Europa no puede exportar valores y a la vez importar productos que se hayan fabricado mediante trabajo forzado. Que la Unión Europea por fin cuente con una ley que prohíba estos productos en su mercado es uno de los mayores logros de este mandato, y una victoria para las fuerzas progresistas del Parlamento Europeo. Ahora, hemos de velar por que dicha ley se aplique y funcione correctamente. Nuestras tiendas tienen que dejar de vender camisetas, zapatos o coches fabricados por uigures y turkmenos esclavizados o por trabajadores forzados de cualquier parte del mundo.
Cabría pensar que la esclavitud es cosa del pasado, pero nada más lejos de la realidad. Pongamos el ejemplo de Turkmenistán, el décimo mayor productor de algodón del mundo y uno de los regímenes más herméticos y represores que existen, y que, sin embargo, rara vez atrae la atención de los medios. Cada año, durante la temporada de cosecha del algodón, entre agosto y diciembre, el Gobierno obliga a decenas de miles de trabajadores y trabajadoras del sector público y privado a recolectar esta fibra textil.
Esto es lo que Ruslan Myatiev, una de sus víctimas, nos contó en un acto sobre trabajo forzoso que celebramos en Bruselas: “Profesores y médicos se ven obligados a recoger hasta la última bola de algodón bajo todo tipo de amenazas, incluido el despido. Se transporta a la gente en camionetas abiertas o remolques de tractores, como si fueran ganado. Cuando llegan a su destino, se les obliga a recoger entre 20 y 30 kilogramos de algodón. De media, tienen tres días de turnos de recogida a la semana”. Myatiev, periodista y defensor de los derechos humanos, reside actualmente en los Países Bajos, donde obtuvo asilo y desde donde dirige Turkmen.news, un portal de noticias de investigación independiente. “El Gobierno asegura que el algodón es recogido por máquinas y voluntarios, pero es mentira. La policía secreta trata de silenciar a los observadores que documentan el trabajo forzoso. Inventan causas penales contra ellos y los mandan a la cárcel durante años”.
A día de hoy, 28 millones de personas de todo el mundo se encuentran atrapadas en manos de tratantes de seres humanos, o a veces de Estados, que les obligan a trabajar por poco o por nada de dinero. El 12% de ellos son niños y niñas. Este negocio de miseria humana prospera a pesar de los esfuerzos internacionales para ponerle fin. Casi 100 años después de la adopción del histórico Convenio relativo al trabajo forzoso u obligatorio de 1930, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que el trabajo forzoso genera 217.000 millones de euros de ganancias ilícitas al año, un espectacular aumento del 37% con respecto a 2014. Esto es comparable a una economía nacional como la de Portugal.
Hay muchas probabilidades de que la camiseta que llevas puesta se haya confeccionado con algodón manchado por violaciones de los derechos humanos, sin que ni siquiera lo sepas. Si no se ha cosechado en Turkmenistán, será de la región de Xinyang en China, donde se calcula que más de 2 millones de personas, principalmente uigures, corren el riesgo de ser víctimas de trabajo forzoso. Se les obliga a trabajar en sectores que requieren mucha mano de obra, donde no solo recolectan algodón o tomates, sino que también montan juguetes, muebles y productos electrónicos, cosen prendas de vestir o procesan polisilicio.
Se nos presenta la oportunidad histórica de combatir la esclavitud moderna, tanto en la Unión Europea como a nivel mundial. Tras años de movilización cívica y batallas políticas, y meses de arduas negociaciones, la UE tendrá la primera ley europea de la historia para prohibir el comercio de productos que se hayan fabricado mediante trabajo forzado
¿Y cómo acaban los productos fabricados con mano de obra forzosa en las tiendas de la UE? En el caso del algodón de Turkmenistán, algunos países europeos como Polonia o Italia importan directamente hilo turkmeno. No obstante, este producto a menudo entra en las cadenas de suministro de marcas que venden en la UE a través de terceros países como Turquía, China y Pakistán. Es inaceptable que algunas marcas y empresas europeas sean cómplices. Pero no nos engañemos, el trabajo forzoso está en todas partes, incluso dentro de la Unión Europea, donde, según datos de la OIT, la mayoría de los 1,3 millones de víctimas de trabajo forzoso que había en 2018 eran personas que habían migrado de un Estado miembro a otro.
