Residencias sin dignidad

He trabajado diez años en residencias. Soy titulado Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería y Técnico en Atención Sociosanitaria, con casi cuatro años de formación. Toda esta experiencia me ha dado conocimientos suficientes para saber que todo lo que ha pasado en las residencias en esta pandemia no ha sido casualidad. Muchos de los fallecimientos se podían haber evitado, o por lo menos se podía haber mitigado el sufrimiento, miedo, dolor y angustia que han vivido miles de personas. No ha habido unos cuidados dignos. En muchas ocasiones, no había ni recursos materiales ni humanos para poder ofrecer unos cuidados paliativos mínimos. Pero lo más grave de toda la situación es que esto ya se estaba denunciando tiempo atrás. Es duro vivir y aceptar esta situación como trabajador.

Impotencia, rabia, frustración y angustia son algunas de las emociones que me ha causado la situación en la que se encuentra mi sector, el del gerocultor, para que ustedes me entiendan, y todo lo relacionado con el ámbito de las residencias geriátricas. He pasado por situaciones extremas de ansiedad y estrés. Tras recurrir a profesionales médicos, me diagnosticaron trastorno adaptativo, me recetaron psicofármacos mediante tratamientos terapéuticos, a la vez que pasaba por diferentes bajas médicas, consideradas por mis empleadores enfermedad común. Desde mi punto de vista deberían de haber sido de carácter profesional, porque fue la residencia la que no cumplió la normativa, vulnerando continuamente los derechos de trabajadores y residentes, exponiéndonos innecesariamente a riesgos y enfermedad. Las y los trabajadores hemos sido presionados y castigados injustamente, sobre todo a los que cuestionábamos y no aceptábamos sus “protocolos” de trabajo. Nos hemos visto asediados mediante intentos de expedientes y acusaciones de carácter muy grave, con propuestas de suspensión de empleo y sueldo. Protocolos y normativas que atentaban directamente a la dignidad de los residentes y trabajadores. En ocasiones nos llegamos a encontrar siete gerocultores para cuidar a casi 180 residentes.

Para ver la magnitud del problema, les expondré un ejemplo real: una de las residencias donde trabajé se componía de cuatro salones, que siempre tienen que estar supervisados con presencia física de un gerocultor, por lo que de los siete gerocultores ya sólo quedaban tres para hacer los cambios a los residentes. A estos residentes se les deberían hacer dos cambios en la tarde y el de antes de acostar, tal y como recomiendan varios ensayos clínicos y reconoce la propia Comunidad de Madrid en distintas guías y protocolos. Con la falta de personal, se complica poder dar una atención básica, y, en consecuencia, se atenta contra la salud y dignidad de las personas, llegando en muchas ocasiones en condiciones lastimosas e indignas, llenos de heces y húmedos por no tener tiempo material para cambiarlos en todo el turno. Lo mismo ocurre con las comidas, el ritmo de trabajo es alto y dar de comer a tantos residentes es complicado. Ese es uno de los grandes problemas, produciéndose atragantamientos que les pueden llegar a causar neumonías.

Nos han reunido en varias ocasiones para amedrentarnos y cuestionar nuestra profesionalidad desde su punto de vista empresarial y lucrativo. Nos han obligado a practicar unos cuidados que no cumplen con los mínimos exigidos por las normativas. Nos han obligado a rellenar registros, cara a las inspecciones, con actuaciones que no nos daban tiempo a hacer, incluso los han llegado a cumplimentar ellos.

Este es otro de los temas delicados. Las inspecciones simplemente revisan documentos, que, de una forma no muy correcta, muchos trabajadores rellenan por miedo a represalias. Como trabajador lo he vivido, es más, he recibido represalias por negarme a cumplimentar registros de actuaciones que no había hecho. Es triste que las inspecciones no encuentren nada. Algo curioso, teniendo en cuenta que en el proceso judicial por el que pasé (denuncia que interpuse solicitando una rescisión de contrato por considerar que se violaban mis derechos y el de los residentes, por las condiciones laborales, falta de personal y continuas sanciones injustificadas), quedó demostrado que no estaban respetando la normativa. Y que, según se recoge en la sentencia, la Justicia condenó a la residencia “por falta de personal y sobrecarga de trabajo en los meses previos a la pandemia”, reconociendo que supuso un “riesgo grave e inminente” para la salud de un gerocultor, habiendo un “trato absolutamente degradante”.

