que tenemos otras prioridades.
Creo que no interesaba salvar a estas personas y exponer la economía hacia una generación que alguien decidió que no tenía los mismos derechos
Desde antes de la entrada de la Pandemia Covid-19 en Marzo de 2020, muchos denunciamos las condiciones por las que pasaba el sector. Avisamos a nuestras instituciones de cómo se estaban gestionando estos centros, de cómo se hacían incumplimientos sistemáticos continuados en el tiempo que afectaban muy negativamente a la salud de residentes. Es más, algunos judicialmente y con unos procesos muy largos y complejos conseguimos demostrar todas estas carencias y trampas por parte de estas entidades exponiendo nuestro trabajo y forma de vida. Nunca se nos escuchó, nuestro sistema de Derecho y Constitucional nos falló, abandonándonos y protegiendo a estas empresas. Con la entrada del Covid pasó la gran catástrofe, muchas personas se enfrentaban a este virus muy debilitadas. A todo esto se le sumó la falta de personal y profesionalidad, la falta de higiene a la hora de tratar y cuidar a las personas, la falta de limpieza y ventilación, la falta de protección (guantes y mascarillas). Muchas residencias se convirtieron en el epicentro de la pandemia debido a su funcionamiento y gestión tan nefasta. Se limitaron las visitas a las familias como si trataran de ocultar la grave situación que se estaba dando, como si ellas fueran más propensas a los contagios que los mismos trabajadores, que en muchos casos ejercían en varios centros quizás con contagios. Por último, los protocolos de no derivación a hospitales y la no asistencia por parte del sistema de salud en las residencias cuando se sabía que eran los más vulnerables, la supuesta medicalización de los centros y el no llevarles ni al Zendal ni a hoteles medicalizados. Nos vendieron la falsa idea de que lo hacían para protegerles, pero fueron abandonados a su suerte en un contexto aterrador, donde se daban muchos de los problemas antes citados, que, con el virus, todavía se habían acentuado más.
Después de más de treinta mil fallecidos en nuestro país en centros residenciales, fueron aumentando las demandas y reclamaciones por parte de la ciudadanía, el covid había destapado todas las carencias y abandono por el que pasaba el sector. Se cerraron las comisiones de investigación de las asambleas por parte de los poderes políticos cuando estaba saliendo información bastante preocupante, se cerraron las investigaciones sin saber las causas de tantos fallecidos. Una vez más pregunto: ¿Por qué no se investigan todas las muertes cuando hay evidencias y denuncias de que las cosas no se estaban bien, incluso en algunos casos habiendo sentencias que avalan los problemas y la forma de actuar de estos centros?.
Después de esta situación de abandono y poca implicación institucional, familiares y trabajadores desde diferentes colectivos y plataformas (Marea de residencias y Verdad y Justicia) impulsaron una comisión ciudadana por la verdad en las residencias de Madrid.
Se hizo el trabajo que nuestros representantes por algún interés que desconocemos pero podemos sospechar se negaron a hacer, participando profesionales con grandes conocimientos en el sector. Toda esta información está en esta comisión de investigación ciudadana, arrojando unas conclusiones muy preocupantes.
Desde mi humilde opinión, creo que no interesaba salvar a estas personas y exponer la economía hacia una generación que alguien decidió que no tenía los mismos derechos. Es triste pensar así, pero no tengo motivos para creer que se hizo todo lo posible y que los intereses eran otros. Desde mi criterio primero están las personas y luego la economía, y más ante catástrofes así de graves. Por otro lado me planteo la letalidad real de este virus, cuando la mayor incidencia se dio en estos centros y muchos sabemos las condiciones en las que se encontraban y en las que siguen estando.
Todavía y a pesar de tanto dolor, no ha cambiado nada, me siguen llamando compañeros/as contando situaciones dramáticas que se siguen dando y lo difícil que es poder cuidar a las personas más vulnerables, las personas dependientes siguen sufriendo los mismos problemas que antes de la pandemia, con el miedo de que vuelva a pasar otra catástrofe. No está habiendo ningún tipo de compromiso institucional para mejorar la calidad de estas personas que nos han brindado la posibilidad de disfrutar una sociedad que ellos no tuvieron. A estas empresas cada vez les cuesta más encontrar personal para trabajar en sus centros, porque los profesionales acabamos yéndonos cansados, tristes y derrotados de ver tanta miseria, afectados psicológicamente por no poder ejercer correctamente nuestra profesión. Los que exigimos nuestros derechos y los de los residentes somos presionados, coaccionados y amedrentados por unas directivas sin escrúpulos que parecen estar protegidas por nuestras instituciones. En las épocas de vacaciones esta situación se agrava ya que es difícil encontrar personal nuevo, los profesionales sanitarios huyen de este sector a los hospitales y a otros sectores porque no podemos más. Nos han denegado el poder ejercer profesionalmente; es la ley del ver, oír, obedecer y callar. Cualquier derecho que se exija es motivo de enfrentamiento con las directivas que arremeten en contra de tu persona, incluso inventándose situaciones para degradarte cuando ellos son los verdaderos culpables. Habría que hacerse las siguientes preguntas: ¿Por qué no encuentran personal? ¿Por qué en lo privado se puede ejercer con un título de gerocultor, y en lo público se exige el de técnico en cuidados auxiliares de enfermería? ¿Por qué todos los profesionales sanitarios desistimos de trabajar en estos centros y solo se quedan los trabajadores menos cualificados? ¿Qué tipo de condiciones, tanto laborales como económicas y de conciliación se ofrecen en estos centros? ¿Por qué nuestras instituciones no toman cartas en el asunto para mejorar un sector en el que cada vez va a haber más usuarios debido al envejecimiento progresivo de la población? ¿Por qué en estas defunciones no hay un estudio forense para ver las causas? ¿Por qué los trabajadores y muchos familiares no denuncian y aceptan estas situaciones, siendo víctimas y cómplices a la vez?
Como profesional sanitario y social y después de muchos años de experiencia quería hacer una reflexión: En los cuidados a personas en su última etapa de la vida deberían ejercer los profesionales sanitarios con más experiencia. Los motivos son varios ya que estos colectivos sufren pluripatologías, trastornos mentales que hay que saber comprender. Síntomas y signos que se deben interpretar para poder dar una calidad y unos cuidados dignos. Es difícil de aceptar y comprender que se exija todo lo contrario. Como profesional no puedo aceptar y seguiré luchando y sensibilizando por que haya un cambio y una implicación por parte de la sociedad cuando se trata de seres humanos. Los que hemos estado dentro de este sector sabemos lo mucho que sufren estas personas que se merecerían estar bien atendidas, en muchos casos con una duración de más de diez años viviendo una mala vida. Deberíamos reflexionar.
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Alejandro Joaquín Salado Monreal, es técnico en cuidados auxiliares de enfermería y en atención Sociosanitaria, y autor del libro 'Lodo y Fango en las Residencias'.
Nuestra sociedad debería reflexionar sobre los cuidados y la calidad de vida que estamos ofreciendo a las personas en la última etapa de la vida. Como ex trabajador, persona sensible y comprometida con mi profesión, he visto todo el sufrimiento que tiene las personas y sus familias cuando se enfrentan a esta etapa de la vida, una etapa por la que todos antes o después vamos a tener que pasar.