Antes incluso de que existiese ninguna ley estatal, Euskadi ya era un lugar con memoria. Desde comienzos de siglo, se ha trabajado sin descanso en suelo vasco para rescatar del olvido a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista. Un camino que las asociaciones no han recorrido solas. Las instituciones también se han volcado desde el primer momento en esta labor democrática. Y sin necesidad de una normativa memorialista propia, que no se aprobó hasta el pasado mes de septiembre. De ahí que este territorio siempre haya estado a la vanguardia en la materia. En veinte años, se han exhumado cerca de medio centenar de fosas por toda la región. Y se han retirado o resignificado más de un millar y medio de vestigios franquistas. "En el pueblo vasco existe consenso alrededor de la recuperación de la memoria", afirman categóricamente los propios colectivos locales.
Intxorta 1937 Kultur Elkartea comenzó a dar la batalla allá por 1986, si bien no se constituyó oficialmente con ese nombre hasta dos décadas después. Por aquella época, a mediados de los ochenta, las víctimas de la dictadura seguían siendo las grandes olvidadas. "Los partidos no querían saber nada del tema", explica Juan Ramón Garai, miembro del colectivo. Pero todo cambió a comienzos de siglo. "A partir de 2002, las fuerzas políticas vascas comenzaron a apoyar la memoria", completa. A finales de ese año, cuando aún quedaba un lustro para la aprobación de la primera ley memorialista estatal, el entonces lehendakari, Juan José Ibarretxe, realizó una declaración institucional de reconocimiento a quienes sufrieron la represión franquista aprovechando el Día Internacional de los Derechos Humanos. Aquel fue un punto de inflexión. A partir de entonces, las instituciones empezaron a volcarse en la materia.
El Ejecutivo vasco firmó unos meses después un convenio con la Sociedad de Ciencias Aranzadi a fin de localizar, recuperar y tratar de identificar los restos de personas desaparecidas durante la Guerra Civil en Euskadi. Y se empezaron a buscar y abrir fosas por toda la región. En los últimos veinte años se han investigado más de un centenar de localizaciones. Sin embargo, en más de setenta casos las prospecciones o dieron un resultado negativo o el proceso de exhumación no era viable. Más suerte hubo, sin embargo, en otras 46 fosas. Ahí sí que se pudieron recuperar los restos de 110 víctimas –la mayor parte de ellas combatientes, si bien en la lista también figura casi una treintena de personas ejecutadas extrajudicialmente y más de una docena fallecidas en cautividad–. Además, se han devuelto a sus familias los restos de otras tantas personas localizadas en Navarra, Comunidad de Madrid, Andalucía, Cantabria o Castilla y León.
El Gobierno vasco, de hecho, ya dio por concluido en el verano de 2021 el proceso de exhumaciones, si bien se han seguido desarrollando trabajos en este sentido. "Es evidente que no vamos a recuperar todos los restos humanos que se perdieron tras la Guerra Civil en Euskadi. Han pasado más de 85 años y nuestra geografía ha cambiado mucho. Es imposible, no se puede generar esa expectativa de que vamos a recuperar todos", señaló entonces la directora de Gogora–Instituto de la Memoria, Aintzane Ezenarro. Eso es algo que han asumido también los colectivos. "Es muy difícil encontrar todas esas fosas que aún quedan por los montes y las esquinas. Muchos testigos directos ya han fallecido. El problema es que se empezó muy tarde, es algo que se tenía que haber hecho desde 1978, pero en aquellos años todo el mundo nos decía que no había que reabrir heridas", asevera el miembro de Intxorta 1937 Kultur Elkartea Garai en conversación con infoLibre.
La puesta en marcha de Gogora, organismo integrado en la Administración vasca, se aprobó en 2014, durante la primera legislatura de Íñigo Urkullu como lehendakari. "El Gobierno vasco se dio cuenta de que todo esto tenía que canalizarse institucionalmente. En origen, nos dijeron que las asociaciones participaríamos en el mismo, pero al final no ha sido así", expone Josu Ibargutxi, de Goldatu Elkarte. Tras dar por concluido el proceso de exhumaciones, en Gogora consideran fundamental incidir en la recuperación y divulgación de la memoria. Hace solo unas semanas, por ejemplo, el organismo recibió permiso del Ministerio de Cultura para buscar y digitalizar documentación del Centro Documental para la Memoria Histórica de Salamanca (CDMH) en el marco de una investigación sobre vulneraciones de derechos fundamentales desde la Guerra Civil a la Transición. Éste se suma a otros tantos proyectos educativos o de investigación que en marcha.
Euskadi fue una de las primeras comunidades que elaboró un mapa oficial de fosas, que ha tratado de mantener actualizado. Lo hizo en 2010, con Patxi López como lehendakari. Y también un censo de víctimas. Por aquel entonces, hace ya más de una década, el listado oficial de personas fusiladas y desaparecidas incluía 8.560 nombres. Ahora, la base de datos de víctimas, que aglutina tanto aquellas provocadas por el bando golpista como las causadas por los republicanos, cifra en algo más de 20.000 personas que fueron ejecutadas o perdieron la vida en bombardeos o en combate. Gogora, además, ha puesto a disposición pública recientemente otro archivo sobre víctimas en las prisiones franquistas en Euskadi. En este caso, cuenta con más de 37.000 fichas de presos, de las que 5.000 corresponden a mujeres y 32.000 a hombres. Una base cuyo tamaño podrá ir aumentando a medida que avance la investigación que está desarrollándose.
