El sindicalismo español ha demostrado una enorme responsabilidad en los últimos tiempos, contribuyendo de forma decisiva a paliar los peores efectos de la crisis, primero provocada por el coronavirus y después por los devastadores efectos de una guerra a las puertas de Europa, declarada por Rusia a Ucrania.
A lo largo de los últimos años hemos acordado, entre los interlocutores sociales y el Gobierno, medidas muy importantes que tenemos que defender y que han sido impulsoras del crecimiento de este país en términos de su PIB. La puesta en marcha de los ERTE, que nos permitieron salvar a miles de empresas y más de 3 millones de puestos de trabajo, fue fruto del acuerdo. También la reforma laboral que ha multiplicado por cinco la contratación indefinida y reducido a la mitad la temporalidad, mal endémico de nuestro mercado laboral o la subida el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a los 1.080 euros, un 64% más que en 2016, y que ha permitido reducir la brecha de género 2 puntos, subiendo el salario a más de 1,2 millones de mujeres. Con los acuerdos de pensiones, que incluyen la subida de un 8,5% a los y las pensionistas, así como aseguran los ingresos destopando las cotizaciones a quienes más cobran, garantizamos un sistema de pensiones fuerte y duradero hasta al menos 2050.
Todo ello ha sido posible gracias a las mesas de negociación tripartitas. Los partidos políticos, todos, tienen que entender el enorme valor de la concertación, del diálogo social y del acuerdo con los agentes sociales para hacer avanzar a España, y a su ciudadanía, en una Europa y en un mundo más tecnificado, digitalizado y complejo que se enfrenta a enormes retos y que sitúa nuestro mercado laboral ante sus debilidades. La concertación social, función fundamental que nos atribuye la Constitución del 78, no debe depender del color político de quien gobierna y ser protegida por quienes quieren una España más competitiva, más fuerte y con más crecimiento y bienestar.
Este Primero de Mayo los y las trabajadoras sabemos que donde estamos organizados y hay sindicato, hay derechos, hay salarios dignos y hay respeto de las condiciones y de la salud en el trabajo
A pesar de todo lo hecho hasta ahora, no podemos levantar la mirada de los más de tres millones de personas que están en desempleo en nuestro país, al paro estructural sobre el que ninguna administración, ni central ni autonómica, pone solución. Necesitamos una reforma en profundidad de los servicios públicos de empleo para hacerlos capaces de formar y orientar a quienes necesitan encontrar un trabajo, y sobre todo, a quienes tienen más difícil encontrarlo. Este es un reto que hay que desarrollar en los próximos tiempos, para que nuestro país, que hoy tiene récord en afiliación a la seguridad social con más de 20,4 millones de personas cotizando, se acerque al pleno empleo. Sólo solucionando el problema del paro estructural y mejorando la capacidad de empleabilidad de las personas, podremos abordar las incertidumbres que el sistema capitalista impone a los mercados de trabajo, con seguridad y estabilidad y sin necesidad de recurrir a otros países para contratar trabajadores. Los tenemos aquí cerca, pero necesitan una oportunidad.
Este Primero de Mayo los y las trabajadoras sabemos que donde estamos organizados y hay sindicato, hay derechos, hay salarios dignos y hay respeto de las condiciones y de la salud en el trabajo. Sabemos que la inflación y que la pérdida de poder adquisitivo, provocada por el alza de los precios de la luz y de las materias primas, en primer término, no es la causa real de la inflación de segunda ronda ni de la inflación subyacente. Todo lo contrario, es consecuencia del alza de las grandes empresas de los precios de bienes y servicios para repartir beneficios récords, y recuperar lo perdido en tiempos pasados. En 2022 los beneficios empresariales crecieron en nuestro país un 91%, un 32% en 2021. Los salarios tienen que subir en relación con el coste de la vida. No cabe otra solución al empobrecimiento de la clase trabajadora. Todo lo que no sea eso, supone cargar en los trabajadores y trabajadoras y en sus ya bajos salarios el coste de la crisis inflacionista, y no lo vamos a permitir. Queremos que todos los convenios tengan cláusula de revisión salarial que vincule los sueldos al IPC y a los beneficios de los sectores de nuestra economía. Hay margen más que suficiente: la productividad y el crecimiento del PIB lo permiten, como así han certificado distintos organismos como el Banco de España o la Agencia Tributaria. Por eso le decimos a la patronal que se niega a hablar y pactar, alto y claro, que si no hay salario, habrá conflicto. Lo pelearemos convenio a convenio y sector a sector.
Todavía queda mucho por hacer. Queremos hablar de despido, que todavía hoy es demasiado fácil y barato en España, para que sea disuasorio y reparador, de la transición ecológica justa de la economía y de la transformación del sistema productivo. Hay que seguir reduciendo la brecha salarial entre hombres y mujeres y desarrollar medidas que permitan alcanzar la igualdad real en las empresas, conseguir entornos laborales inclusivos con las personas LGTBI, que sufren situaciones de discriminación intolerables en pleno siglo XXI, de la juventud y de sus expectativas de empleo y de futuro, pero sobre todo de sus condiciones laborales dignas, de la semana laboral de 32 horas, del acceso a la vivienda y a los derechos sociales. Por eso salimos este Primero de Mayo, porque las trabajadoras y los trabajadores seguiremos caminando hacia una sociedad de bienestar, de dignidad, de igualdad y de libertades.
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Pepe Álvarez es secretario general de UGT.
El sindicalismo español ha demostrado una enorme responsabilidad en los últimos tiempos, contribuyendo de forma decisiva a paliar los peores efectos de la crisis, primero provocada por el coronavirus y después por los devastadores efectos de una guerra a las puertas de Europa, declarada por Rusia a Ucrania.