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Proclama el poema de Machado que “se hace camino al andar” y añade el dicho popular que "el movimiento se demuestra andando", sentencia con origen en la reflexión del filósofo griego Diógenes de Sinope, también conocido como El Cínico, por pertenecer a esa escuela de pensamiento. En las Cortes Generales, en la sede del parlamentarismo español, pasar de las intenciones y de las palabras a los hechos es fundamental en cualquier ámbito que se aborde, pero en algunos, como en el de la lucha contra la violencia de género, es básico y muy necesario. En estas últimas semanas se está dando un empuje importante a la protección y asistencia a las mujeres que sufren violencia machista, en cumplimiento de preceptos recogidos en el Pacto de Estado suscrito en 2017 y de la propia Ley integral de 2004. El logro más reciente, facilitar el cambio de apellidos a los hijos e hijas de maltratadores para que no tengan que acarrear, si no quieren, el del padre.
Demasiadas veces el ruido emponzoña la realidad. Demasiadas veces la ultraderecha se empeña en utilizar este tema tan sensible y crucial para lanzar dardos envenenados no ya contra el Gobierno sino contra las propias víctimas, que son en realidad las que salen perdiendo en esa batalla dialéctica y conceptual que entraña una carga profunda de misoginia y machismo. El impresentable intento negacionista de liquidar de un plumazo la ley de 2004 aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, norma pionera y referente en todo el mundo, fue contestado en la tarde no menos simbólica del cuarenta aniversario del 23F con una negativa unánime y con la lectura de los nombres de todas y cada una de las mujeres asesinadas desde 2003. La soledad de Vox quedó retratada.
Los gestos son importantes en política pero por sí solos no valen, se necesitan realizaciones para avanzar y transformar la sociedad. La semana pasada quedó aprobada en el Congreso, con enmiendas del Senado, la Ley para la protección de las víctimas de violencia machista durante el covid-19, y aún más allá del estado de alarma, cuando es probable que algunos de los efectos de la pandemia perduren y sigan afectando a estas mujeres. Vox se volvió a quedar solo.
Y esta misma semana, en la comisión de Justicia de la cámara baja, una trascendente enmienda del partido socialista introducida en la proposición de Ley por la que se modifica la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil. Gracias a esa modificación, las hijas e hijos de víctimas de violencia de género tendrán más facilidades para cambiarse los apellidos y no tener que llevar los del padre maltratador o del padre directamente asesino. Se facilitan los trámites y será la persona que ostente la figura de Encargada del Registro la que autorice el cambio de los apellidos con una declaración de voluntad por quien alegue ser objeto de violencia de género, acompañada de un documento acreditativo. No es baladí este cambio para todas aquellas personas que hayan vivido situaciones de maltrato, no es baladí ni para su propia seguridad, porque cambiando su apellido dificultan al progenitor su localización, como para su recuperación y para la reparación del daño quitarse esa losa en el DNI y en la propia identidad.
Todos estos avances, que no por discretos son menos importantes, se suman a otros que se están impulsando a través de diferentes modificaciones normativas a cargo de distintos ministerios y del Legislativo. Entre otras, vía enmienda a la futura Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, las referidas a las visitas y custodia de los maltratadores o al Síndrome de Alienación Parental, el ficticio SAP que aún vemos en ciertas sentencias. O la modificación, que ya figura en el anteproyecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, del artículo 416 sobre el derecho a no declarar contra sus agresores de las mujeres víctimas de violencia de género, prerrogativa a la que muchas veces se acogen presionadas y que hace decaer los procedimientos.
La importancia de un Ministerio de Igualdad
El ruido de fondo no impide trabajar, aunque lo hace más difícil porque no permite concentrarse solo en lo positivo, en lo que transforma la sociedad, en lo que mejora las vidas de las personas, sino que, además, nos obliga a estar pendientes de desmentir falacias y de desfacer entuertos, como Don Quijote. Los molinos de la ultraderecha están ahí, girando contracorriente, solos en la inmensa planicie de la cordura.
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Lídia Guinart Moreno es diputada por Barcelona y portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Seguimiento y Evaluación contra la Violencia de Género del Congreso y secretaria de Políticas Feministas de la Federación del Barcelonès Nord del PSC.
Proclama el poema de Machado que “se hace camino al andar” y añade el dicho popular que "el movimiento se demuestra andando", sentencia con origen en la reflexión del filósofo griego Diógenes de Sinope, también conocido como El Cínico, por pertenecer a esa escuela de pensamiento. En las Cortes Generales, en la sede del parlamentarismo español, pasar de las intenciones y de las palabras a los hechos es fundamental en cualquier ámbito que se aborde, pero en algunos, como en el de la lucha contra la violencia de género, es básico y muy necesario. En estas últimas semanas se está dando un empuje importante a la protección y asistencia a las mujeres que sufren violencia machista, en cumplimiento de preceptos recogidos en el Pacto de Estado suscrito en 2017 y de la propia Ley integral de 2004. El logro más reciente, facilitar el cambio de apellidos a los hijos e hijas de maltratadores para que no tengan que acarrear, si no quieren, el del padre.