A las puertas del 25 de Noviembre, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, nos disponemos a iniciar en el marco de una subcomisión del Congreso de los Diputados los trabajos de renovación y actualización del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Han transcurrido cinco años desde su aprobación, los de su vigencia efectiva, y es el momento de analizar cómo y en qué hemos avanzado, qué nos ha quedado por el camino y hacia dónde es necesario avanzar. Una tarea imprescindible tras alcanzar, hace justo un año, un primer acuerdo entre los partidos que suscribimos el actual Pacto para que continúe su vigencia y para mejorarlo en lo posible.
En este tiempo, el camino no ha sido fácil. Nos hemos encontrado, primero, con la inacción del gobierno del PP que, pese a suscribirlo, no lo dotó adecuadamente ni lo impulsó. Solo con la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, a mediados de 2018, ese impulso se hizo realidad. Sucesivas convocatorias electorales, una pandemia y una guerra en Europa han requerido un esfuerzo adicional de adaptación de políticas y recursos destinados a la prevención y abordaje de la violencia contra las mujeres. Y también han hecho necesarias iniciativas legislativas inicialmente no previstas en el Pacto de Estado, pero imprescindibles para dar respuesta a situaciones sobrevenidas. Ejemplo de ello son tanto la Ley 1/2021, de 24 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, aprobada para dar respuesta a la situación de las mujeres víctimas confinadas en plena pandemia con sus maltratadores; como la Proposición de Ley Orgánica del Grupo Parlamentario Socialista que modifica el Código Penal y agrava las penas para los delitos de trata de seres humanos desplazados por conflicto armado o catástrofe natural, ya aprobada por unanimidad en el Congreso.
Pese a las dificultades para implementar algunas de sus propuestas, en parte por la necesaria implicación de distintos actores sociales, institucionales y políticos que no siempre muestran el mismo nivel de compromiso, lo cierto es que el Pacto ha supuesto un antes y un después. Ha puesto con contundencia en la agenda política y ciudadana como cuestión de Estado la violencia que se ejerce contra las mujeres. El nivel de protección de las víctimas, aun teniendo mucho margen de mejora, es mayor que hace cinco años. En el caso de los y las menores es indudable. Se ha cerrado legislativamente la posibilidad de aplicar el falso Síndrome de Alienación Parental (SAP) y hemos aprobado una ley, la de Mejora de la Protección de las Personas Huérfanas Víctimas de Violencia de Género, que facilita su acceso a indemnizaciones, herencias y que implica exenciones fiscales, además de posibilitar que, en caso de necesidad, se compagine la adopción de los y las menores con su percepción de la pensión de orfandad. Tampoco se precisa ya el beneplácito paterno para que las y los hijos de maltratadores reciban asistencia psicológica. Un estudio referido por Nuria Varela en "Debates teóricos sobre políticas de igualdad entre mujeres y hombres", compilación dirigida por Laura Nuño, desvela que el 43% de las víctimas de violencia de género son hijas de padre maltratador y que un 63% de los victimarios son hijos a su vez de padre maltratador. Además, en el 100% de los casos analizados en ese estudio hay secuelas, especialmente psicológicas aunque también físicas.
Analizar los logros y carencias, los retos y los desafíos de un problema tan complejo y global como es la violencia de género requiere muchos esfuerzos y sobre todo muy buena disposición política
Analizar los logros y carencias, los retos y los desafíos de un problema tan complejo y global como es la violencia de género requiere muchos esfuerzos y sobre todo muy buena disposición política. Un grupo parlamentario que no estaba en 2017, la ultraderecha, ya se ha borrado de ese objetivo, alegando que solo lo apoyaría en caso de que se garantizara la independencia del poder judicial que "favorece a las mujeres por el hecho de ser mujeres", si se investigan las denuncias falsas —pese a estar documentado que son una ínfima e insignificante parte de las que se presentan, menos que en el caso de otros delitos— y si se deroga el artículo que impide, aseguran, a los hombres denunciados ver a sus hijos, además de acabar con las subvenciones a las entidades que amparan y ayudan a las mujeres y menores víctimas de violencia. Todo un alegato negacionista que rema a favor del terrorismo machista, de los maltratadores y en contra de las auténticas víctimas que la ley protege de manera específica desde 2004.
Este Pacto que ahora vamos a actualizar y a renovar es un hito en la historia del parlamentarismo español. Como señala Lidia Fernández Montes en la misma publicación antes referida, si tiramos de hemeroteca son contados los acuerdos de este calado y nos tenemos que remontar a las últimas décadas del siglo pasado. En un momento de excesivo ruido, de mucha confrontación y poco diálogo, tenemos el deber y la obligación de alcanzar consensos entre los grupos que tenemos la democracia por estandarte.
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Lidia Guinart es diputada en el Congreso de los Diputados del Partido de los Socialistas de Cataluña en la actual legislatura (XIV) y también lo fue en la anterior (XIII).
A las puertas del 25 de Noviembre, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, nos disponemos a iniciar en el marco de una subcomisión del Congreso de los Diputados los trabajos de renovación y actualización del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Han transcurrido cinco años desde su aprobación, los de su vigencia efectiva, y es el momento de analizar cómo y en qué hemos avanzado, qué nos ha quedado por el camino y hacia dónde es necesario avanzar. Una tarea imprescindible tras alcanzar, hace justo un año, un primer acuerdo entre los partidos que suscribimos el actual Pacto para que continúe su vigencia y para mejorarlo en lo posible.