Simbología y respaldo en las querellas
Las instituciones vascas también han trabajado en la retirada de vestigios franquistas de sus espacios públicos. En 2011, a petición de la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno autonómico, se elaboró un primer catálogo. Sin embargo, aquel estudio solo recogía los símbolos más singulares. De ahí que, a finales de 2014, se redactase un segundo informe más completo con datos recopilados a través de los 251 consistorios vascos. En aquel momento, 123 contaban con vestigios franquistas. Una cifra que se ha ido reduciendo considerablemente. En 2019, último dato disponible, sólo quince localidades continuaban con esta mancha. En los últimos años, se han retirado más de un millar y medio de símbolos. "Aquí se ha hecho frente a ese problema, se le ha hincado el diente. Me consta que aún queda alguno, pero es algo residual", apunta Ibargutxi al otro lado del teléfono.
El integrante del colectivo Goldatu Elkarte también resalta el respaldo institucional recibido, sobre todo a nivel local, en la lucha por la justicia. "Primero, conseguimos que cerca de un centenar de ayuntamientos de las vascongadas apoyasen de manera pública la querella Argentina –el procedimiento que dirige la jueza María Servini–. Pero luego planteamos que tenían que dar un paso más, que tenían que ponerse al frente. Desde entonces, hemos logrado que alrededor de una treintena de ayuntamientos se hayan querellado ellos directamente, tanto en Argentina como en España, por la represión franquista sufrida por sus vecinos", resalta Ibargutxi, que, no obstante, lamenta la negativa judicial que existe a la hora de investigar todos los crímenes cometidos durante la Guerra Civil, la dictadura y la Transición. Lo ha hecho, por ejemplo, el consistorio de Eibar. O los de Astigarraga, Bergara o Andoain.
La presencia de cargos institucionales también es continua en los actos y homenajes. Urkullu, por ejemplo, fue el encargado de la inauguración del Columbario de la Dignidad, una instalación promovida por el Ejecutivo vasco junto al cementerio Olaso de Elgoibar para que reposen los restos de aquellos combatientes exhumados en los últimos años. "Este espacio simboliza el paso del olvido a la memoria, de la oscuridad a la luz", aseveró entonces el lehendakari. En las dos últimas décadas, las instituciones vascas han rendido homenaje a los niños evacuados durante la guerra, a las víctimas del bombardeo de Gernika, a los voluntarios que impidieron el paso de los hombres del general Mola el 25 de septiembre de 1936 en Zirardamendi, a quienes frenaron durante seis meses el avance de las tropas franquistas contra Bizkaia en los altos de Intxorta o a la Marina de Guerra Auxiliar de Euzkadi.
"Siempre hemos estado tirando de los políticos"
Tanto Garai como Ibargutxi defienden que la implicación de las instituciones responde, en parte, al empuje de las propias asociaciones. "Siempre hemos estado tirando de los políticos", dice el primero. Y un ejemplo de ello, explica el segundo, es la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi, una norma que fue aprobada el pasado mes de septiembre. "Al principio, el PNV se resistía, decía que para eso ya estaba el instituto Gogora. Entonces, impulsamos una iniciativa legislativa que apoyaron el resto de grupos. Y cuando el PNV vio que se quedaba solo, acabó impulsando su propia norma memorialista", señala Ibargutxi. Una nueva ley con la que se busca continuar con una labor que ha terminado por convertir a Euskadi en un referente en materia de memoria. Un oasis en medio de los retrocesos ultras que se han puesto en marcha ya en Castilla y León, Aragón o Comunitat Valenciana.
"Aquí nadie es capaz de plantear una igualdad entre quienes combatieron el golpe de Estado de 1936 y quienes lo dieron, a diferencia de lo que hacen los Gobiernos del PP y Vox en otras zonas del Estado", dice con firmeza Garai. Allí, la principal fuerza conservadora, el PNV, lleva años desarrollando políticas de memoria. Y la representación de las formaciones lideradas por Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal es testimonial. En los últimos comicios, siete escaños en el Parlamento vasco de un total de 75. Y no parece, según las encuestas, que vayan a mejorar mucho sus resultados en los comicios del próximo 21 de abril.
Antes incluso de que existiese ninguna ley estatal, Euskadi ya era un lugar con memoria. Desde comienzos de siglo, se ha trabajado sin descanso en suelo vasco para rescatar del olvido a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista. Un camino que las asociaciones no han recorrido solas. Las instituciones también se han volcado desde el primer momento en esta labor democrática. Y sin necesidad de una normativa memorialista propia, que no se aprobó hasta el pasado mes de septiembre. De ahí que este territorio siempre haya estado a la vanguardia en la materia. En veinte años, se han exhumado cerca de medio centenar de fosas por toda la región. Y se han retirado o resignificado más de un millar y medio de vestigios franquistas. "En el pueblo vasco existe consenso alrededor de la recuperación de la memoria", afirman categóricamente los propios colectivos locales.