Turbulencias de la política peruana

En las elecciones presidenciales de 2016 se impuso en la segunda vuelta Pedro Pablo Kuczynski, un candidato de la derecha que aglutinó el voto de todo el espectro político para cerrar el paso a Keiko Fujimori, hija del antiguo mandatario hoy encarcelado. Sin embargo, la cámara legislativa mantuvo una amplia mayoría fujimorista que, con sucesivos intentos espurios de destitución del presidente, han impedido desde entonces la estabilidad del poder ejecutivo. Tras abortar dos procesos de “vacancia”, Kucynski cedió el testigo a su vicepresidente Martín Vizcarra.

El nuevo presidente, como respuesta a la práctica obstruccionista del parlamento, presentó una reforma constitucional del sistema político en varios aspectos, que fue aprobada en referéndum. El gobierno peruano inició también reformas estructurales y de regeneración política, que activaron la alarma en una cámara en la que recaen denuncias de corrupción en más de la mitad de sus componentes. El Congreso forzó la renovación de miembros del Tribunal Constitucional con la pretensión indisimulada de colocar afines y frenar así la eficacia de la acción del gobierno. El presidente Vizcarra planteó entonces una cuestión de confianza que, al ser negada por los parlamentarios, justificó el cierre de la cámara y la convocatoria de elecciones legislativas.

Sin embargo, el resultado de las elecciones ha supuesto una mayor fragmentación de la representación política, con la introducción en la cámara legislativa, que es única en el modelo constitucional peruano, de intereses de todo orden. Algunas candidaturas presentadas estaban directamente conformadas por intereses empresariales particulares como el caso del sector de la enseñanza universitaria privada, o de proyectos de explotación en la Amazonía. La gestión de Vizcarra, que contó en este proceso con el apoyo institucional expreso de la cúpula de las fuerzas armadas y la policía nacional, continuó siendo boicoteada por los congresistas. La oposición, preocupada por el avance de las reformas y los procesos anticorrupción, exacerbó cualquier información que cuestionara la moralidad de Vizcarra como la denuncia que no prosperó de haber realizado de contrataciones irregulares para favorecer a sus partidarios.

La oportunidad de votar con éxito la vacancia por “permanente incapacidad moral” llegó con la investigación abierta por la fiscalía por graves acusaciones de haber recibido sobornos por autorizar obras en su periodo de gobernador de Moquegua, basadas en testimonios de cercanos colaboradores. El Congreso de la República aprobó la moción con amplia mayoría y procedió a investir con la banda presidencial al promotor y presidente de la institución, Manuel Merino. Una movilización popular, especialmente de los jóvenes no alineados con una clase política a la que desprecian por su venalidad, se opuso desde el primer momento a lo que interpretaban como un golpe de Estado palaciego para conservar la impunidad personal a toda costa.

Las manifestaciones fueron reprimidas con inusitada violencia por la policía, con cientos de heridos y dos muertos por arma de fuego convertidos en mártires. El gobierno de Merino, impopular y visto con mucho recelo en el exterior, apenas resistió cinco días. El parlamento, ante la conmoción social en el país, ha rectificado dando paso a un gobierno provisional de integración política. La transición hasta la designación de un presidente electo será dirigida por el moderado Francisco Sagasti, secundado por una terna de vicepresidencias de la izquierda social, el centro democrático y la derecha liberal. El país tiene por delante un tiempo exigente con el reto de garantizar el proceso electoral de abril de 2021, gestionar los estragos de una pandemia que no cesa y abordar la mayor contracción económica del siglo, factores que contribuyen a profundizar la crisis política y social del último año.

Los acontecimientos vividos en Lima y otras grandes ciudades del Perú en las últimas semanas muestran signos de fin de ciclo. Es necesario un cambio profundo para romper el círculo vicioso de una corrupción política que, aunque enquistada sistemáticamente en el país como refleja la literatura vargasllosiana (Conversación en La Catedral), entró en un proceso de envilecimiento y descomposición en el mandato de Alberto Fujimori en la década de los noventa. Todos los sucesores en la Casa de Pizarro –Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski– han sido investigados por corrupción, incluido ahora también el propio Martín Vizcarra. Con independencia del resultado de las pesquisas de la fiscalía, la sociedad peruana aprecia el sincero intento de Vizcarra de conducir la necesaria regeneración nacional con el impulso de las reformas estructurales y los procesos anticorrupción.

El panorama político peruano está llamado a evolucionar rápidamente por la presión en la calle y la entrada de jóvenes activistas en política —la llamada Generación Bicentenario–– con una destacable participación de las mujeres. Los nombramientos de autoridades en la transición reflejan ya el protagonismo de las féminas con Violeta Bermúdez como presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez como presidenta del Congreso, Marianella Ledesma como presidenta del Tribunal Constitucional, Esther Astete como ministra de Relaciones Exteriores y Nuria Esparch como ministra de Defensa, por primera vez en un cargo tradicionalmente reservado a militares retirados. Las turbulencias de la política peruana en las últimas semanas deben suponer una catarsis que devuelva a los representantes democráticos a la defensa exclusiva del interés general. La juventud peruana estará vigilante.