La sentencia también señala que hubo un “incumplimiento muy grave de las obligaciones empresariales en materia de prevención de riesgos, absolutamente injustificado y reprochable”. No obstante, fue muy doloroso que no reconocieran moobing y el daño tan profundo por el que me han hecho pasar. Pero lo más grave y doloroso, que nunca aceptaré, fue que en primera instancia no me dieran la razón (finales de noviembre del 2019). Que nuestra justicia y sociedad no escuchara las llamadas de socorro que muchos hacíamos antes de que estallara la pandemia, que tuvieran que morir miles de personas en época Covid para que, en un proceso de suplicación, simplemente me dejaran rescindir mi contrato y pagarme la mísera cantidad de 7.200 euros y dejarme en situación de desempleo. Desconozco si de alguna manera la empresa sufrió algún otro castigo. Fue fuerte saber que mientras se revisaba mi caso por suplicación en el TSJ, estaban muriendo muchas personas, a la vez que me llamaban familiares y compañeros desconcertados y abatidos.

Mi impresión es que la justicia se ha equivocado, me he sentido apartado después de pasar este proceso siendo las consecuencias muy graves. Creo que es uno de los problemas que hay en nuestra sociedad: no se nos escucha, no miran por las personas más vulnerables, y cuando denunciamos no nos protegen. No investigan los sucesos acontecidos detrás de cada fallecimiento, más cuando muchos ciudadanos hemos sido testigos en primera fila, teniendo pruebas y sentencias firmes que lo corroboran. Ante esta situación es normal que tanto familiares como trabajadores se adapten a esta cruel realidad, con la falsa creencia de que “es lo que hay”, y no denuncien y pasen por el proceso judicial tan arduo por el que algunos pocos hemos pasado.

Desde mi conocimiento, las cosas, antes y durante la pandemia, no estaban bien en el sector del cuidado a personas dependientes. Se debería investigar si saltarse las normativas, con falta de personal y de recursos, por una causa injustificada y lucrativa, tuvo alguna correlación con la incidencia de propagación del virus y de defunción en los residentes. Habría que investigar cada situación de forma individual, siendo objetivos, porque datos hay suficientes, y porque tenemos que aprender de este gran error. Porque los cuidados de los más vulnerables no pueden convertirse en un “negocio”.

Después de haber sufrido tanto dolor e injusticia, me han obligado a pasar por un proceso demasiado complejo y largo, sin ser protegido. Todavía me siguen llamando y me sigo implicando en la causa. En ocasiones siento que más que unos cuidados “sanitarios”, parecen una “cadena de producción”. Es triste cuando luego “ofrecen” unos cuidados especializados e individualizados. Nos han cuestionado nuestra libertad de expresión en las redes sociales, teniendo trabajadores-palmeros, que, traicionando a un compañero, han ido a enseñar lo que se publicaba a la dirección del centro. Hemos trabajado sin material.

Judicialmente demostré que estuve varios días sin guantes, situación que justificaron alegando que se habían acabado y era festivo para hacer un pedido, cuando el uso de guantes viene reflejado en las guías y protocolos aprobados por la Comunidad de Madrid. Así podría seguir escribiendo cientos de líneas de comportamientos que van totalmente dirigidos a machacar a una persona. No sólo es asumir el daño que hacen a tu persona, también tienes que “aceptar” el dolor que causan a los más vulnerables, los ves sufrir, y ese dolor es muy difícil de digerir.

Por este motivo, me he visto obligado a abandonar mi profesión y mi trayectoria laboral. Esta situación es la que me lleva a escribir y a tratar de concienciar sobre la gran importancia de cambiar el sector de la dependencia y los cuidados a los más vulnerables.

He pasado dos procesos judiciales en los que curiosamente me han dado la razón. Sé que mientras no cambien las cosas no podré trabajar en lo que es mi profesión, pero lo peor de todo es que seguirán sufriendo muchas personas institucionalizadas y que, aunque muchos no seamos mayores, viviremos situaciones injustas y dolorosas por no poder ofrecer una calidad de cuidados a los nuestros. Supuestamente vivimos en una sociedad de continua búsqueda del bienestar. Así debería ser, pero no lo está siendo, también para la última etapa de la vida de una persona.

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Estoy dolido con mi sociedad, con mi justicia y con mi entorno. Es triste ver sufrir injustamente a personas que están en la última etapa de su vida sin causa justificada, es triste conocer de primera mano y ser testigo de una de las aberraciones más grandes y más vergonzosas que han ocurrido en la historia de nuestra sociedad.

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Alejandro Salado es Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería y Técnico en Atención Sociosanitaria.

He trabajado diez años en residencias. Soy titulado Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería y Técnico en Atención Sociosanitaria, con casi cuatro años de formación. Toda esta experiencia me ha dado conocimientos suficientes para saber que todo lo que ha pasado en las residencias en esta pandemia no ha sido casualidad. Muchos de los fallecimientos se podían haber evitado, o por lo menos se podía haber mitigado el sufrimiento, miedo, dolor y angustia que han vivido miles de personas. No ha habido unos cuidados dignos. En muchas ocasiones, no había ni recursos materiales ni humanos para poder ofrecer unos cuidados paliativos mínimos. Pero lo más grave de toda la situación es que esto ya se estaba denunciando tiempo atrás. Es duro vivir y aceptar esta situación como trabajador.