Ahora, se nos presenta la oportunidad histórica de combatir la esclavitud moderna, tanto en la Unión Europea como a nivel mundial. Tras años de movilización cívica y batallas políticas, y meses de arduas negociaciones, la UE tendrá la primera ley europea de la historia encaminada a prohibir el comercio de productos que se hayan fabricado mediante trabajo forzado dentro del mercado único. Ya iba siendo hora. Estados Unidos y Canadá ya cuentan con sus propios instrumentos jurídicos.
Para los Socialistas y Demócratas, esto es sin duda motivo de orgullo. Ya habíamos solicitado esta nueva ley como grupo y posteriormente encabezamos el proceso en el Parlamento. Y conseguimos un acuerdo. Pero que no quepa duda: al principio la Comisión se mostró muy reticente. Cuando finalmente cedió ante nuestras demandas y presentó una propuesta legislativa, muchos conservadores del Parlamento Europeo intentaron postergarla y diluirla.
El acuerdo final alcanzado con los Estados miembros de la UE no es todo lo ambicioso que nos hubiera gustado, pero es un buen acuerdo. Hemos consensuado un instrumento sólido que permitirá a la Comisión investigar presuntos casos de trabajo forzoso fuera de la UE, mientras que las autoridades nacionales competentes de los 27 Estados miembros harán lo propio dentro de la Unión. Si la investigación concluye que se ha utilizado trabajo forzoso, las autoridades ordenarán la retirada de los productos en cuestión tanto del mercado de la UE y como de los mercados en línea, y estos serán confiscados en las fronteras. Posteriormente, tendrán que donarse, reciclarse o destruirse. A petición de nuestro Grupo, la Comisión va a crear una base de datos con una lista de sectores económicos y de zonas geográficas concretas en las que existe trabajo forzoso impuesto por el Estado. Esta se utilizará para evaluar la necesidad de abrir investigaciones.
Esta nueva ley se basa en los productos, y no en las empresas, lo que significa que todas las empresas tendrán que acatar la prohibición si se detecta la existencia de trabajo forzoso en algún eslabón de su cadena de suministro. Esta es sin duda una buena noticia para todas las empresas que sufren la competencia desleal por parte de otras que recurren al trabajo forzoso.
Sin embargo, si queremos que la ley sea eficaz, deberá aplicarse de forma adecuada. Hemos de garantizar que las autoridades competentes y la Comisión Europea dispongan de recursos suficientes para acometer nuevas funciones como, por ejemplo, inspecciones en terceros países. La cooperación con nuestros socios internacionales, especialmente con Estados Unidos y Canadá, resultará fundamental para evitar que operadores que hayan sido bloqueados por un país vendan sus productos elaborados con trabajo forzoso en otros lugares.
La votación final del Parlamento Europeo sobre esta nueva ley se celebrará el próximo martes. Durante el último Pleno del actual mandato, también votaremos nueva legislación sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad. Esta directiva exigirá a las empresas realizar controles para mitigar los riesgos de sus actividades en materia de derechos humanos y respeto del medioambiente en sus cadenas de valor. Se trata de otra ley distinta, por la que también nos hemos encargado de pelear, con éxito. Ambas leyes serán complementarias y con ellas se garantizará que los derechos de los trabajadores y las normas medioambientales constituyan la esencia del comercio internacional.
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Maria-Manuel Leitão-Marques es eurodiputada del Grupo S&D y co-ponente del Parlamento Europeo sobre la prohibición del trabajo forzoso en la comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO). Inmaculada Rodríguez-Piñero es eurodiputada del Grupo S&D y coordinadora en la comisión de Comercio Internacional (INTA).
Europa no puede exportar valores y a la vez importar productos que se hayan fabricado mediante trabajo forzado. Que la Unión Europea por fin cuente con una ley que prohíba estos productos en su mercado es uno de los mayores logros de este mandato, y una victoria para las fuerzas progresistas del Parlamento Europeo. Ahora, hemos de velar por que dicha ley se aplique y funcione correctamente. Nuestras tiendas tienen que dejar de vender camisetas, zapatos o coches fabricados por uigures y turkmenos esclavizados o por trabajadores forzados de cualquier parte del mundo.