Universidades públicas de Madrid: el ajuste por asfixia

El alumnado universitario de Madrid tiene menos derechos que el del resto de España: es la comunidad autónoma que menos invierte por alumno. Se precia por ser la región más rica o, al menos, donde hay más rentas altas empadronadas, pero su contribución a la universidad, la ciencia y la innovación es la más baja de España. En el momento en que más dinero tiene el gobierno regional, con la economía en España creciendo a un ritmo muy superior al resto de países de la Unión Europea, Madrid es donde menos se invierte. Esto nos lleva a pensar que el freno presupuestario a la universidad pública no es por falta de dinero, o por una supuesta falta de eficiencia en la gestión, es por otra cosa.

Voladura acelerada

La financiación de las universidades públicas es menor que en 2009. En euros constantes, si en 2009 los presupuestos de universidad fueron de 1.127 millones de euros, en 2025 se va a invertir 801 millones de euros. Esto tiene un impacto directo en el deterioro de las infraestructuras, los bajos salarios de los docentes y la drástica reducción de recursos para la investigación o la innovación. El deterioro de los edificios es una alegoría del maltrato del gobierno de la Comunidad de Madrid a las universidades: techos de facultades desprendidos, obras inconclusas durante años o edificios con goteras es el día a día de las seis universidades madrileñas.

Tanto desde el gobierno como desde los escaños del Partido Popular en la Asamblea de Madrid se nos dice, cada jueves de pleno y en cada sesión de comisión, que las universidades no están bien gestionadas y que el problema no es la falta de financiación, sino la falta de una buena gestión. Esta falsa línea argumental evoca la estrategia ya empleada en el hundimiento planificado de otra joya de la corona, la sanidad pública.

Los primeros pasos de la demolición de lo público ya se dieron en tiempos de Esperanza Aguirre. Ahora la ofensiva es total, estruendosa, evidente. La asfixia de presupuesto está llevando a las universidades a reducir sus presupuestos hasta un 35%, empezando por la reducción de personal docente. El ajuste se hace por asfixia.

El deterioro de los edificios es una alegoría del maltrato del gobierno de la Comunidad de Madrid a las universidades: techos de facultades desprendidos, obras inconclusas durante años o edificios con goteras es el día a día de las seis universidades madrileñas.

¿Falta de gestión o de financiación?

Las carencias de las universidades públicas no son por falta de gestión, son por falta de financiación, por una idea muy clara del gobierno regional: que la universidad pública deje de ser competencia de las privadas. 

La concepción del Partido Popular de que la educación universitaria es un negocio y no un derecho se refuerza con la autorización, desde la Comunidad de Madrid, de más de una decena de universidades privadas: barra libre sin ningún control, y con todos los informes en contra.

Intentos de que no llegue la ayuda del Ministerio

El Ministerio de Universidad, Ciencia e Innovación, con la ministra Diana Morant a la cabeza, no deja de enviar ayuda a las universidades madrileñas. En solo un año se han aprobado proyectos, como el Programa de Incorporación de Talento Docente e Investigador o el programa María Goyri, que inyecta cientos de millones de euros en las universidades. 

La Comunidad de Madrid en todos los casos ha hecho todo lo posible para que no llegue esa financiación nacional. Cada vez con excusas más insólitas. A la que más recurre el gobierno regional es a decir que Madrid rechaza la financiación del Gobierno de España porque les compromete a una parte del gasto. 

Sus permanentes críticas a la Ley de 2023 del Sistema Universitario, la LOSU, empiezan por decir que les obliga a financiar las universidades. Efectivamente, esta ley es un instrumento de protección y financiación de las universidades públicas, junto a docentes, alumnado y PTGAS, es decir, el terror para la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.

El festín de los fondos de inversión

El pastel de la universidad privada es demasiado jugoso como para andarse con tibiezas. El PIB regional, actualizado en 2023, es de 293.000 millones de euros. El presupuesto para universidad de 2025 es poco más de 1.122 millones de euros, es decir, el 0,38% del PIB regional. Hasta el 1% de inversión en PIB recomendado hablamos de un pastel de 1.800 millones de euros que no van a ir a nuestras universidades públicas.

Durante esta legislatura el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha visto la gran oportunidad de utilizar su mayoría absoluta en el parlamento para ejecutar el cambio radical de la privatización sin retorno de la Universidad. Con esta hoja de ruta: asfixia en la financiación de las públicas, aprobación de una ley regional de Universidad y Ciencia que desproteja definitivamente a las universidades (frente al escudo de hierro que supone la LOSU), y crecimiento desproporcionado de la oferta privada.

Los seis rectores de las universidades se están poniendo en pie para denunciar realidades como que los presupuestos no llegan ni para el 70% del primer capítulo de gasto, es decir, las nóminas. La respuesta de la Comunidad de Madrid no es que falte dinero sino que sobran docentes. Porque esa es su mentalidad: en sus planes sobra la universidad pública.

La cohesión social está en juego

En esta pelea de la universidad pública nos jugamos mucho y nos afecta a todos como sociedad. La reducción del sistema público universitario frente al privado aumenta la desigualdad, pues solo accederá a la formación superior quien pueda pagarla y no por criterios de esfuerzo o de desempeño. Además, la universidad es donde se forman las élites, quienes nos gobiernan, nos juzgan, quienes reforman y aplican las leyes o se sientan en consejos de administración, y esos espacios serán ocupados por personas que provienen de familias con rentas cada vez más altas, creando una brecha difícil de cerrar.

Debilitar las universidades afecta a áreas clave del desarrollo de Madrid. No podemos vivir únicamente del turismo y las cañas. Sin materia prima, o sin una industria sólida, Madrid tiene que vivir de sus ideas, de su innovación, y eso empieza en las universidades públicas. Las privadas apenas investigan, entre otras razones porque su afán es ofertar grados muy concretos, con margen de beneficio suficiente para lucro de los fondos de inversión que las compran y venden al peso.

Madrid en pie por la Universidad Pública

Es nuestra obligación como sociedad defender el sistema universitario. Desde el Partido Socialista reclamamos de forma urgente una inversión suficiente, sostenida y equitativa, de 400 millones de euros más por año en los próximos 6 años, para llegar al 1% del PIB regional que recomiendan organismos internacionales y la Ley Orgánica del Sistema Universitario; elaborar, junto a sus órganos de gobierno, un mejor análisis y diagnóstico de las necesidades reales de las universidades; y garantizar el acceso a la educación superior de todos los estudiantes con independencia de su situación social o personal o la de sus familias. Porque es nuestro futuro productivo y social el que está en pleno derribo, salgamos a defenderlo.

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Horacio Diez es Diputado del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid.