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El acuerdo sobre pensiones, en el marco de la concertación con los agentes sociales y con el respaldo de la Comisión Europea, dentro del Plan de reconstrucción, transformación y resiliencia New Generation, ha sido, junto al éxito de la vacunación que ha facilitado la paulatina aunque accidentada desescalada de la pandemia, una de las mejores noticias de los últimos meses, tan importante como la que hace más de un año puso en marcha el derecho al ingreso mínimo vital. Una noticia que sin embargo ha quedado oscurecida por las desafortunadas declaraciones del ministro Escrivá. Porque las buenas noticias no son noticias y menos en pandemia.
El acuerdo desmonta los principales recortes de la contrarreforma de pensiones del Gobierno de Rajoy de 2013, entre cuyos avances se encuentran la recuperación de la revalorización anual, de acuerdo con el incremento del coste de la vida, y la derogación final del llamado factor de sostenibilidad, aún pendiente de su efectiva aplicación. Además de la delimitación de los gastos impropios y su asunción a cargo de los presupuestos generales del Estado, lo cual supone un paso importante para el saneamiento del abultado déficit del sistema. También el mencionado acuerdo de pensiones tira por tierra definitivamente los impedimentos del PP en Europa y al tiempo desmiente las profecías apocalípticas de la derecha en relación a los fondos de reconstrucción europeos. Finalmente se ha demostrado falso el relato del nuevo rescate europeo, de la visita de los hombres de negro y del poco menos que obligado recorte y privatización a la griega de nuestro modelo público, contributivo y solidario de pensiones. De hecho, la reciente presentación de la estrategia de reconstrucción española, por parte del presidente Sánchez junto con la presidenta de la Comisión Europea Von Der Leyen, ha servido para acallar, al menos de momento, las profecías catastrofistas de las derechas.
Sin embargo, aunque no se sabe si como fruto de un desliz incomprensible, del resquemor que han dejado la frustración de alguna de las medidas propuestas por su Ministerio finalmente rechazada, al menos en la primera fase de la negociación, bien desde dentro del Gobierno o en la negociación con los agentes sociales, o a modo de globo sonda sobre las intenciones del Ministerio de Seguridad Social en los temas aún pendientes, o más bien como producto de las tres cosas a un tiempo, como habitualmente suele ocurrir, ha vuelto a escena el famoso baby boom baby boomcomo reiterado argumento de autoridad para justificar un hipotético recorte generacional de las pensiones, bien mediante el aumento en la edad efectiva de la jubilación o con una modesta reducción de la pensión, como expresión de solidaridad intergeneracional, en palabras del propio ministro Escrivá. Una lógica perversa que de nuevo entiende la solidaridad como recorte entre los que menos tienen para mantener la viabilidad futura del sistema de pensiones.
Algo que era de esperar, sobre todo si uno vuelve la vista atrás a los constantes anuncios y rectificaciones del Ministerio de Seguridad Social sobre las reformas definitivamente propuestas por el Gobierno de España a la Unión Europea, entre las que, como por arte de birlibirloque, tan pronto ha aparecido como ha desaparecido de sus informes la futura valoración de toda la vida laboral para el cálculo de la pensión o la sustitución del factor de sostenibilidad del presidente Rajoy por otro denominado de solidaridad intergeneracional, pero con la misma filosofía de ligar la pensión a la expectativa de vida y a la situación financiera de la seguridad social. Todo ello antes incluso del cumplimiento de la fecha definitiva para el periodo de cálculo de veinticinco años previsto en la reforma del gobierno Zapatero de 2011 y de la derogación efectiva del factor de sostenibilidad exigido por los sindicatos y los socios de Gobierno de Unidas Podemos.
Por eso, y como era de esperar, el anuncio del ministro Escrivá ha provocado el contundente rechazo de los agentes sociales, el apoyo de la derecha aplaudiéndolo como parte de un ejercicio de sinceridad, frente a lo que denominan las mentiras del Gobierno en materia de pensiones, y la obligada rectificación del Gobierno y al final del propio ministro. Pero, sobre todo, ha tenido el efecto de empañar la buena noticia de la recuperación de la concertación social sobre las pensiones en base a las recomendaciones de un revitalizado Pacto de Toledo, después de años de paralización.
Porque es que la manida generación del baby boom parece ser mucho más que una generación ampliababy boom, por el número de nacidos en ese periodo de 1955 al 75, sino porque junto a la mejora de la pensión media. Al parecer supondrá una importante carga temporal para la Seguridad Social, aunque de la misma forma se podría hacer referencia a que ha sido también una generación que por su número y por su mayor cualificación contribuyó con su esfuerzo al crecimiento del país y la construcción del estado social, y que, al menos por ello, se ha hecho merecedora de unas dignas pensiones de jubilación.
Todo ello cuando el gasto en pensiones, al igual que el conjunto del gasto social en España, es sensiblemente inferior a la media de nuestro entorno europeo, y existe un amplio margen de mejora en los ingresos, tanto por nuestro precario modelo laboral como por nuestro insuficiente, injusto y muchas veces regresivo sistema fiscal. También, cuando en varios países europeos las medidas de recorte de pensiones, inspiradas en las políticas de austeridad, han sido revisadas sino rebasadas como la rebaja de la edad de jubilación en Alemania.
De todas formas, no es la primera vez que se vincula a nuestra generación con la insostenibilidad futura, incluso con la quiebra del sistema y con unos recortes, poco menos que inevitables, para garantizar su sostenibilidad. Ya las contrarreformas, o mejor dicho los recortes de 2011 y 2013, tuvieron como argumento las previsiones de envejecimiento demográfico y más específicamente a la amplia generación del baby boom.
Esta fue la causa en 2011 de la introducción del retraso progresivo en la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, así como del incremento en el periodo para el cómputo de las pensiones. Medidas ambas que se anunció entonces que por su efecto reductor impedirían el incremento de la carga de las pensiones como consecuencia de las jubilaciones de las cohortes del baby boom.baby boom.
Ante el fracaso de la guerra preventiva, la alternativa del poder blando de Europa
Como si no fuera suficiente en 2013, y con motivo de las políticas de austeridad como respuesta a la crisis, también se consideró imprescindible un nuevo paquete de recortes para garantizar la estabilidad futura del sistema como han sido hasta este acuerdo social, la derogación de la revalorización anual de la pensión, así como el llamado factor de sostenibilidad venían de nuevo a parar los pies al previsible gasto desbocado de la generación de los baby boomers.baby boomers.
Cabe pensar que ésta tampoco será probablemente la última. El ministro Escrivá nos anuncia que ha perdido la batalla, pero no da por perdida la guerra de las pensiones. Estamos avisados, para no dormirnos en los laureles de esta primera victoria.
Gaspar Llamazares es fundador de Actúa.
El acuerdo sobre pensiones, en el marco de la concertación con los agentes sociales y con el respaldo de la Comisión Europea, dentro del Plan de reconstrucción, transformación y resiliencia New Generation, ha sido, junto al éxito de la vacunación que ha facilitado la paulatina aunque accidentada desescalada de la pandemia, una de las mejores noticias de los últimos meses, tan importante como la que hace más de un año puso en marcha el derecho al ingreso mínimo vital. Una noticia que sin embargo ha quedado oscurecida por las desafortunadas declaraciones del ministro Escrivá. Porque las buenas noticias no son noticias y menos en pandemia.